En una conversación telefónica, que obra en poder de la Fiscalía, el eurodiputado alertó el pasado 13 de septiembre al fundador de Madeira Invest de que la Guardia Civil lo estaba investigando y acusó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de ser un organismo corrupto que gestionan «personas del Ibex»
Alvise asegura que cobró en negro 100.000 euros para no enriquecerse con la política
Investigación – 100.000 euros en ‘cash’ para campaña y pleitos: la Fiscalía estrecha el cerco sobre Alvise
La larga lista de conversaciones que el eurodiputado Alvise Pérez ha mantenido a lo largo de los últimos meses con el fundador de Madeira Invest Club, Álvaro ‘Luis’ Romillo, la persona que le entregó 100.000 euros en metálico que el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) había reclamado para campañas electorales y pagar pleitos perdidos, incluye también un chivatazo en el que el político advierte al empresario cripto de que está siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Sucedió en una conversación telefónica que ambos mantuvieron hace dos semanas, el 13 de septiembre, y que al igual que el resto de las pruebas que incriminan a Alvise ha sido aportada en el escrito que Luis Romillo presentó ante la Fiscalía por si sus actividades al frente del club financiero “pudieran ser constitutivas de delito”. En la charla, en la que Alvise se compromete a hacer lobby en Bruselas a favor del sector de las criptomonedas y del propio negocio de Romillo, Madeira Invest Club, e incluso establecer condiciones en un futuro pacto de gobierno con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, para proteger los intereses del empresario, el eurodiputado alerta de una investigación contra Romillo de la que supo tras una visita de un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
En la conversación Alvise acaba acusando a la CNMV de ser una organización corrupta controlada por “personas del Ibex” a las que ha intentando investigar. A lo largo de la conversación que dura 17 minutos y se produce tres días antes de que Romillo anuncie el cierre de Madeira Invest Club por no poder pagar las altas rentabilidades que prometía, de hasta el 53%, el eurodiputado invita al fundador de Madeira Invest a organizar charlas en el Parlamento europeo con fondos públicos y a plantear “10.000 medidas en defensa de las criptodivisas y de los negocios que operan con ellas”.
En la charla, el fundador de Madeira Invest Club intenta distanciarse de todas esas iniciativas que le plantea Alvise por entender que su cercanía al político y el interés de algunos medios de comunicación que publicaron varias noticias sobre sus vínculos alentaron investigaciones policiales que derivaron en el bloqueo de las cuentas bancarias de ese club financiero.
El mismo lunes 16 de septiembre, tres días después de esa charla, el fundador de Madeira Invest Club anunció el cierre de sus operaciones. Desde entonces, miles de inversores se organizan a través de diferentes bufetes para denunciar una supuesta estafa que ya ha llegado a la Audiencia Nacional. Una de las plataformas de afectados ha pedido la imputación de Alvise y que devuelva los 100.000 euros que cobró en metálico del club financiero.
El eurodiputado, entretanto, no ha negado el cobro de ese dinero en cash, que pidió a Romillo en varios mensajes en los que decía necesitar “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”. En un mensaje en su canal de Telegram, Alvise Pérez da a entender que lo recibió en calidad de autónomo, pese a que en los pantallazos aportados a la Fiscalía él mismo escribió a su donante tras recibir los 100.000 euros en cash: “Gracias, tío me facilitas una parte urgente de la campaña”.
Al día siguiente de recibir los fondos, el candidato Alvise inició una gira que lo llevó por 16 ciudades españolas y que culminó con un acto multitudinario de fin de campaña en la Plaza de Colón de Madrid.
La Fiscalía del Supremo, el único tribunal competente para imputar a Alvise dada su condición de eurodiputado, investiga si la recepción de los 100.000 euros por parte del empresario al que prometió legislar a favor de su negocio y los mensajes donde pide fondos “que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” son constitutivos de un delito de financiación ilegal.