La Sala de lo Penal acumula varias querellas interpuestas contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y pide un informe al Ministerio Público para dejar la decisión de su imputación en manos de un tribunal que presidirá Manuel Marchena y tendrá a Susana Polo como ponente
Archivo – El Tribunal Superior de Madrid pide al Supremo que impute al fiscal general por la querella de la pareja de Ayuso
El Tribunal Supremo ha preguntado a la Fiscalía si debe abrir una causa penal contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos en las diligencias abiertas contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los jueces unifican las querellas y denuncias que han recibido contra él, no solo la exposición razonada del Tribunal Superior de Madrid a raíz de la querella del propio Alberto González Amador, y pide un informe a la Fiscalía, que en los últimos meses se ha mostrado en contra de que existiera revelación de secretos en un comunicado con el que pretendía desmentir diversos bulos sobre el caso.
La decisión sobre imputar o no al fiscal general estará en manos de un tribunal de cinco magistrados presidido por Manuel Marchena y con Susana Polo como ponente, además de Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. Además de la exposición razonada procedente del TSJM los jueces también estudiarán una querella de Manos Limpias y de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, de la que forman parte entre otros Alejo Vidal-Quadras, el diputado del PP en Madrid Daniel Portero, el exministro Jaime Mayor Oreja y Fernando Savater.
El Tribunal Superior de Madrid dejó la causa en manos de la Sala de lo Penal del Supremo el pasado mes de julio, cuando el juez instructor elevó una exposición razonada apuntando a la necesidad de imputar a García Ortiz como máximo responsable del comunicado. “La cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”, explicaba el auto con el que el TSJM dejaba el futuro procesal del fiscal general en manos de la sala que preside Manuel Marchena en el Supremo.
La causa arrancó en el tribunal madrileño después de que Alberto González Amador denunciara que un comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid en torno a su caso había revelado datos confidenciales de las conversaciones que su defensa y el Ministerio Público habían mantenido para llegar a un posible pacto. El Ministerio Público siempre ha defendido que el comunicado no reveló ningún dato desconocido para la opinión pública y que su objetivo era desmentir bulos e informaciones falsas que varios medios habían difundido en horas anteriores, dando a entender que el posible pacto entre González Amador y la Fiscalía se había truncado por órdenes de la cúpula fiscal.