Después de años pidiendo los traslados de menores migrantes desde Canarias sin lograr una solución, con una red de acogida colapsada y tras el , el Ejecutivo canario lanzó un órdago al Estado la semana pasada. Ante la saturación de sus instalaciones, su Consejo de Gobierno acordó que a no ser que el Gobierno autonómico indicase lo contrario. Han pasado los días y, en la práctica, Canarias ha seguido atendiendo a los chavales extranjeros recién llegados, pero el texto aprobado ha alertado a la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. La ONG teme sus posibles consecuencias sobre la infancia migrante, así como una posible réplica de la estrategia en otros gobiernos autonómicos, por lo que ha llevado el acuerdo a los tribunales por una supuesta vulneración de derechos fundamentales.