La resistencia del PP a reformar la ley de extranjería para comprometerse unánimemente con la acogida de menores no acompañados, es muy similar a la que exhibe hoy el gobierno de coalición que lidera el ultraderechista Wilders en los Países Bajos
Levantar impedimentos burocráticos para impedir o ralentizar la acogida de menores, según ordena el Protocolo de Canarias, puede ser constitutivo de un delito de abandono y, por supuesto, es digno de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Retener en instancias policiales a más de 5300 niños no acompañados no es dejarlos a merced del Gobierno central sino desampararlos, más allá del maltrato administrativo al que se les somete después de esa travesía. Una custodia policial prolongada no puede ser la pila en la que una Comunidad Autónoma se acabe lavando las manos.
En el Pacto migratorio que salió adelante en Bruselas hace solo unos meses, se planteaban también mecanismos para dilatar la detención en frontera bajo la ficción de la no entrada. De aquellos polvos, estos lodos. Una tesis, tan fantasiosa como siniestra, según la cual quien no ha cruzado la frontera no ha llegado nunca y, como no existe, no puede ser objeto de protección legal alguna. Ideas kafkianas que, debidamente interpretadas y adaptadas, pueden dar lugar a decisiones administrativas tan irregulares como las que ha adoptado el gobierno de Canarias.
Los desvaríos del Partido Popular en la cuestión migratoria son profundamente preocupantes, por razones humanitarias, políticas y estratégicas. Discursos erráticos, propuestas dubitativas, contradicciones y decisiones suicidas.