El presidente Moreno responde a las denuncias de los interventores del Servicio Andaluz de Salud sobre el uso «indebido» de los contratos de emergencia, escudándose en el informe de otro órgano fiscalizador, relativo al ejercicio 2020, que censura lo mismo por la falta de «justificación» y de un marco legal en vigor
Los interventores de Andalucía censuran a la Junta por adjudicar a dedo 300 millones a empresas “sin justificación alguna”
El Gobierno andaluz recibió en diciembre de 2023 el informe definitivo “desfavorable” de los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre los contratos de emergencia en el ejercicio de 2021, denunciando el abuso en la contratación a dedo –sin publicidad ni concurrencia competitiva– “sin justificación alguna” y quebrantando aspectos claves de la legislación vigente.
La primera reacción del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno a la revelación de dicho informe por parte de este periódico fue remitirse a un informe posterior, el que presentó la Cámara de Cuentas en julio de 2024 sobre la fiscalización de los contratos tramitados por la Junta y sus entidades en el ejercicio 2020 vinculados a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
Sin embargo, ese segundo informe abunda en las advertencias que previamente hicieron los auditores del SAS, y censura también el uso sistemático de la contratación a emergencia cuando ni la evolución de la crisis sanitaria ni, sobre todo, el marco legal vigente en ese momento justificaban prorrogar la adjudicación a dedo de fondos públicos saltándose los controles habituales de fiscalización.
Se trata de un segundo informe que plantea “salvedades” a la actividad contractual de la Junta ese primer año de la pandemia pero, al contrario que la auditoría de la Intervención Central del SAS; concluye que “resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable”.
Una valoración que el Ejecutivo de Moreno dio por buena y a la que se ha aferrado para ignorar el informe previo de sus interventores. “La Cámara de Cuentas ha revisado esos contratos y no ha hablado en ningún momento de irregularidades. Eso ha quedado bastante claro”, ha insistido esta semana el presidente andaluz en una entrevista con El Mundo, al ser preguntado por el informe desfavorable de los interventores que apuntan a una vulneración de la ley en los contratos a dedos autorizados por el SAS en 2021, por un montante total de casi 300 millones de euros.
Hay diferencias y similitudes entre la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas –órgano fiscalizador de extracción parlamentaria– y la que previamente había hecho la Intervención Central del SAS, adscrita a la Consejería de Hacienda. El primero analiza fundamentalmente los contratos exprés de toda la Administración andaluza y sus entes adscritos en el ejercicio 2020; mientras el segundo se centra en el ejercicio 2021, y sólo examina los contratos de emergencia en el SAS.
Ni la evolución de la pandemia ni la legislación habilitada para agilizar la contratación de las administraciones públicas era la misma en 2020 que en 2021, de ahí que los interventores del SAS acusen a la Junta en su informe de servirse de un marco legal estatal “derogado” en mayo de 2021 para seguir prorrogando “sin justificación alguna” un sistema de contratación a dedo “de forma indebida”, cuando la pandemia ya estaba “muy atemperada”.
“Una defectuosa planificación”
Pero, en realidad, la Cámara de Cuentas ya había planteado el mismo escenario respecto a los contratos a dedo de la Junta en 2020, recomendando al Ejecutivo andaluz volver paulatinamente a un sistema de contratación en abierto, con publicidad y concurrencia, y los controles propios de una situación “normalizada”. El órgano fiscalizador, en las conclusiones del informe, apreció una “defectuosa planificación” del Gobierno de Moreno en uno de cada tres contratos exprés, que atendía a situaciones “previsibles, programables y no sobrevenidas por la pandemia”.
Es algo que también ratifican los interventores en la auditoría a los contratos del SAS en 2021, con especial relevancia en el caso de las obras, como la del hospital militar de Sevilla, que se adjudicó a dedo por 15,6 millones, pero se planificó “por fases”, por un periodo de ejecución de 13 meses, que terminó disparando el presupuesto inicial hasta los 18,1 millones, sin que la Junta justificase en otro contrato de emergencia esa ampliación de gasto de 2,5 millones.
El informe de la Cámara de Cuentas al que alude Moreno para responder a las denuncias de irregularidades de los interventores del SAS sólo entra en el ejercicio 2021 para analizar el volumen total de los contratos de emergencia, no desgrana expediente a expediente. “El número de contratos de emergencia Covid–19 formalizados en el ejercicio 2021 por el sector público autonómico (2.159 contratos por un importe de 396.769,42 millones de euros) se considera elevado y no resulta conciliable con la evolución dinámica y progresiva de la pandemia en dicho ejercicio”, dice el documento.
Estos datos no coinciden con los que aparecen en la auditoría del SAS, que sólo en 2021 contabilizó 3.669 expedientes por contratos de obra, servicios y compra de suministros, que movilizaron 296,3 millones de euros para clínicas privadas, empresas proveedoras ligadas al sector o constructoras para la rehabilitación de hospitales.
“La fecha de celebración de esos contratos [relativos a 2021] y la proyección de los mismos con un plazo de ejecución tan extenso, condicionan las notas de excepcionalidad e inmediatez exigibles en la tramitación de emergencia, por lo que en todos esos supuestos, salvo que quedara condicionada la ejecución del contrato, hubiese requerido la utilización de procedimientos más garantes con los principios fundamentales de la contratación. Máxime cuando la ejecución de algunos de ellos se adentra en fechas en la que estaban derogados los artículos 16 del Real Decreto–ley 7/2020 (estatal) y 9 del Decreto–ley 3/2020 (autonómico)”, advierte la auditoría de la Cámara de Cuentas.
Este informe en el que se escuda Moreno también recupera la instrucción por escrito que remitió la Consejería de Hacienda al resto de departamentos, el 18 de junio de 2021, instándoles a dejar de usar por sistema la contratación a dedo (algo que el SAS obvió y siguió perpetuando hasta junio de 2023). “La realidad demuestra que el volumen de contratos de emergencia que aún a día de hoy, siguen siendo elevados al Consejo de Gobierno a efectos de rendición de cuentas, no es conciliable con la evolución de la pandemia, lo cual revela una situación que no resulta deseable de mantener. (…) El recurso a la contratación de emergencia tendrá carácter excepcional y residual”.
El 95% de los contratos fueron a dedo en 2021
La Cámara de Cuentas sí advierte de que, todavía en 2021, toda la Junta de Andalucía –no solo el departamento de Salud– recurría de manera “sistemática” a los contratos a dedo, pese a que el marco legal estatal estaba derogado y la propia Consejería de Hacienda había advertido de que su uso debía ser “residual” a esas alturas. Con todo, el 94,82% del total de contratos realizados en 2021 fue por la vía de emergencia, que corresponde al 87,58% del importe total adjudicado a dedo por este procedimiento.
Tanto los interventores del SAS, en su informe de diciembre de 2023, como los auditores de la Cámara de Cuentas, en su informe de julio de 2024, coinciden en el diagnóstico sobre la evolución de la pandemia: ni en la segunda mitad de 2020 –“con el avance hacia la denominada nueva normalidad”– ni mucho menos en el ejercicio 2021 –“con la pandemia ya muy atemperada”– estaba justificado el procedimiento sistémico de la contratación a dedo, porque la crisis sanitaria era “más previsible” y, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”. A pesar de los dos informes, el SAS siguió adjudicando a dedo millones de euros a empresas y clínicas privadas, al menos hasta el verano de 2023 (que haya podido constatar este periódico).
El informe de la Cámara de Cuentas advierte: “El proceso de desescalada y el avance hacia la etapa denominada nueva normalidad, producida a partir del mes de junio de 2020, con la progresiva relajación de las medidas inicialmente acordadas, y la promulgación de normas que revertían parcialmente la paralización de los procedimientos contractuales suspendidos por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, deberían haber conllevado, a partir de aquella fecha, la continuación de procedimientos contractuales en curso y la utilización por los órganos gestores de procedimientos menos restrictivos de la competencia y más garantes con los principios generales de la contratación que el de la contratación de emergencia”.
El órgano de extracción parlamentaria, de hecho, coincide también con el análisis que ya hicieron los interventores del SAS en su informe definitivo sobre los contratos de emergencia en 2020. Entonces su opinión fue “favorable con salvedades”. Los auditores plantearon una serie de recomendaciones, encaminadas a ir abandonando progresivamente la contratación a dedo y volver a la tramitación ordinaria, en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva. Pero, un año después, el mismo órgano fiscalizador había revisado la contratación en 2021 y constatado que la Junta seguía haciendo lo mismo y no había cumplido prácticamente ninguna de las recomendaciones realizadas un año atrás.
El informe de la Cámara de Cuentas habla de “una defectuosa planificación de la gestión contractual” por parte del Gobierno de Moreno en casi un tercio de los contratos analizados aleatoriamente: el 32,34%, 65 de los 201 que se han examinado. Ese tercio de contrataciones, dice el documento, “obedecen a una necesidad que pudo ser previsible, programable y no sobrevenida por causa de la pandemia” por cuanto argumenta que “en muchos casos” se trataba de situaciones “que se retrotraían y eran conocidas con antelación a la crisis sanitaria”. La Cámara de Cuentas trabajó con una muestra de 201 contratos que sumaban un importe de 79,69 millones.
El órgano fiscalizador recomendó “una adecuada planificación de la gestión contractual hubiera permitido ejecutarlas con anterioridad, a través de procedimientos menos restrictivos de los principios de publicidad y concurrencia”. Y advierten: en ese caso “no queda justificado que la finalidad perseguida por el correspondiente contrato no pudo ser lograda utilizando otros procedimientos”, entre los que enumera la tramitación abreviada o urgente prevista en el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público, o el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia.
“Que vayan a los tribunales”
Entre las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas, que califica como “una prioridad alta”, figura “emplear la tramitación de emergencia de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionalidad, limitándola, tanto en el ámbito objetivo como en el temporal, a lo estrictamente indispensable para hacer desaparecer la situación de emergencia”.
También trasladaron una propuesta para que el SAS, “habida cuenta del volumen de contratación y de su organización logística (centrales provinciales de compras)” ponga en marcha “protocolos, procedimientos normalizados y coordinados, que den uniformidad en la tramitación de la contratación de emergencia llevada a cabo por cada centro gestor”. “Se recomienda la adquisición centralizada de productos de similares características evitando la dispersión y facilitando con ello los mejores precios”, concluye el documento.
Todos los grupos de la oposición han cuestionado el abuso de la contratación de emergencia por parte del Ejecutivo andaluz, con especial incidencia el PSOE, que ha hecho de las críticas a la gestión de la sanidad su principal línea de ataque. “El Partido Socialista intenta generar una sombra de corruptela en la gestión. Pero, si tienen alguna duda, que vayan a la Fiscalía, que vayan a los tribunales”, ha sentenciado Moreno esta semana.
La Cámara de Cuentas de Andalucía está presidida por el catedrático de Economía y exconsejero de Educación en el primer Ejecutivo de Moreno, Manuel Alejandro Cardenete, elegido por unanimidad el pasado mes de marzo, cuatro meses antes de la publicación del informe de fiscalización de los contratos de emergencia relativos a 2020.