París y Londres se han aupado a otra ola expansiva para sufragar sus servicios sociales, reconversiones industriales y los incentivos a la competitividad. Los renovados gabinetes del conservador Michel Barnier y del laborista Keir Starmer planean cuadrar las cuentas públicas elevando la tributación
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La cuadratura del actual círculo presupuestario no requiere de teoremas indescifrables. Las tesis neoliberales de austeridad andan de capa caída. No solo porque la comparación entre la salida del colapso crediticio de 2008 con ajustes draconianos y el trampolín fiscal y monetario que sacó de la Gran Pandemia de la recesión no aguante un asalto, sino porque sigue sin ser tiempo de nuevos corsés contables.
Los cheques de los servicios sociales, debilitado por políticas restrictivas de gastos sin castigos por las elusiones tributarias de grandes patrimonios y empresas, han ido en aumento debido a la creciente necesidad asistencial creada por la desigualdad entre ricos y pobres. Por si fuera poco, se ha instaurado como criterio económico la necesidad de emprender una urgente reindustrialización que devuelva a los mercados nacionales fábricas manufactureras esenciales como las de chips o centros de suministro de materias primas críticas como antídotos contra la reducida productividad que atenaza la competitividad y paraliza las economías.
Todo ello exige, pues, más recursos. Eso sí, sin llegar a la barra libre presupuestaria de la Gran Pandemia ni los estímulos monetarios de sus bancos centrales. Es decir, sin volver a la consigna dada por el FMI de gastar a discreción, pero guardando las facturas, durante la crisis sanitaria, las autoridades económicas se devanan en idear fórmulas que eleven los recursos públicos sin abandonar el objetivo, a medio plazo, del equilibrio presupuestario.
Francia y Reino Unido han tocado la tecla de la doble revisión de gastos e ingresos. Este último componente, el del haber contable, casi un tabú de la doctrina neoliberal -y más si el incremento recaudatorio procede de la presión fiscal de las clases pudientes- es el que sus gabinetes, ambos de nuevo cuño, aunque de distinto signo ideológico, se están planteando activas.
Francia grava la riqueza para atender el déficit y su deuda
El gobierno de Michel Barnier prepara una política económica con alzas impositivas a empresas y fortunas que implica el epitafio a las rebajas fiscales que instauró Emmanuel Macron hace siete años, cuando accedió al Elíseo.
El ex comisario y último negociador europeo del Brexit ha asumido un enorme reto. Sobre todo, porque las urnas dieron al Frente Popular una inesperada victoria con la que podrían intentar presentar alguna moción de desconfianza. Sin embargo, este político conservador, que tendrá el apoyo de la extrema derecha de Marine Le Pen, Francia no necesita ahora píldoras de austeridad. Barnier ha abierto el melón de elevar la presión fiscal a grandes fortunas y corporaciones para alumbrar “un presupuesto masivo” con el que restaurar la confianza inversora.
En una entrevista en France 2 descartó que la carga tributaria recaiga ni sobre la clase media ni los trabajadores, enfatizó la urgente reducción de la deuda gala, en el 112,3% del PIB, y reclamó “esfuerzos colectivos” para recortar gastos, sin mencionar a los servicios sociales. “Es necesario reparar la coyuntura, lo que no excluye a ricos, ni a empresas que funcionan correctamente”. Todos “deben contribuir”, añadió.
Quizás sea un guiño al bloque progresista para impedir que tumben su Ejecutivo. Pero la losa de sus pagos soberanos, de 3 billones de euros, el agujero fiscal del 6% -9 décimas por encima de la previsión oficial- con riesgo de sanción por “déficit y deuda excesivos” por parte de la Comisión Europea, y una economía en parálisis obliga a modificar la senda actual, admite Barnier. Dicho de otra forma, enterrar las rebajas fiscales a fortunas y empresas que fueron el signo de identidad de Macron. De hecho le valieron el apodo de “presidente de los ricos” entre sus detractores. Además, las medidas favorece que no han dinamizado la actividad ni han convertido a la segunda economía del euro en el refugio de las fugas masivas de capital de la City londinense tras el Brexit.
Estamos hablando de que se redujo del 33% al 25% el tipo de Sociedades, se aminoró la presión a la industria, se hizo permanente la exención fiscal por empleo a las empresas, se introdujo un tipo único del 30% sobre las rentas de capital y se sustituyó el intento de gravar a los grandes patrimonios por un tributo sobre activos inmobiliarios de más de 1,3 millones de euros. Este mapa tributario ha generado un descosido en las arcas estatales y creado la “emergencia” que admite la voz de auxilio de Barnier: Francia “está grave” porque a la montaña de deuda se suman pagos por sus intereses que “rebasan los 50.000 millones anuales” y porque la mayoría de los vencimientos “procede de los mercados internacionales”.
El propio mercado certifica la credibilidad perdida de Francia. “La cuestión no es cuánto tiempo sobrevivirá el Gobierno Barnier, sino en qué momento caerá”, alerta Benjamin Melman, de la firma Edmond de Rothschild, para quien “todo lo que avance será gracias al respaldo inversor”.
El espectro de Liz Truss
El fantasma de Liz Truss, la fugaz primera ministra británica que cayó en octubre de 2022, tras apenas 44 días en el cargo, por las presiones bursátiles y sobre la libra de unos fondos de capital que se conjuraron en desmontar el presupuesto de Downing Street con mega-rebajas fiscales a ricos y empresas y aumento del Estado del bienestar, sobrevuela ahora por la cabeza de Barnier, que fue testigo de la guillotina que se llevó la cabeza de su entonces interlocutora del Brexit.
El Institute Montaigne afirma que las recetas liberales de recortes fiscales de Macron han traído mayor desigualdad y drenado al Tesoro con 15.000 millones de euros. En un momento en el que apremia ahorrar 110.000 millones de euros con los que atender el endeudamiento de los años venideros y consolidar el déficit por exigencia del Pacto de Estabilidad de la UE.
El consenso de economistas galos se decanta por elevar al 35% el tipo único sobre las rentas de capital, un tributo temporal a los beneficios extraordinarios de las corporaciones, abandonado en 2022 expresamente por El Elíseo a pesar de los millonarios ingresos caídos del cielo a la banca y las energéticas, a los que, sin embargo, impusieron gravámenes socios europeos como España, Finalmente, restaurar el tributo a los ricos que, aunque sea testimonial, “aportaría al menos 15.000 millones de euros”, explica el think tank galo Terra Nova.
En Reino Unido, el traspaso de poder al laborismo otorga a su Chancellor of the Exchequer, Rachel Reeves, un auténtico as en la manga con el que abordar un cambio estructural de modelo económico. No es el único porque también puede jugar la carta de despegue de una economía -su PIB creció siete décimas durante el primer trimestre y seis en el periodo primaveral-. La OCDE sitúa el dinamismo de la economía británica por encima de la de Alemania, Japón e Italia este año y en 2025.
Reeves ha enfatizado que el presupuesto “será realmente ambicioso”, expansivo, garantista con el capital que precisa la descarbonización de su tejido productivo y con un marcado cariz social.
“Es momento de que el Tesoro pase de auditar los costes de las inversiones a reconocer también los múltiples beneficios” de unas cuentas expansivas. Pese a los 22.000 millones de libras -unos 26.400 millones de euros- de agujero que dice haber heredado del largo decenio tory. En teoría, con 16.000 millones adicionales del cambio de tratamiento inversor que baraja su equipo y que tendrá efectos balsámicos sobre la deuda, y otros 31.000 como aportación a las subidas fiscales a los ricos y empresas -y otros compromisos incluidos en el manifiesto laborista- con los que se añadirá “estabilidad financiera y se incentivarán las inversiones”.
Kamala Harris escucha los cantos de sirenas del Viejo Continente
El cambio de paradigma en Reino Unido parece del gusto de Stephen Phipson, CEO del lobby manufacturero Make UK quien asegura que el futuro presupuesto “atiende la reindustrialización como una pieza vital de la estrategia del dinamismo económico, productivo y competitivo”. En su opinión, “el presupuesto inversor” de Reeves “pone el énfasis en la prosperidad británica”.
A buen seguro que a Kamala Harris también le suena a melodía la música que llega del otro lado del Atlántico. En Reino Unido, Francia y España, si finalmente sale adelante la senda fiscal, un presupuesto expansivo para 2025 y un modelo de financiación que refuerce los escudos sociales y atienda el problema del acceso a una vivienda digna.
Esencialmente, porque cuadra con su programa económico demócrata que dice instaurará en sus “primeros 100 días de gestión” en caso de victoria en las presidenciales de noviembre y que se enfocará a la reducción de los costes y a espolear las oportunidades de las clases medias y bajas del país, a las que prorrogará las rebajas impositivas de 2017 de su rival, Donald Trump, más allá de 2025, cuando expira su vigencia. A cambio, va a incrementar la fiscalidad sobre las fortunas y las grandes corporaciones, cuyos beneficios sufragarían los 1,7 billones de dólares en los que sus propuestas engordarían el déficit de EEUU en diez años.
La candidata demócrata apuesta por otorgar créditos blandos para educación infantil de familias de rentas bajas que recibirían 2.000 dólares como tope al año para abaratar recetas médicas. Su compromiso en fiscalidad pasa por no tocar la presión sobre los ingresos inferiores a 400.000 dólares anuales, elevar del 21% al 28% el tipo de Sociedades y el máximo del IRPF desde el 37% al 39,5% y por establecer un gravamen único del 25% a las fortunas superiores a 100 millones que incluiría las ganancias de capital. Todo ello -enfatiza- “mejoraría la recaudación hasta los 5 billones el próximo decenio”. Harris también creará un fondo de 40.000 millones para estimular la vivienda nueva.