El firmado entre el PSOE y PP el pasado junio para la renovación del tenía una cláusula que hasta ahora era secreta. Ambos partidos acordaron que, por primera vez en la historia, ellos no pondrían el nombre de la persona que iba dirigir la institución. Pero sí pactaron que los veinte vocales —diez progresistas y diez conservadores— debían ponerse de acuerdo sobre la base de tres condiciones: que fuera mujer, progresista y magistrada del Tribunal Supremo.