El caso de Manu Tenorio y las campañas contra los ‘okupas’: una alarma social que no sostienen los datos

A finales de agosto, mientras una parte del país, la más afortunada, estaba de vacaciones, tal vez con miedo a que a la vuelta su vivienda habitual estuviera invadida y con la cerradura cambiada, Jorge Javier Vázquez visitaba a Ana Rosa Quintana en su programa. Él, en tono dicharachero y con media sonrisa, le hacía una petición a la conductora de TardeAR: “Lo digo por mi madre, que lo está sufriendo mucho. Que una vez a la semana no hables de okupas, que tiene miedo de salir a la calle por ti”, le espetó. “Lo que tiene que hacer es manifestarse para que cambie la ley”, respondió la otrora reina de las mañanas.

Pero lo cierto es que, pese a la sobreexposición de casos de supuesta ocupación en magazines y ciertos medios de comunicación, no hay en las calles un clamor social permanente, pese a que te quiten la casa parece un buen motivo para que la gente salga a manifestarse de forma asidua, como ha ocurrido en San Fernando de Henares con las familias a las que la Comunidad de Madrid dejó sin hogar por las obras de la línea 7b de Metro.

Esta semana, varios programas de televisión volvían a hacerse eco de un caso particular y mediático. El cantante Manu Tenorio lamentaba en un programa de televisión que su hijo no había podido conocer Sanlúcar porque unos supuestos ‘inquiokupas’ llevaban más de un año en una vivienda de su propiedad sin pagarle el alquiler. Ellos contestaron que estaba ingresando la renta en Hacienda, con quien él tendría una deuda. Y después varios tuits del cantante, de los que se desprende primero que el contrato caducó hace un año y, después, que nunca existió. “Es un moroso que está alentando el falso discurso de la okupación”, se sumó a la polémica la portavoz estatal de Podemos, María Teresa Pérez.

El pasado miércoles, en una interpelación del grupo parlamentario de Vox, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cifraba el riesgo de ocupación en España. “Es de menos del 0.06%”, cuantificó, en base a los 16.765 hechos conocidos de allanamiento y usurpación de inmuebles, sobre un parque total de 20,9 millones de viviendas. Puso un ejemplo práctico: “¿Creen que si de verdad existiera un riesgo real de ocupación existirían aseguradoras que nos están ofreciendo un precio de cobertura por 12 o 24 euros? ¿Dónde está el negocio?”. Esto, mientras la Policía Nacional indica en su web que “la instalación de un sistema de alarma es un buen elemento disuasorio”.

“La casuística que tenemos en los juzgados no se corresponde con la alarma que se ha generado, donde está claro que hay un interés ideológico”, considera el juez de instrucción Diego Álvarez, que pide no restar importancia al problema, pero tampoco exagerarlo “para vender una imagen que no existe”: “No vivimos en un país donde te vas de vacaciones, a comprar el pan o a sacar al perro y te ocupan la casa”.

Para entender el batiburrillo de conceptos que se mezclan, como si fueran una única cosa, hay que tener claras ciertas definiciones. “Lo más importante es diferenciar un delito de allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles de los impagos de alquiler, que van por la vía civil”, señala el juez, que recuerda que “un inquilino de un piso alquilado nunca es un ocupa”.

¿Y si deja de pagar? “Se inicia un procedimiento de desahucio por impago de rentas por la vía civil. En función de lo atascado que esté el juzgado, será más o menos ágil. Ahí entran las normas de vulnerabilidad, porque no es lo mismo que un inquilino no pague porque no pueda a porque no quiera, pero esto afecta a grandes tenedores”, explica Álvarez. Según un análisis del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), los caseros “constituyen una pequeña minoría de la población”, de entre un 3 y un 9% y, de ellos, los que tienen una única vivienda alquilada constituyen solo el 38,7% del mercado.

“Se comete el error de representar a todos los caseros que poseen múltiples viviendas en alquiler como si fueran un casero ”particular“ que tiene una sola vivienda alquilada. El resultado es una distorsión de la realidad (…) que propaga el imaginario del casero vulnerable”, indica el estudio. “Una persona vulnerable, que esté alquilando una casa, es prácticamente inexistente. Es una situación que se magnifica para que haya una mayoría social preocupada por un problema que no existe”, añade la portavoz del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, Marina Parés.

Los datos también desmienten que sea “imposible echarles”, un mantra que se repite. “Se ha hecho un pacto para dar bombo a gente que te dice que alguien ha entrado en su casa y lleva meses intentando echarles. Aquí tenemos que pensar en tienen varias propiedades e inquilinos con un contrato que no pueden seguir pagando”, advierte Parés. Según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, la medidas que se tomaron tras la pandemia para impedir los desahucios de personas vulnerables redujeron los lanzamientos. Aún así, en 2023, casi 20.000 familias se quedaron en la calle por un incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos y otras 5.260 por no poder pagar la hipoteca.

Y después están los allanamientos y las usurpaciones de uso. El primer caso es un delito grave: una persona entra en una casa habitada con la intención de quedarse en ella. “En mi partido judicial podemos tener uno o ningún caso al año. No es rentable, criminalmente hablando, porque cuando alguien comete un delito intenta sustraerse del efecto de la justicia y aquí te van a pillar en cuanto lleguen a casa. En ese caso, llamas a la policía, los detienen y te devuelven tu casa en el acto. Tardas en echarlos lo que tarde en llegar la policía”, tranquiliza Diego Álvarez.

“Se está vendiendo como okupación una cosa que no lo es y que tampoco existe mucho. Si bajas a comprar el pan y cuando vuelves hay alguien en tu casa, es allanamiento de morada y esas personas son expulsadas ipso facto”, coincide Parés, que apunta que, de esta alarma, se benefician empresas se seguridad privada: “Están vendiendo alarmas a personas que son propietarias de su casa y ninguna más. Estas personas nunca van a sufrir una okupacion”.

La usurpación de un bien inmueble, que las estadísticas suman al allanamiento, es un delito leve y no protege tanto la propiedad como el uso. “Cuanto más intensa sea tu relación con la vivienda, más cerca estarás de allanamiento”, explica el juez, que aclara que “los ocupas suelen irse a casas que no están en uso”, como las que los bancos mantienen sin luz ni agua. “En esos casos, hay que ir por la vía civil en lugar de la penal”.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, estos casos no han parado de aumentar desde que hay registros, pero Álvarez indica que “una cosa es que aumenten las denuncias y otra, el resultado”. “Yo puedo ir todos los días a denunciar que me han robado el coche, pero cuando lo tramita el juzgado y ve que no me lo han robado, eso se archiva, aunque cuenta como denuncia puesta”, señala. “También hay muchas denuncias, incluso de grandes tenedores, que saben que debería ir por la vía civil, pero lo notifican para salvaguardar su responsabilidad civil”.

“Es importante que no abordemos el tema de la okupación como una cuestión aislada, sino en el contexto del problema de la vivienda”, apunta Perés. El precio de la vivienda se disparó un 7,8% en el segundo trimestre del año, lo que muestra su rentabilidad. Mientras impera el testimonio de caseros particulares arruinados, la caída de la rentabilidad que dan los bancos lleva a los inversores a especular con el alquiler. La renta declarada en el IRPF por alquilar viviendas y otras propiedades inmobiliarias ha aumentado un 70% desde 2007, el año previo al estallido de la gran recesión, y uno de cada cinco declarantes con rentras de entre 30.000 y 60.000 euros al año ingresa, de media, cerca de 800 euros por este concepto, que suben a medida que aumentan los ingresos.

Además, la ratio de ingresos de los arrendadores es hasta 2,58 veces superior a la de quienes alquilan, según el análisis ‘El Mercado del alquiler. Fuente de desigualdad’, elaborado pro el Grupo de Estudios Críticos Urbanos, que considera que el alquiler es “un potente mecanismo de amplificación y reproducción de la desigualdad socioeconómica”.

Para la portavoz del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, la brocha gorda sobre el problema de la vivienda y la amplificación de determinados discursos, principalmente desde la derecha y la extrema derecha, pero también la falta de políticas públicas de vivienda adecuadas, se enmarcan en una “ofensiva cultural contra la ocupación como el gran enemigo público, de la que sale perjudicada toda la gente inquilina que tiene problemas para pagar el alquiler”: “Es un problema de deshumanización brutal, que desvía el foco de la crisis de vivienda y porqué tanta gente no puede acceder a una digna y de calidad”.

Estos discursos legitiman, a su vez, hechos y actitudes concretas, en las calles y a la puerta de los hogares. “Nuestras compañeras son el objetivo de esta campaña mediática, las que están sufriendo el acoso de gente como Desokupa, que se presentan un día en tu casa, sin tener ningún problema, sin ni siquiera haber dejado de pagar el alquiler y de hacen un mobbing —acoso inmobiliario— increíble para que te vayas y poder utilizarlo para alquiler turístico o para sacarle mayor rentabilidad”, denuncia Parés.

No es casualidad que el discurso público haya cambiado en los últimos años. Basta con una búsqueda rápida en el medidor de tendencias de Google para comprobar como entre 2011 y 2015 predominaban las conversaciones sobre desahucios, con plataformas como la PAH en el foco, para después caer mientras se aupaban términos como Desokupa.