La Comunidad de Madrid levantó al menos ocho centros sin contrato y sin expediente
Las claves del escándalo de FP que acecha al Gobierno de Ayuso: contratos fantasma, facturas troceadas y orden de guardar silencio
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha anunciado esta mañana en el debate del estado de la región que solicitará una comisión de investigación por el fraccionamiento de contratos para la construcción de centros de Formación Profesional por parte de la Comunidad de Madrid. “Lo que ha sucedido con la contratación en los centros de FP no se puede consentir. En esta asamblea pediremos una comisión de investigación para analizar qué ha pasado con la construcción de los centros de FP con contratos fraccionados, presumiblemente incumpliendo la normativa de contratación”, ha anunciado.
La Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso construyó al menos ocho centros de FP y Formación de Profesorado sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico. Al menos dos de los casos han sido enviados a la Fiscalía ante los indicios de que pueda haber delito de corrupción o prevaricación.
El modus operandi se saltó la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que obliga a sacar a concurso público las obras de más de 40.000 euros. Esto supone un proceso largo y lleno de garantías en el que se redacta un pliego de condiciones del contrato, un pliego de características técnicas y una mesa de contratación decide cuál es la oferta más conveniente. Todo esto se obvió y las dos obras del Gobierno de Ayuso se hicieron bajo el radar del sistema y fueron encargadas a dedo.
El primer caso que se conoció fue el Ciudad Escolar. Allí se levantó un hospital escuela para que los alumnos de la rama de FP sanitaria hicieran prácticas con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Uno de sus directores señaló a elDiario.es que simplemente hicieron lo que les pedían desde arriba: “Seguimos las órdenes de la Dirección General”. Al año siguiente se empezó a construir la Escuela de Arte Alcalá con el mismo sistema de pago para abonar 1,2 millones de euros.
Después de estos casos, elDiario.es ha desvelado reformas ilegales en otros cinco centros. También se construyó con este sistema ilegal y opaco uno de los proyectos estrella postpandemia de la presidenta de la Comunidad: el centro de FP a distancia Ignacio Ellacuría.
El actual consejero de Educación, Emilio Viciana, envió este caso de fraccionamiento de contratos a la Fiscalía que afecta a los años 2021, 2022 y 2023, cuando era consejero Enrique Ossorio (actualmente presidente de la Asamblea). Su número dos era Rocío Albert, hoy consejera de Economía y Hacienda. El PSOE de Madrid también ha denunciado el caso desvelado por elDiario.es a la Fiscalía y Más Madrid pidió en julio la comparecencia de Viciana, que no se produjo porque la bloqueó el PP, que tiene mayoría en la Cámara.