Reclutar mano de obra fuera de nuestras fronteras sin ofrecer las herramientas adecuadas para que las personas que se encuentran sin trabajo –sin importar nacionalidad, procedencia o situación administrativa– accedan a empleos dignos solo contribuye a la precariedad y la explotación
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El debate sobre la inmigración en España sigue siendo uno de los temas más delicados y relevantes del panorama político y social. No se trata solo de una cuestión económica o de convivencia, sino que implica aspectos morales y humanitarios que no deben ser ignorados. La cuestión ha recabado también la preocupación del Papa Francisco, quien ha condenado enérgicamente el trato que reciben las personas inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo. El Pontífice ha enfatizado la obligación que tienen los países, especialmente aquellos con mayor estabilidad económica, de acoger personas, particularmente a los menores no acompañados. Esta es una cuestión que va más allá de los simples números o las dinámicas del mercado laboral; es una cuestión de humanidad.
La acogida de las personas inmigrantes no es una opción política que pueda debatirse bajo términos meramente pragmáticos. Las personas que huyen de guerras, violencia o situaciones de extrema pobreza merecen ser amparadas y protegidas. España, país históricamente de emigración, tiene el deber moral de ofrecer un refugio seguro, de manera que puedan tener una oportunidad real de vivir dignamente y prosperar. Lamine Yamal o Nico Willians son un claro ejemplo de lo que puede terminar enriqueciendo a la propia sociedad española el acogimiento de aquellos que vienen en busca de una esperanza de vida.