En las próximas semanas, es previsible que el nuevo Gobierno tenga que enfrentarse a una moción de censura en la que el voto de la extrema derecha será decisivo en una Asamblea Nacional fragmentada
Macron pone en manos de Le Pen la supervivencia del nuevo Gobierno bajo la amenaza de un bloqueo político
Más de dos meses después de que Emmanuel Macron aceptara la dimisión de Gabriel Attal y de su Gobierno, tras la derrota de su partido en las pasadas elecciones legislativas, Francia ya cuenta con un Ejecutivo de pleno derecho, salido de las filas del macronismo y la derecha gaullista.
El nuevo equipo de gobierno consta de una mayoría de ministros del partido presidencial Renacimiento y sus aliados, a pesar que en las elecciones de julio pasaron de ser la primera a la segunda fuerza parlamentaria. Los conservadores de Los Republicanos, otra fuerza minoritaria a la que pertenece el primer ministro Michel Barnier, se hacen con varias carteras. No hay ministros de la unión de las izquierdas ni tampoco de la extrema derecha lepenista.
En Francia, Macron es quien formalmente nombra a los ministros y quien tiene que dar su visto bueno al gabinete. El presidente y el primer ministro se reunieron el jueves en el Elíseo en un encuentro que duró unos 50 minutos, en el que Barnier propuso su lista de nombres. Tras varias horas de expectación, la jefatura del Gobierno anunció que la presentación de las carteras sería “antes de este domingo” después de que los organismos de control ético hicieran las verificaciones necesarias. Hubo que esperar a la tarde/noche del sábado -un horario muy poco habitual- para el anuncio oficial.
Un gobierno más a la derecha
La composición del nuevo Gobierno se inscribe en la línea de los anteriores nombrados por Macron cuando su coalición era primera fuerza parlamentaria, pero en esta ocasión se acentúa la presencia de ministros venidos de la derecha. El único nombre originario de un partido de izquierda es el del antiguo diputado socialista Didier Migaud, que hasta ahora ocupaba el cargo de presidente de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública y que ocupará la cartera de Justicia.
Buena parte de la impronta derechista emerge de la elección del nuevo ministro del Interior, Bruno Retailleau, que pertenece al ala más dura de Los Republicanos en materia de inmigración, y se ha pronunciado en varias ocasiones contra las medidas que permiten abrir vías legales para regularizar la situación de las personas sin papeles. “Un clandestino [sic] que entra irregularmente en Francia no debería obtener jamás la regularización”, afirmó en 2022. Su nombramiento y su postura de conservador duro en materia de inmigración y en cuestiones sociales se pueden interpretar como un gesto hacia la extrema derecha.
Según varios medios, Macron advirtió a Barnier de que el nombre de Laurence Garnier podría plantear problemas. Hasta ahora senadora de Los Republicanos, se opuso a la legalización del matrimonio homosexual y a la inscripción del aborto en la Constitución. La evocación de su nombre como posible ministra de Familia provocó críticas en la izquierda y en un parte de la coalición presidencial. Finalemente ha sido nombrada a la secretaría de Estado de Consumo.
Nada más se filtró a la prensa la lista de Barnier, la izquierda se apresuró a rechazarla, considerando que no refleja el resultado de las urnas. “En la Francia de Macron, son los perdedores de las últimas elecciones los que van a formar gobierno”, reaccionó Manuel Bompard, coordinador de Francia Insumisa, uno de los cuatro partidos del Nuevo Frente Popular, la coalición progresista que se alzó como primera fuerza parlamentaria en las elecciones legislativas. “¿Para qué hubo una disolución en junio, si es para acabar teniendo más de lo mismo, pero encima más a la derecha?”, denunció el viernes el expresidente socialista François Hollande en una entrevista a RMC.
Días de atasco y tensiones
Desde su nombramiento como primer ministro hace dos semanas, Michel Barnier había multiplicado las reuniones para resolver la difícil ecuación que supone la formación de un gobierno capaz de maniobrar en una Asamblea Nacional más fragmentada que nunca. Una cámara en la que además su partido político, Los Republicanos, tiene escaso peso (47 diputados de 577) en comparación con el Nuevo Frente Popular, la extrema derecha o el bloque centrista, su principal aliado.
A pesar de que Barnier se había comprometido a anunciar la composición del Gobierno a lo largo de esta semana, el atasco de las negociaciones en los últimos días hizo temer un bloqueo prolongado, que añadiera más incertidumbre al momento político particularmente convulso que atraviesa Francia.
Uno de los momentos de tensión esta semana se produjo alrededor de los rumores sobre una posible subida de impuestos. En declaraciones a la agencia France-Presse, Barnier catalogó como “muy grave” la situación presupuestaria del país y afirmó “haber pedido todos los elementos para apreciar la realidad exacta”. En particular, hacía referencia a la creciente deuda pública que arrastra Francia y al déficit de las cuentas del Estado.
Las declaraciones, y especulaciones posteriores sobre un “esfuerzo fiscal”, dieron pie a una cruce de declaraciones entre figuras de los diferentes partidos en relación a esa hipotética subida de impuestos, a la que se oponen el partido de Macron y sus aliados. También la extrema derecha amenazó con censurar al Ejecutivo en caso de aumentar los impuestos.
Además, varios diputados de la coalición macronista habían acusado a Barnier de querer imponer un Ejecutivo dominado por los miembros de su partido que, aunque mayoritario en el Senado, es solo el cuarto en número de diputados en la Asamblea Nacional. En este contexto, el miércoles Barnier anuló dos reuniones: una con su predecesor, Gabriel Attal, y otra con representantes de su propio partido, Los Republicanos. En su lugar acudió al Elíseo por segunda vez esta semana para tratar con el presidente.
El miércoles por la noche el gabinete del primer ministro salió al paso con un comunicado desmintiendo las acusaciones. “No representan en absoluto el proyecto de gobierno que desea el primer ministro que está buscando un equilibrio de sensibilidades”.
La mañana del jueves, Barnier anunció que el día supondría “la última jornada de consultas” antes de la “formación rápida de un gobierno”. Barnier recibió por separado, a la presidenta de la Asamblea Nacional Yaël Braun-Pivet y al presidente del Senado Gérard Larcher. Además, el primer ministro se reunió a lo largo de la tarde con los líderes de las formaciones políticas susceptibles de entrar en el gobierno, que incluían a todos los grupos salvo la extrema derecha y los partidos del Nuevo Frente Popular.
Según publican estos días varios medios franceses, Barnier ha intentado –sin éxito– cortejar a varios miembros importantes del Partido Socialista, que se inscriben en la corriente más hostil a las alianzas del PS con Francia Insumisa. Entre ellos, se ha mencionado a los antiguos ministros de François Hollande, Stéphane Le Foll y Ségolène Royal.
Primera prueba de fuego
El nuevo Ejecutivo se enfrentará a su primera prueba de fuego a partir del 1 de octubre y la apertura de la sesión parlamentaria ordinaria. Es previsible que los partidos de la oposición lo reciban presentando una moción de censura en los primeros días de actividad en la Asamblea. En este escenario, la postura de los parlamentarios de la extrema derecha será decisiva.
Tras una campaña relámpago, las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio situaron a la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular como principal fuerza política de la Asamblea (193 escaños), por delante de la coalición centrista de Macron (166) y de la extrema derecha de Marine Le Pen (142). Estos resultados dejaron a los tres grandes bloques lejos de la mayoría absoluta de 289 diputados (de 577).
Con la designación de Barnier, Macron rompió la tradición de nombrar primer ministro a una figura de la mayoría parlamentaria en la Asamblea, que en este caso era el NFP. Para ello, se escudó en el anuncio de los partidos de centro y derecha, entre ellos el suyo, de que, en caso de moción de censura, votarían en contra de cualquier figura salida de la coalición progresista –que había propuesto a la economista Lucie Castets–.