Dios nos libre de los prólogos largos

Australia está lo suficientemente lejos como para que apenas se le preste atención, pero no tanto como para tener distintos problemas. El Gobierno de aquel país ha sido acusado de fascista por Elon Musk, el señor X del ciberultraderechismo; la razón, porque se están impulsando medidas legislativas contra la desinformación y los bulos. Coincide con la rebeldía de este señor contra decisiones judiciales en Brasil por parecidas causas que ahora tendrá que pagar con cuantiosas multas. Coincide también con la rebeldía expresada por PP y sus aliados mediáticos contra las medidas a favor de la transparencia de los medios de comunicación en España, su soporte publicitario y un cóctel resultante con un alto contenido de toxicidad y mentira informativa. Aún se preguntan algunos qué es eso de los pseudomedios, interrogación que  no debería pasar apenas  más allá de la retórica o tal vez  se trate de la autoinculpación o una autodeclaración por reconocerse militantes de la mentira pagada.

Y todo por la decisión, de momento a plazos,  del gobierno de España de hacer algo dentro de su paquete regenerativo de la democracia que siendo lo mas grueso del contenido total, en tamaño,  no deja de ser un tímido e intimidado avance. De hecho, es posible que incluso alguna de las medidas propuestas no vea la luz antes de que el reglamento marco de la UE, de donde trae causa y obligación, entre en pleno vigor allá por el segundo semestre  de 2025.

Además, se modificará la ley mordaza, otro intimidado intento de hacer muy poco con una ley que mereció el amplio rechazo y consenso crítico de una amplia mayoría de la comunidad jurídica mundial y expertos en libertad. Pero todo poquito a poco y, digamos con distintas letras, acongojados.

Con el mismo acojonamiento, ahora sí con sus letras, se avanza a tropezones con los delitos de palabra y gestos contra los sentimientos religiosos y nada con otra institución que sigue luciendo atributos y vestiduras sacras como en las constituciones históricas: la monarquía.

Como también pasa con la ley de secretos oficiales, que más bien debería denominarse de secretos inconfesables. Esos secretos inconfesables llevan bajo su manto, contienen toda la inmundicia preconstitucional, la transicional y los empellones contra constitucionales.

Una ley de 1968, firmada por Francisco Franco, que no solo no fue derogada cuando se pudo con las mayorías absolutas de Felipe González, él sabrá por qué, sino que fue utilizada por el citado para extender su poderoso manto de secreto en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el comercio y tráfico de armas con países de dudosa o definitiva ausencia de democracia  o involucrados  en casos graves de genocidio y violencia contra la personas y sus derechos.

Uno pensaba –quizá con una ingenua esperanza– que la carta que contestaba a su otra carta, la de Pedro Sánchez, inauguraba el fin de tantas cuestiones pendientes, no sobre la regeneración, sino la propia salud y supervivencia de la democracia. Pero es a ritmo lento y poco decidido. Incluso no se puede seguir rastro alguno de las intenciones de la mayoría parlamentaria, a instancias del tan dolido por la guerra judicial, para una sí urgente reforma integral del poder judicial, incluidas sus normas procesales, en concreto, las que afectan al poder sin frenos de los instructores penales, en donde reside uno de sus peores males, a saber, el lawfare, para así adaptarnos  a la Europa de nuestro  entorno.

Cosa que llevan reclamando mucho tiempo prestigiosos juristas incluso conservadores, como hizo el galáctico Laudelino Lavilla Alsina. Pero nada, aquello de la carta, como esto de ahora y sus avisos previos, parecen ser solo el largo prólogo de lo que algún día haya de venir con carácter más decisivo y valiente. Uno no puede sino acordarse y versionar a Francisco de Quevedo: dios nos libre de los prólogos largos.