La derecha política y mediática recelan del plan de regeneración que aprobará hoy el Gobierno y que transita hacia lo que la UE considera esencial respecto a los medios de comunicación: que los lectores sean conscientes de qué intereses pueden estar detrás de la información y de la obligatoriedad de declarar la publicidad institucional.
Está el PP como para dar lecciones sobre transparencia. O sobre libertad de expresión. O sobre pluralismo en las televisiones públicas allá donde gobierna. O sobre el significado del reparto ecuánime de la publicidad institucional. Lo de comprar medios y periodistas lo lleva en el ADN. Aparecen algunas pistas al respecto en varios sumarios judiciales de los últimos lustros.
Dato: sólo en el ejercicio 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy repartió 37,7 millones de euros en campañas gubernamentales y jamás dio una explicación de cuáles fueron los criterios empleados para el reparto.
Dato: 45 millones es la cantidad que Alberto Núñez Feijóo destinó siendo presidente de la Xunta a las empresas editoras de medios de comunicación privados. El método: ayudas directas (lo que se conoce por contratos a dedo) y convenios opacos de propaganda institucional
Dato: El 60% de la publicidad en prensa que repartió la Comunidad de Madrid, entre 2011 y 2015, con Esperanza Aguirre e Ignacio González de presidentes, recayó en el diario La Razón. El 48% de los anuncios en radio fueron a parar en una misma emisora, Intereconomía. Ambos tienen audiencias muy por debajo de la media de sus competidores.
Dato: sólo el Canal de Isabel II, empresa pública regional, gastó 55 millones de euros en propaganda entre 2006 y 2015.
Dato: Ayuso gastó al menos 41,5 millones de euros en las campañas publicitarias contratadas entre 2022 y 2023. Que “tiene a todos los medios comprados” es una acusación que no viene de la izquierda, sino de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.
Ya saben aquello de que “no necesitas comprar a un medio de comunicación, basta con que seas su mejor cliente” que acuñó MAR antaño y lleva todavía hoy a rajatabla. Las astracanadas de la reina de Sol no ocuparían medio minuto en las escaletas de las televisiones o radios ni en los titulares de la prensa si no fuera por la lluvia de millones que reparte entre los amigos.
Pues pese al historial que acumula el PP en esta materia y en el señalamiento y las amenazas contra periodistas y medios que no ven blanco lo que a todas luces es negro, prepárense esta semana para leer y escuchar todo tipo de críticas al plan de regeneración que el Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros. No es más que el desarrollo del reglamento aprobado en la UE para conocer la propiedad de las empresas de comunicación, establecer criterios de transparencia en el reparto de ayudas públicas y poner coto a la difusión de bulos.
Aunque el PP lo apoyó en Europa, en España no tiene intención de votar en consecuencia. Ya dijeron que era una treta de Sánchez para volver a los tiempos de la “censura”, del “mayor ataque a la libertad de información”, “otra milonga” y un intento de “castigar por ley a los medios que informan sobre la presunta corrupción que le salpica”.
La derecha no parece estar por la labor de transitar hacia lo que la UE considera esencial, y es que los lectores, oyentes o espectadores sean conscientes de qué intereses pueden estar detrás de la información que reciben. Y también es renuente a la obligatoriedad de declarar la publicidad institucional que perciben los medios, algo que a la UE le inquieta sobremanera y que pretende evitar que se reparta dinero público de forma “discriminatoria” o que se use por parte de los gobiernos para comprar voluntades. Por algo será.
Y lo peor es que contará para su feroz oposición con la compañía de algunas de sus terminales mediáticas y, por supuesto, de los mayores difusores de bulos del país. A todos ellos se les llena la boca a la hora de exigir transparencia en la actividad y los recursos de las instituciones públicas, los gobiernos, los partidos y los diputados, pero cuando se trata de ellos mismos, no están dispuestos a salir de la negritud. No les importa que el periodismo, como la democracia, también muere en la oscuridad porque más que a la búsqueda de la información veraz se dedican a otras cosas. Por ejemplo, dar pábulo a hechos alternativos como forma de engaño, a la ocultación de la verdad, la fabricación de fake news y el señalamiento de los más débiles, por ejemplo de los inmigrantes, que es lo que les ocupa ahora.