Las entidades de memoria histórica exigen más diligencia al Ayuntamiento para reponerla y mayor colaboración de la Policía Nacional al haber sido destrozada hasta 15 veces en cinco años
Me torturaron en la comisaría de Via Laietana y fue como entrar en un pozo sin fondo
Ninguna placa de memoria histórica ha sufrido tantos ataques y destrozos en los últimos años en Barcelona. Se trata del atril que recuerda el pasado de violencia y represión en la comisaría de Via Laietana, actual Jefatura Superior de Policía de Catalunya y por la que pasaron decenas de presos políticos durante el franquismo. Desde su instalación, en 2019, ha sido vandalizada hasta quince veces, una cifra lejos de las que registra cualquier otra señalización similar.
Desde su inauguración, el 26 de marzo de 2019, el atril ha sido objeto de ataques recurrentes. Solo 48 horas después de que el Ayuntamiento de Barcelona lo colocara por primera vez, a unos 20 metros de las dependencias policiales, la señal apareció quemada. En los dos meses siguientes, fue vandalizada en otras dos ocasiones. Y desde entonces, ha recibido de media tres ataques al año, teniendo en cuenta que con las obras de reforma de la Via Laietana se tuvo que retirar de la acera durante varios meses.
“Se trata de acciones sistemáticas y organizadas, no es alguien que pasa por ahí y decide pintarla”, señala Carles Vallejo, presidente de la Asociación Catalana de Ex Presos Políticos del Franquismo. Este activista fue torturado en 1970 en los calabozos de ese edificio –sede entonces de la temida Brigada Político-Social del franquismo–, acusado de haber creado una sección sindical de Comisiones Obreras en la fábrica de Seat.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona atribuyen estos actos vandálicos al hecho de que “hay gente que lo considera polémico” debido a su localización frente a la comisaría. Sin señalar abiertamente a nadie, sí añaden que esto “denota el malestar de algunos sectores sociales con la reparación de la memoria democrática”.
La placa, titulada El 43 de Vía Laietana. Memoria de la represión, recuerda cómo esas instalaciones fueron ya un epicentro de la tortura desde la dictadura de Primo de Rivera y también durante la Segunda República, cuando era conocido por el movimiento obrero como ‘El molino sangriento’. Durante el franquismo, decenas de activistas contrarios al régimen, desde Manuel Vázquez Montalbán a Lluís Llach, y de Gregorio López Raimundo a Jordi Pujol, fueron víctimas allí de la violencia policial.
El edificio de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, durante una concentración que pide su reconversión en centro de memoria
Más protección y agilidad al reponerla
Tras su reinstalación posterior a las obras de Via Laietana, en abril de 2024, el texto de la placa ha sido destrozada en dos ocasiones, y actualmente permanece desde julio sin arreglar. Esta situación ha provocado las quejas de los activistas por la memoria histórica, que piden mayor agilidad por parte del consistorio.
“La única forma de neutralizar este vandalismo ultra es reaccionar con perseverancia, arreglarlo inmediatamente después de que los vecinos avisemos, y así los autores no consiguen su objetivo, que es retirar el panel del espacio público”, reclama Vallejo.
Fuentes del consistorio responden que “si ha habido algún período largo de días sin reparación, se debe al desconocimiento municipal”. El Gobierno municipal defiende su compromiso con las víctimas de las torturas en Via Laietana y argumenta que prueba de ello es la instalación el pasado mes de noviembre de otro memorial en el mismo lugar. Se trata de la inscripción en el pavimento de las palabras reparación, justicia y memoria.
Al mismo tiempo, este verano el Síndic de Greuges de Barcelona, el equivalente al Defensor del Pueblo, pidió al Ayuntamiento de Barcelona que “intensifique las medidas de vigilancia” y que realice las actuaciones necesarias para aclarar estos sucesos. Sin embargo, el consistorio ya no lo denuncia. Lo hizo la primera vez, en 2019, y un juzgado de Barcelona llegó a abrir diligencias y a pedir las grabaciones de las múltiples cámaras de seguridad que hay en la fachada del edificio, pero desde la Jefatura respondieron que no alcanzaban a enfocar el atril. El caso se archivó poco después.
Sin embargo, la Asociación de Ex Presos Políticos del Franquismo carga sin tapujos contra el Cuerpo Nacional de Policía y les acusa de mirar para otro lado. “Si no han hecho nada en todo este tiempo es que son cómplices, lo siento pero hay que decirlo así. El atril en el radio de control de sus cámaras y no hacen nada”, se queja Vallejo. Preguntados por esta cuestión, desde la Policía Nacional no han ofrecido respuesta.
En paralelo, el mantenimiento de esta señalización es algo que ha traído de cabeza al Ayuntamiento en los últimos años. Tras constatar que era objeto de ataques habituales, el gobierno de Ada Colau, a través de su concejal de Memoria Democrática, se planteó cómo blindarla. Barajaron distintas opciones para su protección, pero llegaron a la conclusión de que ninguna iba a impedir que alguien la pinte con un spray. Así que optaron por lo contrario: una fórmula fácil y barata, en forma de vinilo, que les permitiera reponerlo siempre que fuese necesario.
Desde 2019, el consistorio informa que se ha gastado unos 4.500 euros en reparaciones de este atril.
A la espera del centro de memoria
La instalación de este discreto panel, que fue recibida como una ofensa y un ataque por parte de los sindicatos policiales, es en realidad una pequeña parte de la pugna que existe en torno al edificio de la actual comisaría. La gran disputa gira en torno al futuro del inmueble, sobre si debe seguir albergando unas dependencias policiales o si habría que reconvertirlo en un centro de memoria histórica para divulgar sobre la represión que se llevó a cabo en su interior.
Aunque el Congreso avaló en 2017 su museización, a proposición de ERC y con el voto favorable del PSOE, este 2023 la misma idea fue rechazada con el voto contrario de los socialistas. El Ministerio del Interior, tanto con el PP como ahora con Fernando Grande-Marlaska, ha sido siempre contrario a retirar a la policía del lugar, a pesar de la insistencia de la Generalitat y del Ayuntamiento, sobre todo durante la etapa de Colau al frente del Ejecutivo municipal.
“Los actuales policías se sienten equivocadamente aludidos por nuestras demandas”, lamenta Vallejo. “Lo mejor que puede hacer una policía democrática es salir de ese espacio, que alberga un dolor inmenso en su interior, y contribuir a que sea un espacio de memoria como ocurre en muchos países, desde Alemania con la Stasi hasta Argentina con su dictadura”, afirma.
Las últimas novedades del Gobierno central se remontan al anuncio que hizo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, en su visita a Barcelona el pasado abril. Aseguró que la comisaría será designada “lugar de memoria”, una figura prevista por la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que solicitaron entidades como Ateneu Memòria Popular, Fundació Cipriano García-CCOO o Amical de Mauthausen. Pero esto no significa que el edificio vaya a dejar de ser la sede de la Policía Nacional en Catalunya.