El organismo se reafirma ante sus empleados en que el archivo judicial del caso de Mari Carmen, que había denunciado acoso sexual, «implicó que el CSIC tuviera que desistir» del expediente y les explica las nuevas medidas que incluye el protocolo actualizado tras lo sucedido
Sin noticias de Carmen un año después de desaparecer en un barco del CSIC: “Me sentía inferior, estaba siendo acosada”
El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se reafirma ante sus empleados en su gestión del caso de Mari Carmen Fernández, la mujer que trabajaba como camarera en uno de sus barcos y que hace justo un año desapareció en altamar tras activar el protocolo contra el acoso sexual por los hechos que había sufrido por parte de un compañero. Lo hace en una nota interna a la que ha tenido acceso elDiario.es que ha remitido a sus trabajadores después de la emisión este domingo del programa de Salvados sobre el tema. El comunicado insiste en que “el contenido del auto de sobreseimiento” del caso dictado en los juzgados “implicó que el CSIC tuviera que desistir del caso de acoso”.
En su momento, el organismo instruyó el expediente tras la denuncia de Mari Carmen y lo elevó al juzgado, donde se cerró en falso, algo que paralizó para siempre el expediente laboral. Después, cuando ella se incorporó al trabajo tras una baja por depresión, se reencontró con su acosador, se embarcó en el buque García del Cid para empezar una misión y nunca regresó. Su desaparición fue investigada, pero se archivó como suicidio. Su abogado, sindicatos y familia, creen que podría haberse hecho más: tanto judicialmente como el propio CSIC.
La institución, por su parte, asegura que la mujer y su familia “recibieron distintos tipos de apoyo psicosocial durante este largo proceso comenzado en 2019”, afirma en la nota interna, en la que afirma haber recibido “con gran preocupación y pesar la noticia de la desaparición” de Mari Carmen: “Sigue desaparecida y no existen palabras suficientes para describir el desconsuelo y dolor que sentimos por esta causa”, expone ante sus trabajadores.
El CSIC también justifica en el texto su negativa a realizar declaraciones públicas sobre el caso, más allá de comunicarse con algunos medios de comunicación “para pedir la rectificación de algunas informaciones”. Fue “una decisión”, afirma, tomada al considerar “prudente esperar a las conclusiones de la investigación llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las resoluciones judiciales” de un caso que califica de “especialmente complejo”.
También aduce otra explicación: que “debe preservar la intimidad de nuestra compañera y de su familia y garantizar el cumplimiento del deber legal de confidencialidad” lo que, a su juicio, “limita el detalle de las informaciones” que la institución ha podido dar públicamente, expone el comunicado, en el que se reafirma en que el organismo “ha colaborado con las autoridades competentes y respondido a las preguntas parlamentaras” sobre el caso.
12 casos en cinco años
La institución comienza la nota interna calificando de “inadmisible” el acoso contra “cualquiera de las 15.000 personas que trabajan en la institución” y asegurando que el acoso sexual contra las mujeres “es una forma de violencia y discriminación que atenta contra su dignidad, su salud y sus derechos”. Además, defiende que ante este tipo de casos, “ha trabajado y continúa haciéndolo en la implementación de medidas” que detalla al final del comunicado.
En ese apartado explica que cuenta con protocolos frente al acoso sexual desde 2013 y que el último fue actualizado en abril de 2024, incluyendo “diez mejoras fundamentales” de las que ha recibido información “todo el personal”. El CSIC notifica a sus trabajadores que ha activado el protocolo por denuncias de este tipo en 12 ocasiones en los últimos cinco años y hasta diciembre de 2023, aunque no especifica en qué han quedado.
Entre las últimas incorporaciones al protocolo están la obligación de comunicar posibles situaciones de acoso por parte de mandos intermedios y comités de igualdad “para evitar una posible infranotificación” de casos, la creación de una unidad para promover un entorno “sano y seguro” y dos que conciernen específicamente al caso de Mari Carmen: “la posibilidad de continuar con la vía administrativa en la investigación y penalización aunque se agote la vía judicial” –lo que precisamente el CSIC afirma no haber poder hecho en el caso– y la incorporación de “medidas específicas” en lugares que impliquen larga convivencia como los barcos.
Además, en julio de 2024, el organismo “promovió” un protocolo con otras instituciones públicas con el objetivo de “colaborar” y constituir un mecanismo “de alerta temprana” para poder intervenir en casos en los que el acoso se haya producido en buques que pueden no pertenecer al CSIC o no afecten a su personal “debido a que el CSIC ha tenido noticia” recientemente de algunas de estas situaciones “aparecidas en medios de comunicación”.