El texto del Plan de Acción por la Democracia que aprueba hoy el Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye una reforma del reglamento del Congreso para sancionar a diputados y partidos que oculten sus bienes y sus cuentas, así como una «reforma integral» de artículos del Código Penal relacionados con la libertad de expresión, como es el caso de las injurias a la corona o la ofensa a los sentimientos religiosos
El Gobierno aprobará este martes el plan de regeneración democrática comprometido por Pedro Sánchez
Un amplio paquete de reformas comprometidas en materias como la transparencia de los medios de comunicación o la protección de la libertad de expresión. El denominado Plan de Acción por la Democracia que aprueba hoy el Consejo de Ministros cumple con algunas antiguas demandas de la mayoría de socios parlamentarios e introduce cambios en la ley mordaza, en la ley de secretos oficiales o en el Código Penal en cuanto a la protección de la libertad de expresión, como el delito de injurias a instituciones del estado, una de las principales demandas de Sumar durante la negociación del texto con el PSOE en el seno de la coalición.
En el texto que hoy aprueba el Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso elDiario.es, el Gobierno se compromete, por ejemplo, a “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal.” Según fuentes de la negociación se trata de abordar, entre otros, el caso concreto de las injurias a la corona.
El Plan también incluye un amplio capítulo de medidas relacionadas con los medios de comunicación. Principalmente, en cuanto a su financiación y transparencia. De esta forma, se establece “la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”.
También se hace alusión a la “revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación”, así como a la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación. Relacionada también con los medios de comunicación y en la batería de propuestas para la “Promoción de una mayor calidad del debate público”, se plantea la reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas“.
(Noticia en ampliación)