Es posible que la decisión de apoyar a Edmundo González responda a la necesidad del PNV de no distanciarse de la importante colonia nacionalista vasca que desde hace más de un siglo existe en Venezuela y que en más de una ocasión en el pasado ha sido decisiva incluso para la supervivencia del partido. Pero votar junto con el PP supera el marco de esas razones
La decisión del PNV de votar con el PP por el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas es el hecho más relevante de la loca crónica política española de las últimas semanas. No tanto por sus posibles consecuencias diplomáticas, que pueden quedar en poco y que serían asumibles incluso si fueran más allá, sino porque es una seria advertencia en términos de política española. El PNV ha venido a decir que un día, si se dan las circunstancias para ello, podría perfectamente unirse a la derecha para echar a Sánchez del Gobierno. Juntos tienen los votos para ello.
El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en Madrid, Aitor Esteban, ha declarado este jueves que eso no va a ocurrir en un horizonte previsible. Que el pacto con el PSOE se mantiene intacto. “Mientras cumplan lo acordado, ahí estaremos”, ha dicho. Pero ni a él ni a los máximos dirigentes de su partido, que suelen ser gente seria, debe habérseles escapado que su voto con el PP transmitía un mensaje que necesariamente tenía que causar mucha inquietud en La Moncloa.
Es posible que la decisión de apoyar a Edmundo González responda a la necesidad del PNV de no distanciarse de la importante colonia nacionalista vasca que desde hace más de un siglo existe en Venezuela y que en más de una ocasión en el pasado ha sido decisiva incluso para la supervivencia del partido. Pero votar junto con el PP supera el marco de esas razones. Sobre todo, porque hasta ahora se creía que frente al alejamiento de los catalanes de Junts y los problemas que Sánchez ha tenido y puede que vaya a tener con Esquerra, el pacto con los nacionalistas vascos era firme como una roca.
Ahora resulta que eso no está totalmente garantizado. Lo cual añade un nuevo elemento de incertidumbre a las ya complejas perspectivas políticas y, sobre todo, al trabajo que Pedro Sánchez tendrá que hacer para prolongar la legislatura y retrasar lo máximo posible la convocatoria de elecciones generales.
Aunque nunca se sabe, lo normal sería que la supervivencia del Gobierno no fuera puesta en cuestión cuando menos hasta que llegara la próxima primavera. Eso no quiere decir que el PP vaya a cejar en su desaforada campaña de desgaste, que cada semana o diez días no vaya a lanzarse a descalificar cualquier iniciativa del Gobierno como si fueran atentados contra la esencia misma de España.
Aunque esa batalla dure justo eso, una semana o diez días, para quedar luego olvidada. Como le ha pasado a la denuncia del horror que suponía el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España -anulada el día que todos los grandes bancos lo apoyaron sin reservas- o los furibundos ataques contra la amnistía. Que terminará agotándose en sí misma por mucho que se empeñe el juez Pablo Llarena con su débil argumento de que Puigdemont y los suyos se enriquecieron con el referéndum. Otro asunto que podría caducar en breve es el de las acusaciones a Begoña Gómez, la esposa del presidente: la Audiencia Provincial de Madrid acaba de reclamar al juez Peinado toda la causa y más de un experto cree que eso es la antesala del archivo del asunto.
Más allá de eso, en los próximos seis o siete meses -quién sabe si más-, el tiempo político estará marcado por los congresos del PSOE y de los dos partidos independentistas catalanes, los tres previstos para el mes de noviembre.
Por lo poco que se sabe hasta ahora, el de los socialistas debería servir para reforzar el poder interno de Sánchez y para renovar unas cuantas direcciones regionales del partido con el fin de mejorar sus posiciones en las futuras elecciones autonómicas. Ambas tareas ocuparán durante bastantes semanas, antes y después del congreso mismo, las energías y el tiempo de buena parte de la organización socialista. Es muy probable que ello lleva a posponer los esfuerzos para aprobar un nuevo presupuesto, otro de los grandes desafíos del gobierno, hasta los primeros meses del año que viene.
Entre otras cosas porque la suerte de ese presupuesto depende también del resultado de los congresos tanto de Junts como de Esquerra Republicana. En lo que se refiere a a su orientación en política española y también en lo relativo a la situación interna en que queden ambos partidos tras el debate congresual que se prevé intenso y tal vez termine siendo explosivo. Particularmente en el caso de Esquerra que ya mismo está que arde. Salvador Illa es el primer interesado en que el devenir de este partido no ponga en cuestión el apoyo que hoy presta a su presidencia.
A principios del año que viene todas esas incógnitas estarán más o menos aclaradas. Y será momento de hacer balance. Lo tendrá que hacer el Gobierno. Lo mismo que la oposición. Y también el PNV.