Los chalés en suelo rústico para millonarios devoran Mallorca

El consumo de territorio es imparable. Mallorca, constantemente amenazada desde hace décadas por el ladrillo y el asfalto, ha visto incrementar de forma desbocada el número de chalets construidos en los últimos años en suelo rústico. La situación alcanza tales dimensiones que los ecologistas alertan de que la isla acabe convirtiéndose en “una sola ciudad” o “un enorme suburbio” en el que apenas queden sin edificar algunos espacios naturales fragmentados y sometidos a una presión humana aún mayor que la que soporta en la actualidad la mayor de las Balears.

Durante los últimos años, las entidades ecologistas alertan de la situación insostenible a la que hace frente el archipiélago, sumado a una masificación turística que cada temporada roza límites extremos y a un imparable crecimiento poblacional con serias repercusiones en materia sanitaria, educativa y de vivienda, así como sobre el consumo de energía y de agua. Precisamente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba este lunes que Balears es, junto a la Comunitat Valenciana, la región donde más aumentará la población en los próximos 15 años, al pasar de los 1.232.014 habitantes a los 1.466.657 previstos en 2039. El impacto del desarrollo turístico y la actividad humana en las islas ha causado además un acelerado proceso de degradación que prevé agravarse en las próximas décadas fruto del impacto del cambio climático.

En este contexto, la entidad ecologista Terraferida ha dado a conocer un nuevo informe que revela que, entre 2015 y 2023, se han construido o aprobado un total de 2.943 chalés, lo que supone un incremento del 263% respecto al anterior estudio elaborado por la plataforma. El mismo periodo ha dejado, asimismo, un legado de 1.260 licencias más aprobadas que todavía no se habían ejecutado en 2023. Desde Terraferida señalan, además, que el 42% de las licencias concedidas corresponden a agrupaciones de parcelas que, por separado, carecerían de la superficie mínima requerida para edificar y que en la mayor parte del suelo rústico asciende a los 14.000 metros cuadrados.

Fuente:
Terraferida

Parcelas por más de dos millones de euros

Un vistazo al portal inmobiliario Idealista permite comprobar cómo se promocionan varios terrenos rústicos en los que se publicita la posibilidad de construir chalet con piscina, algunos de ellos por cantidades que alcanzan las siete cifras. Uno de ellos, de 14.500 metros y ubicado a las afueras del municipio de Montuïri, se vende por 1,8 millones de euros. En él, como indica el anuncio, se va a construir “un exclusivo chalet que ofrece vistas panorámicas inigualables que se extienden desde el encantador pueblo hasta la preciosa Serra de Tramuntana”. Otra de las parcelas, con “ubicación privilegiada” en Felanitx, se promociona por 1,2 millones y, según el anuncio, “garantiza tranquilidad y privacidad, mientras que su potencial edificable, permitiendo construir hasta dos casas, se convierte en un lienzo en blanco para hacer realidad tu nuevo hogar”.

Asimismo, a las afueras de Marratxí, se promociona un chalet recién construido con piscina en una finca rústica de 22.644 metros cuadrados. Se trata de un proyecto de obra nueva que, por 2,3 millones de euros, “ofrece una combinación perfecta de lujo y naturaleza”. A dos kilómetros de Lloret de Vistalegre y con una extensión de 14.700 metros cuadrados, otra parcela se vende por 260.000 euros. “Aunque no cuenta con agua ni luz en la parcela, es ideal para construir una vivienda unifamiliar aislada con piscina”, señala el vendedor, que ofrece “una oportunidad única para crear la casa de tus sueños en un entorno rural tranquilo y con vistas impresionantes”.

Agrupación de parcelas para esquivar la Ley

Terraferida ha llevado a cabo un recuento de las parcelas edificables que había en 2018: en total, 11.200, sin incluir la posibilidad de que las fincas pudieran agruparse. Aplicando este criterio de aglutinar los terrenos, el recuento ascendería a unas 19.300, a lo que se añade el hecho de que, con el nuevo Decreto Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa, podrían llegar a construirse otras 1.300 viviendas dentro de zonas inundables o con riesgo de incendios.

En concreto, el Decreto-Ley 3/2024 fue aprobado el pasado 24 de mayo por el actual Govern del PP y, con su aprobación, se modifican más de 50 leyes en sentido contrario a las medidas anunciadas por los populares en otras instituciones con el objetivo de reducir la masificación turística en Balears, como la disminución de las plazas turísticas en Mallorca o la prohibición de nuevos alquileres turísticos en Palma. Entre las entidades más críticas con la nueva normativa se encuentra el Grupo de Ornitología Balear (GOB), que advierte de que con este decreto “habrá consecuencias graves para la protección de los recursos naturales y del suelo” en las islas.

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Terraferida

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Terraferida

En lo que se refiere a la protección del territorio, el Decreto-Ley incluye una amnistía urbanística que permite la legalización de construcciones ilegales en suelo rústico (es decir, reformas sin licencia o de forma irregular ejecutadas en casas de campo). La disposición adicional séptima de la norma especifica que, cuando ya no sea posible adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, se podrán legalizar con carácter extraordinario en el plazo máximo de tres años “sin que sean de aplicación las condiciones y los parámetros urbanísticos aplicables con carácter general en las edificaciones en suelo rústico, con todos los derechos y deberes inherentes a las obras realizadas con licencia”.

Ello incluye también aquellas edificaciones irregulares que se encuentren en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), es decir, en espacios protegidos. Ante las dudas que sobrevolaban acerca de que las viviendas regularizadas en suelo rústico en virtud del decreto de simplificación pudieran destinarse a alquiler vacacional pasados unos años, el Govern desechó finalmente este extremo.

Las consecuencias de la voracidad constructora

El nuevo informe de Terraferida apunta, asimismo, que la superficie ocupada por los chalés en los últimos ocho años duplica con creces la consumida por la industria fotovoltaica. En concreto, el número de hectáreas devoradas por estos inmuebles entre 2015 y 2023 se eleva a un mínimo de 581, sin contar, advierten los ecologistas, con el espacio que ocuparán otros 1.260 proyectos que ya disponen de licencia y aún se encuentran pendientes de ejecución. Unas cifras que contrastan con las relativas a las centrales fotovoltaicas, que durante el mismo periodo han consumido 251 hectáreas.

Desde la entidad consideran “muy preocupante” este proceso urbanizador no sólo por su dimensión, sino también por su “multitud de consecuencias”. En concreto, los ecologistas apuntan a una pérdida constante de explotaciones agrarias, a una mayor dependencia exterior de alimentos y materiales y a un empobrecimiento del paisaje y la biodiversidad. También, subrayan, supone un aumento de la capacidad de población que “ni siquiera se contempla en los planeamientos municipales ni en el Plan Territorial”, dispara el consumo de agua dado que todas las nuevas edificaciones en el campo tienen piscinas y jardines, y multiplica las necesidades de movilidad en coche privado y los viajes en avión debido a que, según Terraferida, las nuevas residencias van destinadas mayoritariamente a turismo residencial y al alquiler turístico.

“Ni qué decir tiene que toda esta nueva edificación requiere de cada vez más infraestructuras que, a su vez, suponen más ocupación y destrucción del territorio”, recriminan. A juicio de esta plataforma, sólo queda un camino para evitar la conversión de Mallorca “en una gran ciudad caótica y empobrecida”: la prohibición “total e inmediata” de edificar residencias en suelo rústico, como hizo Menorca en 2003. “La excepción mallorquina e ibicenca a esta norma (el suelo rústico es rústico) aboca a la balear mayor y las Pitiüsas a un proceso de degradación acelerado y de consecuencias históricas e irreparables con la complicidad absoluta de todo el arco parlamentario que, en la pasada legislatura, acordó unánimemente mantener la parcela mínima edificable en 14.000 m2 que, en la práctica, supone la construcción de un chalet con su corolario de piscinas, pistas y jardines cada cien metros lineales”, sentencian.