El magistrado recientemente jubilado ha presentado una demanda de honor en el Tribunal Supremo contra la secretaria general de Podemos reclamando una indemnización por un tuit en el que le acusaba de prevaricar para perjudicar a su partido
García Castellón, el juez que siempre estaba ahí cuando lo necesitaban
El juez jubilado Manuel García Castellón ha demandado a Ione Belarra ante el Tribunal Supremo. El exmagistrado solicita que la secretaria general de Podemos sea condenada a indemnizarle con 120.000 euros por afirmar que forma parte de un grupo de “jueces corruptos” que “han prevaricado” contra su partido político. La demanda de honor y rectificación, tal y como ha adelantado ABC y ha podido confirmar elDiario.es, ha sido presentada ante la Sala de lo Civil por el aforamiento de Belarra como diputada en el Congreso.
El magistrado se jubiló en los primeros días del mes de septiembre al cumplir 72 años y después de pasar los últimos siete años de su carrera al frente del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Instructor de casos de corrupción como Tándem, Púnica o Lezo, Manuel García Castellón también protagonizó varios intentos para llevar al banquillo a Podemos y algunos de sus líderes y fundadores, por ejemplo la investigación fallida por la financiación del partido.
El mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba su jubilación forzosa, la secretaria general de Podemos y exministra Ione Belarra publicaba en su perfil de X un mensaje, hablando del magistrado como parte de un grupo de “jueces corruptos” que han delinquido para perjudicar, dijo, a quienes “defendemos otra idea de España”.
Tal y como ha adelantado ABC, una vez jubilado y fuera de la judicatura el magistrado ha pasado al ataque y ha decidido presentar una demanda civil por derecho al honor contra Belarra en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reclamando una indemnización de 120.000 euros a la secretaria general de Podemos.
Se trata de una petición económica mucho más altas que las condenas que suele establecer este departamento del Supremo en casos en los que entiende que se ha atribuido un delito de forma ilegal a una persona en unas declaraciones públicas. Hace dos años firmó una indemnización de 10.000 euros para un hombre acusado de una violación por la que no había sido condenado, mientras que la exministra Irene Montero fue condenada por lo civil a indemnizar con 18.000 euros a un hombre al que acusó de ser un maltratador, delito por el que tampoco había sido condenado.
En los últimos años, por la vía penal, el Supremo ha rechazado también varias querellas y denuncias presentadas contra líderes políticos por acusar de prevaricación a jueces como García Castellón o denunciar el ‘lawfare’. También rechazó, en una decisión pendiente de recurso en el Constitucional, la querella que Podemos interpuso contra el juez por prevaricación.