La acusación, dirigida a la Fiscalía General del Estado y a la Audiencia Tributaria, considera que la creación de una fundación por parte de Juan Carlos I para asegurar la herencia de sus hijas demuestra que el Borbón posee fondos en el extranjero que ocultó a la hacienda pública tras dos regularizaciones
El presidente de la Xunta defiende que el rey emérito “tiene todo el derecho” a volver “a cualquier sitio de España”
La Asemblea Republicana de Vigo ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT) al rey emérito y las infantas Elena y Cristina por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. La entidad considera que la constitución en Abu Dhabi, por parte de Juan Carlos de Borbón, de una fundación con fondos multimillonarios para asegurar la herencia de sus hijas demuestra que posee en el extranjero fondos en el extranjero que ha escondido a la hacienda española, incluso tras dos regularizaciones fiscales. Su fortuna estimada por Forbes y el New York Times -según información de El Confidencial incluida en la querella- alcanza los dos mil millones de euros.
La denuncia, presentada este mediodía en los juzgados de la ciudad, recuerda que el emérito realizó una primera regularización fiscal en diciembre de 2020 por valor de 678.393 euros y otra, dos meses después, por importe de 4,4 millones de euros para la que, según su testimonio, tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos y convenció así a la AEAT de que no le quedaba dinero. “Ni por el concepto ni por su cuantía quedó regularizado patrimonio oculto en el extranjero”, argumenta.
En su acusación, recogen numerosas informaciones periodísticas, entre ellas la citada de El Confidencial donde se asegura que ninguna de las infantas recibe asignación económica de los Presupuestos Generales del Estado desde que dejaron de formar parte de la Casa Real en 2014. Elena “trabaja en la Fundación Mapfre y percibe un salario de unos 300.000 euros anuales” mientras Cristina “ingresa unos 400.000 euros de la Fundación Aga Khan, con sede en Ginebra”. Se trata de sueldos “considerables”, pero el emérito “teme que pierdan esos empleos cuando él falte”. No es su único ingreso ya que ambas “se han nutrido tradicionalmente de los fondos sin declarar que su progenitor guardaba en el extranjero y que periódicamente le entregaban sus asesores en efectivo en el Palacio de la Zarzuela”.
La fundación, presidida por el Borbón, de 87 años, y con sus hijas en el patronato, funciona así como un “vehículo sucesorio” en el que no ha participado ni figura como futuro beneficiario el rey Felipe VI. Los trámites se han realizado con discreción para evitar otro escándalo, tras el archivo de las investigaciones contra el Rey emérito de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza). La creación de la entidad responde a la inquietud de Juan Carlos I, que cumplirá 87 años en enero, por la situación en la que podrían quedar sus dos hijas tras su muerte.
“Ahora, sabiéndose impune, ofende a la ciudadanía española aflorando su patrimonio oculto, incluso sin tener la delicadeza de esperar a la prescripción del derecho a comprobar los períodos y tributos regularizados” que, según recuerda la Asemblea Republicana, se produciría en diciembre de este año y febrero de 2025, respectivamente.
La entidad considera que “la pertenencia al Patronato de una institución sucesoria opaca, nutrida con fondos defraudados a la Hacienda Pública y de origen probablemente ilícito”, convierte a las infantas en “encubridoras” de uno o varios delitos fiscales y “autoras” de un delito de blanqueo, a lo que se sumaría una infracción tributaria o un delito contra la hacienda pública por percibir sin declarar fondos del extranjero, por cuenta de su padre, para financiar su “alto nivel de vida”.
“La ciudadanía española queda nuevamente atónita con las conductas de la anterior casa real. La estupefacción que causan estas recurrentes noticias no tiene parangón con otros casos de corrupción púbilca. Las dos administraciones interpeladas tienen el deber jurídico de esclarecer y perseguir las conductas que puedan deducirse de los hechos informados. Se trata de un deber terminante, de una cuestión de legalidad insoslayable pero también de moralidad pública, políticamente perturbada por la indecencia de tales conductas”, concluye la denuncia de la Asemblea Republicana.