Cuando todavía no se conoce el texto último de esos acuerdos y menos aún las exigencias concretas que Puigdemont y los suyos plantean para votar favorablemente a la senda de gasto propuesta por el Gobierno, paso previo para los Presupuestos, el PP y Vox han lanzado una campaña desaforada contra lo uno y lo otro
Pedro Sánchez tiene que medir muy bien las consecuencias que pueden tener las decisiones que tome a fin de prolongar la legislatura. Porque el ambiente que están creando el PP y Vox y sus corifeos mediáticos, secundados por algunos cuadros socialistas, pueden convertir los eventuales, y todavía posibles, acuerdos presupuestarios entre el PSOE y Junts en un obstáculo insalvable en las próximas elecciones generales. El anticatalanismo existente desde siempre en la sociedad española y que la derecha quiere ahora reactivar al máximo puede ser la clave del futuro político.
Las muchas y sucesivas campañas de denuncia que el PP ha venido orquestando desde hace años se han ido deshaciendo en el aire una detrás de otra. Pero ésta tiene visos de perdurar. No porque se base en argumentos más sólidos que las otras. Sino porque agita una actitud muy asentada en amplios sectores de la opinión pública española, de la derecha, pero también de la izquierda: es lo que ha venido a llamarse, desde hace más de un siglo, anticatalanismo. Que vendría a ser la desconfianza, cuando no el rechazo, de cualquier iniciativa autónoma de los políticos catalanes en el marco español. Porque se considera, por principio, que sólo el interés propio y el desprecio a los del resto de los españoles mueven esos movimientos. Siempre.
Ese apriorismo brutal e insensato vuelve a dominar el debate político. Si hace 15 años Mariano Rajoy enarboló la bandera de “a los catalanes ni agua” para oponerse tajantemente a cualquier reivindicación que formularan los soberanistas, llevándolos al disparadero de octubre de 2017, ahora la consigna de las derechas es hacer todo lo que sea para impedir que la izquierda llegue a acuerdos con los independentistas para poder seguir gobernando. El PP no ha podido hacer nada para evitar que los socialistas catalanes pactaran hace unas semanas con Esquerra Republicana para convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat. Pero ahora agita ese acuerdo con la vista puesta a más largo plazo.
Esta misma semana un diputado regional popular ilustraba esas intenciones asegurando lo siguiente en el parlamento andaluz: “Los socialistas han conseguido la Generalitat a cambio de menos médicos en Andalucía”. Antes, y desde hace muchos años, el lema era más sencillo: “los catalanes nos roban”.
Lo malo es que ese mensaje cala. Aunque no exista prueba alguna de ello. Aunque, por el contrario, existan evidencias estadísticas suficientes para afirmar que Cataluña es una de las regiones que más contribuyen a la solidaridad interregional, mediante transferencias de distinto tipo. En el ámbito académico no existe discusión al respecto. Y sí alguna exigencia por parte de expertos nacionalistas de que esa situación de modifique cuanto antes.
Es un debate antiguo, que dura desde hace décadas. Pero que se ha reavivado con particular tras el citado pacto entre el PSC y ERC. Y más aún desde que se ha hecho evidente que el gobierno Sánchez necesita de los 7 votos que el otro partido independentista, el Junts que lidera Carles Puigdemont, para que se aprueben sus presupuestos para 2025 y la legislatura pueda sobrevivir sin problemas.
Cuando todavía no se conoce el texto último de esos acuerdos y menos aún las exigencias concretas que Puigdemont y los suyos plantean para votar favorablemente a la senda de gasto propuesta por el gobierno, paso previo para los Presupuestos, el PP y Vox han lanzado una campaña desaforada contra lo uno y lo otro. Sin concretar ninguna de sus denuncias, a base de exabruptos como los del citado diputado andaluz y con un lenguaje elemental destinado a un público poco instruido pero que en el pasado muchas veces ha estado dispuesto a comprar el discurso anticatalanista sin exigir demasiadas florituras.
Algunos máximos exponentes de la vieja guardia socialista, desde hace años duramente enfrentados con Pedro Sánchez, encabezados por Felipe González, y algún actual dirigente regional del PSOE, como el castellano-manchego García Page y el aragonés Lambán, se han sumado prácticamente con los mismos tonos a la ofensiva de la derecha.
Por otro carril, no menos efectivo, los jueces más activos contra el independentismo siguen bloqueando la aplicación de la amnistía a sus principales líderes. Y en particular a Puigdemont. Por eso una de las condiciones para que Junts pueda pactar con el PSOE es que el gobierno rompa su silencio ante lo que podría entenderse como una provocación judicial y exija, con instrumentos legales de los que, al parecer, dispondría, que tanto el juez Marchena como su colega Llarena depongan su actitud y procedan a aplicar la amnistía.
El retraso de la presentación en el Congreso de la propuesta del techo de gasto sugiere que Pedro Sánchez está dispuesto a escuchar las peticiones de Junts. Y los más optimistas creen que el acuerdo es posible. Ahora o dentro de unos meses. Ni que decir tiene que, si eso ocurriera, la citada campaña se intensificaría todo lo que la derecha pudiera.
Que a lo mejor no es mucho. Pero lo importante no es cuánta gente pueda sacar Feijóo a protestar en la calle. Sino cómo consigue Sánchez desactivar el rechazo a sus posiciones que unos acuerdos con los independentistas pueden provocar en el amplio espectro anticatalanista que existe en España y también entre los votantes socialistas. El tiempo puede ser un factor decisivo en ese empeño.