Los auditores de la UE detectan deficiencias en la implantación de la nueva tasa relacionadas con la comparabilidad y fiabilidad de los datos, además de un retraso en la aplicación en la mayoría de estados miembros
Éxito de recaudación del impuesto al plástico
La UE recaudó 7.200 millones de euros en 2023 a partir del nuevo impuesto a los envases de plástico no reciclado. La nueva tasa se creó en 2021 para contribuir a la mejora medioambiental, pero también para conseguir ingresos extra para el reembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que financió la salida de la crisis de la pandemia. El Tribunal de Cuentas de la UE detecta, eso sí, deficiencias en la “comparabilidad y la fiabilidad” de los datos recopilados por la Comisión Europea, así como una lenta implantación de la figura impositiva.
Los 7.200 millones ingresados por el impuesto a los envases de plástico no reciclado supusieron en 2023 un 4% del total del presupuesto comunitario, que se nutre fundamentalmente de las contribuciones directas de los países de la UE a partir de su renta nacional bruta (ascendieron a 97.700 millones ese año), de los derechos de aduana (22.100 millones) y las contribuciones basadas en el impuesto sobre el IVA recaudado por los estados miembros (22.500 millones).
El nuevo impuesto comenzó a aplicarse en la UE en 2021 para hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia y fue el primer cambio en la financiación comunitaria en décadas. También perseguía incentivar la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, fomentar el reciclado e impulsar la economía circular.
La implantación de la tasa no ha estado exenta de problemas. Los auditores de la UE destacan que los países “no estaban suficientemente preparados” para la introducción de un nuevo recurso propio. De hecho, cuando la directiva entró en vigor sólo cinco estados miembros habían adecuado su legislación y se iniciaron 22 procedimientos de infracción.
“En el primer año de aplicación, el recurso propio basado en el plástico previsto presentó un déficit de recaudación de 1.100 millones de euros y hubo que compensarlo mediante las contribuciones basadas en la renta nacional bruta para equilibrar el presupuesto de la UE”, señala el informe publicado este lunes.
En el caso de España, el impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2023 tras haberse aprobado a través de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en 2022. A pesar de las quejas del gran consumo justo antes de que comenzara a aplicarse (dado que afecta a las empresas), fue un éxito de recaudación en 2023.
Según los datos de los auditores, en 2021, se generaron en España 1.770,6 millones de kilos de residuos procedentes de envases de plástico de los cuales 808,4 millones eran reciclados. La tasa de reciclado era, por tanto, del 46%, ligeramente superior a la media europea (41%). Bulgaria y Eslovaquia lideraban la tasa de reciclado por encima del 60% mientras que a la cola estaban Malta (21%), Francia y Dinamarca (ambos con el 23%).
Entre las deficiencias que señalan los auditores están los “diferentes métodos de recopilación” en los estados miembros. “Debido a la falta de controles adecuados, el riesgo de que algunos residuos de envases de plástico realmente no se reciclen es elevado”, denuncia el Tribunal de Cuentas, que apremia a la Comisión Europea a mejorar los sistemas de control.
Igualmente, los auditores destacan los fallos en el cálculo de estimaciones de los envases de plástico. “La mayoría de los Estados miembros (22) preveían una cantidad inferior a la que se calculó con los datos definitivos. En nueve Estados miembros, la discrepancia con las cifras de los estados anuales fue del 25% o superior, y en dos casos superó el 50%”, recoge el informe, que apunta a que España preveía 766 millones de kilos y que finalmente ascendieron a 962 millones.
Los auditores también se hacen eco de las actividades delictivas que se han detectado en relación con los residuos, como la red que traficaba con desechos procedentes de Francia que iban a parar a un vertedero en España (más de 30.000 toneladas) y que fue desarticulada en una operación conjunta de las autoridades de ambos países en 2022. En Rumanía también se identificó a una banda que declaraba como reciclados residuos ficticios para obtener beneficios financieros. “El grupo presentaba facturas falsas para demostrar que los residuos se habían vendido o entregado a varias empresas de reciclado o recolectores”, explica el texto.