Sociedades del gallego César Blanco han copado concursos de la Xunta o la Diputación de Pontevedra y han suministrado desde software a la Agencia Tributaria a cursos para ministerios o ayuntamientos
Un excargo del PP gallego con una empresa en Panamá acapara 86 millones en subvenciones a la formación
Más de 10 millones de euros en más de 210 adjudicaciones de distintas Administraciones desde 2018. Son los contratos públicos obtenidos por empresas del gallego César Blanco, dirigente de Cepyme que formó parte de la Ejecutiva del PP de Ourense del polémico José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de esa provincia hasta julio de 2023.
Con una firma en Panamá, las sociedades en España de este empresario del negocio de la formación y las agencias de colocación han recibido desde 2020 más de 86 millones en subvenciones. Esto le sitúa a la cabeza en el ranking de ayudas públicas a empresas de formación, con varias de sus sociedades entre las más subvencionadas de España en 2023. A esa lluvia de subsidios se suman más de 10 millones en adjudicaciones. La cifra, una estimación conservadora, incluye un centenar de contratos menores y encargos a uniones temporales de empresas (UTE) formadas por sociedades de Blanco, que no ha querido atender a elDiario.es
La más beneficiada, con al menos 3,6 millones en adjudicaciones desde 2018, es Academia Postal 3 Vigo, muy conocida en Galicia y que comparte al 50% con Francisco Nóvoa, fundador y cara visible del Grupo Academia Postal. Especializada en formación de opositores y con servicios de agencia de colocación, esta sociedad ha recibido subvenciones de 19,9 millones solo desde 2020.
Al menos 2,4 millones en contratos ha recibido G12 Grupo Empresarial, 100% de César Blanco y sus hijos y subvencionada con más de 29 millones desde 2020. Más de 688.000 en contratos ha cosechado desde 2018 Moba Skill Training SL, antes denominada Monte Blanco Agraria Gallega SL, subvencionada con más de 24 millones desde 2020.
Otra de sus empresas, Educatic Gap Pue SL, acumula más de 13 millones en ayudas públicas desde 2020 y más de 547.000 euros en contratos desde 2018. El resto son adjudicaciones para otra de sus mercantiles, Clictic, y para distintas UTEs. hasta llegar a esos más de 10 millones.
La cifra real adjudicada a las empresas de Blanco muy probablemente supere esa cantidad, porque la información en la rudimentaria web del portal de contratación del Estado solo abarca hasta marzo de 2018. Además, en algunos casos son acuerdos marco en los que se pacta el precio de los servicios que se prestarán, por lo que se desconoce el importe cobrado por cada empresa, ya que el criterio de adjudicación que se publica es el precio por hora de sus cursos.
Es el caso del acuerdo marco para impartir cursos de formación para el empleo mediante la modalidad de cheque formación, en la familia profesional de comercio y marketing, que adjudicó la Comunidad de Madrid en mayo de 2019. Academia Postal 3 Vigo estuvo entre las adjudicatarias de 8 de los 19 lotes del concurso, en el que se seleccionó a otras 36 empresas y entidades, y que estaba valorado globalmente en casi 3 millones.
Esta cifra no se ha tenido en cuenta en esa estimación de 10 millones. Otros acuerdos marco en los que han sido adjudicatarias sus empresas son los del Cabildo de Lanzarote (valorado en 400.000 euros) o el Gobierno de Navarra.
El contrato de mayor importe, 2,29 millones, es un servicio de “alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario y zonas deprimidas en Extremadura” que el Ministerio de Trabajo adjudicó a Academia Postal 3 Vigo en abril de 2022. A continuación figura una licitación ajena a las áreas en las que Blanco es especialista: un servicio de alquiler de licencias de software “para entornos Bigdata” con destino a la Agencia Tributaria.
El Ministerio de Hacienda lo adjudicó en octubre por 1,18 millones (más IVA) a una UTE formada por Clictic y G12, ambas de César Blanco, y una firma madrileña de software, Pue Data SL, sin aparente relación con él y contratista habitual de la Xunta de Galicia o la Comunidad de Madrid. El contrato se adjudicó por el procedimiento “restringido”, al que solo pueden acudir las firmas admitidas previamente. Fue la oferta “más ventajosa” de las tres que se presentaron. La identidad de sus competidoras es “confidencial”, según Hacienda. Pue Data SL no ha respondido a las preguntas de elDiario.es
Blanco ha utilizado varias UTEs para optar a contratos públicos. En 2022, G12, Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training se adjudicaron, en UTE o en solitario, un tercio de los lotes de un concurso para impartir cursos de formación en los centros de la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia por 1,357 millones.
Lo hicieron en solitario (Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue) o mediante UTEs que algunos casos formaban empresas de Blanco. En el lote que logró Educatic Gap Pue SL en solitario por 172.774,2 euros, competía con otra UTE formada por otra empresa del grupo Academia Postal (Academia Postal 6 La Coruña SLU). Otra UTE ganadora la formaban G12 y la Asociación Galega de Emprendedores (Agaemp), que junto a su homóloga de Castilla y León integra la Federación Española de Emprendedores (Fedemp), presidida, según su web, por César Blanco. La sede de Fedemp está en las oficinas en Madrid del Grupo Academia Postal.
En la primavera de 2021, en un concurso de la Diputación de Pontevedra, entonces presidida por la socialista Carmela Silva, para medidas de “inserción de las personas más vulnerables”, empresas de Blanco coparon seis de los catorce lotes adjudicados. Recibieron contratos por 621.548 euros para ocuparse de gestionar llamadas de teleasistencia o de la atención sociosanitaria a personas dependientes en Vigo o Pontevedra, área que el empresario conoce bien como tesorero de Aspanaex, con larga tradición en la atención a discapacitados intelectuales allí y que ha recibido subvenciones millonarias. Otra adjudicataria fue la Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra, a la que Blanco lleva años vinculado.
El grueso de las contrataciones a empresas de este ex cargo del PP ourensano son cursos de lo más diverso, en gran parte con contratos menores. Cursos de idiomas, de cocina (para el Ayuntamiento de Madrid), igualdad de género (para la Diputación de Ourense), “Transparencia y buen gobierno” (para Hacienda), contratación pública (Comunidad de Madrid), “gestión de subvenciones” o “Ejecución del Gasto Público” para el Ministerio del Interior; “uso no sexista del lenguaje” para el Ministerio de Economía, mejora de la redacción de documentos administrativos (para la Diputación de Castellón)…
Sus empresas pasaron de recibir 2,4 millones en ayudas públicas en 2020 a 38,5 millones en 2023. En paralelo a esta explosión de subsidios, Blanco reactivó en 2022 una sociedad en Panamá que administra desde 2012 con sus hijos. Actualmente participa en esas sociedades en España a través de una firma creada en Madrid en diciembre de 2021, Doce Blar SL, que a cierre de 2022 (último ejercicio del que presentó cuentas) tenía tres accionistas: él mismo (24,72%) y sus hijos Brais y Antía Blanco, con un 37,64% cada uno.
En ella César Blanco ejerce como presidente y consejero delegado y su hijo Brais Blanco es consejero y secretario. Este último fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia desde 2016, Miguel Santalices. Ambos liquidaron la empresa en 2021.
Y en mayo de este año, una empresaria del ocio nocturno en Vigo les relacionó con una extraña operación inmobiliaria en la que perdió propiedades millonarias por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta: “Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones”, contó a Faro de Vigo.
Reactivada
Poco después de crearse Doce Blar SL, en mayo de 2022, en Panamá se reactivó Blarsl Corp, constituida en 2012 y administrada desde entonces por César (presidente), Brais (tesorero) y Antía Blanco (Secretaria), los tres con domicilio en un chalé en Vigo. Cinco meses antes, la madrileña Doce Blar SL empezó a tomar el 100% de varias empresas de la familia en España.
Entre ellas, un nombre destacado en el listado de sociedades subvencionadas con al menos 100.000 euros que publicó recientemente Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, Monte Blanco Agraria Gallega SL, actual Moba Skill. Esta firma se creó en 2004 en Nogueira de Ramuin (Ourense), en la Ribeira Sacra, y cuya patronal local, Aenor, preside César Blanco.
En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de las elegidas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, que César Blanco administra desde que la creó hace 20 años.
El empresario se identifica en su perfil en LinkedIn como administrador en Academia Postal 3. Es diplomado en Empresariales, Informática de Gestión por la Universidad de Vigo, de cuyo Consejo Social es miembro desde 2012, primero a propuesta de la Xunta y desde 2021 a elección de las organizaciones empresariales.
A sus negocios con la formación o las agencias de colocación suma una amplia experiencia en el sector inmobiliario, con una franquicia de la cadena Re/Max en Vigo. De hecho Blanco presidió la patronal del sector en esa ciudad, Asemi. Miembro del comité Ejecutivo de la patronal Cepyme desde junio de 2014, también es vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), que aspiró a presidir hace una década.
Fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Baltar en Ourense. Como secretario ejecutivo de Formación, puso en marcha en 2011 su escuela de verano. José Manuel Baltar heredó la presidencia de la diputación en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre el todavía senador del PP, pendiente de juicio en el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora, siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.