Los jueces de la instancia superior deberán resolver si el magistrado ha acatado los límites que ellos mismos le impusieron, si le ponen otros nuevos u optan por ordenarle cerrar el caso
La Fiscalía pide a la Audiencia de Madrid que tome medidas en la “causa general” del juez Peinado contra Begoña Gómez
La Audiencia Provincial de Madrid tiene en sus manos el futuro de la investigación emprendida por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. Este lunes, tres de sus magistrados resolverán los recursos presentados por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno y de la Fiscalía, que intentan poner fin a la causa contra Gómez o, en su defecto, poner límites a la “prospectiva” investigación que, consideran, desarrolla Peinado desde hace meses.
Los tiempos de la Justicia han obligado a que los recursos, presentados a principios de julio, no sean respondidos hasta ahora. Entre tanto, el juez Peinado ha aprovechado para desplazarse al Palacio de La Moncloa y preguntar al presidente del Gobierno si iba a declarar contra su esposa, algo de lo que le exime la ley. También en esta diligencia concreta, Peinado se sirvió de los tiempos judiciales: ordenó la toma de declaración de Sánchez con tan poco tiempo como para que no diera tiempo a que un recurso fuera resuelto por la instancia superior.
En sus recursos, la Fiscalía y la defensa de Gómez enumeran una larga lista de decisiones del juez que consideran no fundamentadas o directamente contrarias a la ley. La Fiscalía alude en su recurso a una “deriva procesal” basada en resoluciones que adolecen de “falsa de concreción” y que incurren continuamente en “generalidades”, dando pie a “una causa general” contra la mujer del presidente.
El abogado de Gómez habla, por su parte, de “causa universal”, una investigación sobre “la vida y obra” de la mujer del presidente. Se refiere a la advertencia del juez, en una de sus resoluciones, de que iba a investigar “todos los actos, conductas, comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial”. El letrado advierte: “No cabe una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático”.
Buena parte de los argumentos de la Fiscalía y la defensa contra la actuación de Peinado se centran en una resolución anterior de los mismos jueces que tienen ahora que responder a los dos nuevos recursos. La Audiencia Provincial avaló que la mujer del presidente fuera investigada, en respuesta a una rápida petición de archivo de la Fiscalía, pero los jueces circunscribieron los hechos sobre los que Peinado podía indagar a los contratos adjudicados por sociedades públicas a una empresa de Carlos Barrabés. Del resto de la querella de Manos Limpias que originó el caso dijo que, o era un bulo, o no había indicios de delito alguno.
Los recursos que ahora examina la Audiencia Provincial exponen que poco le importó al juez los límites que su instancia superior le impuso. Las diligencias dictadas han ido en el sentido de insistir, por ejemplo, en una supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea Air Europa durante la pandemia, algo de lo que la Audiencia Provincial descartó ya cualquier investigación por ausencia de irregularidad alguna.
El rescate de la aerolínea, que suscitó un amplio consenso por los efectos que estaba causando la pandemia en la economía y la relevancia de la compañía, resultó avalado este mismo viernes por el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador ha concluido que el Gobierno se ajustó a la normativa en la tramitación del apoyo financiero a empresas estratégicas para hacer frente a los efectos del Covid-19.
Por otra parte, los contratos con Barrabés sobre los que la Audiencia de Madrid dijo que se podían poner la lupa pasaron a ser competencia de la Fiscalía europea, que reclamó las pesquisas por tratarse de fondos procedentes de la UE. La instrucción de Peinado, dice la Fiscalía, “no se adapta a los parámetros” impuestos por la Audiencia Provincial, “ni tampoco comprenden ni justifican las diligencias que se acuerdan, ni el criterio decisor respecto de cuáles son los contratos analizados, ni la finalidad”.
Ampliación a la Complutense
En este momento hay tres investigados en la causa: Begoña Gómez, Carlos Barrabés y Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense. El juez Peinado ha ampliado la causa a la propia creación del máster que dirige Begoña Gómez sin que eso fuera objeto de la investigación. La imputación y citación de Goyache ejemplifica, para la Fiscalía, “la amplitud, generalidad y falta de concreción” de la investigación de Peinado.
Durante la primera comparecencia de Begoña Gómez, el juez informó a la investigada que había ampliado sus pesquisas a una querella presentada por otra organización ultra, en este caso HazteOir. Esta ampliación de la causa se produce, alega la Fiscalía, pese a que los hechos que denuncia HazteOir son los mismos que presentó Manos Limpias, por lo que resulta incompatible con un motivo de ampliación.
A través del recurso de la Fiscalía trascendió el pasado 10 de julio que existe un segundo informe de la Guardia Civil que descarta indicios de delito. Los contratos a la empresa de Barrabés “se han desarrollado con normalidad y bajo los principios que rigen los criterios de la contratación pública”.
La deliberación y fallo que dicten los magistrados María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés, de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, es uno de los hitos más relevantes de la causa en los próximos tiempos, siempre que Peinado no sorprenda después de conocer el resultado. Los tres jueces adoptarán una posición y uno de ellos, que actuará como ponente, se pondrá a redactar el auto, que podría estar listo a lo largo de la semana.
El otro que llegará es la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las querellas por prevaricación que han presentado contra Peinado la defensa de Begoña Gómez y la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno. De momento se desconoce cuando resolverá el Tribunal Superior de Madrid al respecto.