El BNG pide la expulsión inmediata de José Vázquez Barreiro, que aceptó una pena de nueve meses de prisión por el delito, cometido en una explotación ganadera relacionada con él y su familia
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El concejal del PP en el Ayuntamiento de Guntín (Lugo) José Vázquez Barreiro ha aceptado una condena de nueve meses de prisión por un delito de explotación laboral cometido contra dos trabajadores de nacionalidad marroquí que estaban en situación irregular. Él y dos familiares los habían empleado en su explotación ganadera, Casa do Coxo, y el escrito de la Fiscalía recoge que los obligaban a trabajar 13 horas al día, sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y sin descanso semanal ni vacaciones. Les pagaban 700 euros mensuales, de los que descontaban 50 por el alojamiento en un anexo de la explotación.
El BNG ha hecho público que Vázquez Barreiro es uno de los tres ganaderos condenados en el caso -los otros dos son familiares suyos- y pide su expulsión inmediata tras conocerse la condena, impuesta dentro de un acuerdo judicial de conformidad que les supuso a los tres acusados la rebaja de la pena inicial que pedía Fiscalía (tres años de prisión) y que se completa con indemnizaciones a los dos trabajadores por un total de 44.000 euros, informa Europa Press.
Vázquez Barreiro concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023 como número cinco de la lista del PP que encabezó en su día María José Gómez, ahora conselleira de Medio Rural. Gómez dejó la Alcaldía en manos de Ángel Pérez el pasado mes de abril, cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la incluyó en su nuevo Gobierno.
“La alcaldesa saliente, actual conselleira do Medio Rural, tendrá que dar explicaciones, ya que fue ella quien lo eligió para formar parte de la candidatura y los hechos por los que fue juzgado fueron anteriores a su elección”, dice el BNG en un comunicado.
El escrito fiscal exponía que uno de los trabajadores comenzó en la explotación el día 12 de octubre de 2018 de forma irregular. El otro empleado, en idénticas condiciones laborales, comenzó a trabajar el 1 de marzo de 2020 y compartía alojamiento con su otro compañero. El Ministerio Público hizo constar que ambos trabajadores asumieron ese calendario laboral contrario a la normativa debido a su situación, ya que eran migrantes, en situación irregular, desconocedores del idioma y sin recursos económicos. Ambos trabajadores prestaron servicio en hasta agosto de 2020 cuando se marcharon a una casa de acogida.