La plataforma que recogió medio millón de firmas para llevar la iniciativa al parlamento teme que los límites que plantean algunos grupos políticos acaben con la intención inicial de la ley
Sumar anuncia un acuerdo con el PSOE para reactivar la iniciativa popular que regulariza 500.000 migrantes que viven y trabajan en España
La ley para la regularización extraordinaria de migrantes ha dado nuevos pasos en el Congreso esta semana. El acuerdo entre Sumar y el PSOE culminó este miércoles con el cierre del plazo para la presentación de enmiendas y los grupos parlamentarios han registrado su propuesta de modificaciones para empezar a trabajar el texto que llegó al Congreso gracias a consecución de 500.000 firmas. Sin embargo, parte de las aportaciones propuestas por los partidos, en concreto las de PP y PNV, han despertado las críticas de la campaña Regularización Ya, el movimiento ciudadano que está detrás del mayor impulso de la iniciativa.
El texto original de la Iniciativa Legislativa Popular apostaba por una regularización extraordinaria sin condiciones, que permitiese conseguir los papeles a aquellas personas que no lograban obtener la residencia debido a la dificultad para cumplir los distintos requisitos incluidos en la vía ordinaria. Ahora, algunas de las enmiendas presentadas por los grupos políticos añaden criterios para poder beneficiarse del procedimiento, como exigir contrato u oferta de trabajo, haber estado empleado previamente o ser solicitante de asilo, entre otros. La campaña Regularización Ya teme que la tramitación parlamentaria acabe con el enfoque original de su propuesta, dando paso a otro más “excluyente” y pide que las futuras negociaciones concluyan con el “respeto a la esencia” de la iniciativa.
“Lo más importante es que no se está entendiendo el carácter extraordinario de la iniciativa y algunas enmiendas añaden casi los mismos requisitos que por las vías ordinarias”, critica Victoria Columba, portavoz del movimiento ciudadano. “Lo diferente es la excepción, porque hay gente que no ha podido durante años conseguir los papeles por las vías ordinarias precisamente por la dificultad de cumplir los requisitos como, por ejemplo, presentar una oferta de contrato laboral”, añade.
“Nos preocupan especialmente los requisitos de carácter laboral: dejarían a mucha gente atrás”, apunta Columba.
Los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han añadido a la redacción del texto una serie de motivos que permitirían optar a la regularización, de manera muy genérica: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento que permita que las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, antes del 31 de diciembre de 2023, puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo por motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios”.
Esta enmienda no preocupa especialmente al movimiento Regularización ya, aunque sí reconoce que su falta de detalle podría derivar en “posibles requisitos” centrados en el ámbito laboral. Fuentes de Sumar aclaran que se trata de un texto genérico que pretende desbloquear la tramitación de la normativa y se trata de un punto de partida para negociar con el resto de fuerzas políticas. “Empezamos un periodo de negociación, en el que era necesario desbloquear la tramitación. Desde sumar, desde la flexibilidad, vamos intentar abarcar la multiplicidad de perfiles, pero todo dependerá de la aritmética parlamentaria”, sostienen las mismas fuentes, que defienden que desde su grupo parlamentario trabajarán por la inclusión del máximo de casuísticas posibles.
PP y PNV: peso de lo laboral
El planteamiento del Partido Popular vincula, salvo alguna excepción, la regularización con la presentación de un contrato de trabajo o algún otro tipo de actividad laboral, un enfoque al que se opone la campaña Regularización ya al considerarlo “utilitarista”. También excluye a los migrantes que tengan antecedentes penales, incluido si cuentan con más de un delito leve, lo que en la práctica puede excluir a algunos vendedores ambulantes que se hayan enfrentado a la justicia por procedimientos ligados a una de las pocas labores con las que pueden sobrevivir en situación irregular, lo que choca con la perspectiva del movimiento ciudadano.
Los de Alberto Núñez Feijóo sí incluyen en su enmienda a los solicitantes de asilo, sin aparentes excepciones, en el caso de que renuncien a su procedimiento de protección internacional a cambio de conseguir la residencia por esta vía extraordinaria. Esta puerta podría regularizar a cientos de miles de personas en España cuya demanda de protección se encuentre en proceso de tramitación.
En su enmienda, el Partido Nacionalista Vasco vincula la autorización de residencia con la existencia de un contrato de trabajo o algún tipo de actividad económica, sin excepciones. El grupo vasco presenta una propuesta muy detallada, con un gran número de casuísticas pero todos con el foco puesto en la incorporación laboral de los beneficiados, lo que a juicio de los principales impulsores de la iniciativa se aleja del objetivo humanitario de la misma y podría dejar a “mucha gente atrás”.
La modificación propuesta por Podemos, Bildu, Esquerra Republicana y BNG es la única que ha sido pactada previamente con los representantes de Regularización Ya. Se trata de un cambio en la fecha tope de llegada a España de los potenciales beneficiaros. Estos partidos plantean que podría optar a la regularización toda persona residente en España sin papeles desde la entrada en vigor de la ley, en vez del plazo anterior incluido en el texto de la Iniciativa Legislativa Popular que, por los dilatados plazos de su tramitación, ha quedado desfasado a juicio de sus impulsores.
Por último, Junts ha añadido como requisito que la ley para la regularización extraordinaria incluya una mención a una cesión de competencias a Catalunya en materia de inmigración por parte del Gobierno central. “El Gobierno estudiará una propuesta de regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español. Dicha propuesta será remitida a las Cortes para su valoración y, si procede, su aprobación, y deberá de tener en cuenta los cambios normativos que se produzcan, como es la transferencia de competencias en inmigración en el caso de Catalunya”, sostienen los independentistas.