Las actas de la Comunidad Madrid sobre muertes en residencias: «No fueron admitidos en el hospital ni tuvieron paliativos»

Personal enviado por la entonces Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid visitó residencias durante las primeras semanas de pandemia de covid-19 en 2020 y reflejó en sus actas de inspección la dificultad de derivar a personas mayores enfermas a hospitales y la existencia de “criterios” de exclusión, así como el abandono en el que se encontraban los centros, según decenas de estos documentos que ha podido consultar elDiario.es.

Las actas estaban firmadas por la propia Consejería del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso y por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja o SAMU sobre visitas hechas a lo largo del mes de abril de 2020. “No ingresos hospitalarios”, “el personal auxiliar lleva dos meses durmiendo en la residencia”, “al llegar la ambulancia se niegan a hacer traslado por no cumplir criterios y fallece”, “no han sido admitidos en el hospital y no han tenido cuidados paliativos”, son algunas de las frases que quedaron registradas tras las visitas. Son documentos que desmienten lo que desde ese momento ha asegurado el Gobierno de Madrid: que no hubo protocolos para no trasladar a los residentes a centros hospitalarios. El responsable de la Consejería de Políticas Sociales en la primera ola de la pandemia dimitió el 2 de octubre de 2020 tras denunciar esos –supuestamente inexistentes– protocolos y calificarlos de “poco morales y posiblemente ilegales”. Más de 6.000 personas murieron esos meses en las residencias de Madrid.

La mitad de la plantilla

El 6 de abril, el personal de la Consejería visita una residencia con capacidad para 93 personas y con la plantilla a la mitad debido a las bajas médicas. En las últimas tres semanas, escriben, han tenido 20 fallecimientos: 18 con síntomas de covid, aunque sin confirmar, pues no tenían pruebas diagnósticas para hacerles. “No ingresos hospitalarios”, consta en el acta. Unos días después, en el barrio madrileño de Manoteras, la inspección certifica 160 enfermos en una residencia con 259 residentes y que ha tenido 23 fallecidos: “Último fallecido hoy, había autorizado traslado geriatra del centro hospitalario Ramón y Cajal y, al llegar la ambulancia, se niegan a hacer traslado por no cumplir criterios y fallece”.

Esas dificultades de comunicación y traslado a los hospitales aparecen en más actas. En una firmada por Médicos Sin Fronteras sobre un centro en la localidad madrileña de Colmenar Viejo el 13 de abril, puede leerse: “Hospital de referencia La Paz, la directora refiere dificultad para comunicar con ellos y falta de colaboración. La directora nos refiere que ha habido casos de pacientes que no han sido admitidos en el hospital y no hubo tratamiento paliativo por parte del centro”. El personal de la organización plasma la buena voluntad de la directora, pero también su “reticencia” a hacer más cambios y su enfado por el “abandono” en el que se han encontrado.

“Se confiesa agotada, desbordada y enfadada por abandono de residencias y llegada tardía de estas recomendaciones que han ocasionado la pérdida de residentes que no estaban en situación crítica de salud antes de la llegada de la pandemia”, escriben. El acta también subraya la limitación del centro para poder ofrecer cuidados médicos y de enfermería a las personas que allí se encuentran.

En una residencia situada en el área de Barajas, con 34 fallecidos en un mes, la enfermera dice a la inspección, que acude el 15 de abril, que durante el pico de casos “el hospital no aceptaba pacientes de la residencia”. Otra visita de Médicos Sin Fronteras a una residencia en el municipio de Arganda del Rey a finales de abril certifica 44 muertes entre marzo y abril, de las que 41 se produjeron en el centro. Explican que no fueron trasladados al hospital fue porque no era posible: “Respecto a las derivaciones al hospital, los no referidos es porque no tenían criterio de derivación en el hospital”, escriben. Cuando la organización acude hay 271 residentes y 92 personas de la plantilla están de baja.

En otro centro, esta organización constata que, hasta el día de la visita, el 11 de abril, no se habían aceptado derivaciones ni ambulancias. “Si la residencia consideraba el traslado lo tenía que hacer por su propios medios. El día que se realiza la visita se produce por primera vez una derivación aceptada en el hospital”, añaden. La visita a otra residencia encuentra que no han podido derivar a ningún paciente hasta el 27 de abril: “Consiguieron que aceptaran a dos residentes derivados tras muchas trabas (ambulancias se demoraron unas cuatro horas). Un residente falleció nada más llegar al hospital y el otro residente que no querían aceptar (buen estado de salud basal) fue aceptado cuatro horas más tarde. El hospital refería que aceptaban la derivación pero que lo iban a dar de alta en el mismo día”. Tres días después, el hospital ha facilitado una despedida con la familia y el paciente sigue hospitalizado “con muy mal pronóstico”.

“Exceso de mortalidad”

Las visitas sacan a la luz casos extremos, como el de un centro en la ciudad de Pozuelo en el que viven 39 personas, “un chalet que no reúne las condiciones necesarias”. “Habitaciones en su mayoría dobles y triples en espacios reducidos. Baños compartidos. No hay personal sanitario. Se están trasladando medios del hospital Puerta de Hierro para hacer seguimiento a los residentes. No se está dando la medicación prescrita, ni siquiera la han comprado. Falta de higiene y atención que pone en peligro a los usuarios. La falta de personal es manifiesta y es poco cualificado. Falta de medios materiales y oxígeno. Falta de limpieza”, puede leerse. La inspección deja por escrito que ha avisado a Sanidad “y que se debería trasladar a los residentes a otros centros”.

También el de una residencia en otra localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid, Las Rozas, con 361 usuarios, que el 12 de abril registraba ya 83 fallecimientos y que tenía a la mitad de sus auxiliares y personal de enfermería de baja. El acta habla de un “exceso de mortalidad relevante”: desde el primer fallecido el 23 de marzo han tenido cuatro muertes al día (el 19% del total de residentes), mientras que antes de la pandemia su media de fallecimientos era de 16 al mes.

“Se percibe estrés y desbordamiento tanto del director como en el personal. Estos últimos se ven desesperados porque no tienen ni formación ni información. No se están entregando EPIs [equipos de protección individual] al personal de limpieza o lavandería, que tienen contacto con objetos de pacientes positivos. Hasta la llegada de los resultados de los test hay 3 plantas con pacientes sin segregar por módulos o pasillos. El personal que trabaja en ellos utiliza el EPI de manera indiscriminada”, se describe en el acta, que incluye más detalles. Por ejemplo, que tanto la ropa como la comida de residentes se recogen y tratan de manera conjunta, sin distinción entre lo que procede de personas con síntomas y lo que no, o que los ascensores y otro material no se desinfecta y es utilizado por todo el mundo.

“Director del centro se muestra muy reticente a las opciones que le proponemos como plan de contingencia. Actitud totalmente cerrada al traspaso de pacientes de unas plantas a otras si fuera necesario. Negación a utilización de espacios desocupados para colocación de camas en el peor escenario posible alegando posible descontento de las familias”, concluyen.

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales registró en varias ocasiones y en distintos formatos una petición de información para acceder tanto al registro de llamadas al 112 como a las actas de las visitas que hicieron la Consejería y varias organizaciones. Para Morales, las actas son “un clamor” que demuestran “el abandono de las residencias” y la existencia de “los protocolos de la vergüenza”. “Si Ayuso hubiera permitido derivar a hospitales, muchos mayores se habrían salvado. Y los que no, habrían muerto con dignidad, porque ni medicación tenían para aliviar el sufrimiento. Por más que nos dificulte el acceso a la documentación, a la verdad, no hay mayoría que pueda tapar su barbarie”, asegura. A pesar de las peticiones, los retrasos para consultar la documentación son frecuentes y no se entrega copia ni se permite grabar o entrar con ordenador.

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid aseguran que las derivaciones se hicieron “con criterios clínicos marcados por los geriatras de enlace” y que han sido avaladas por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. “Se decidía caso por caso, no era un tema de protocolo”, subrayan.

Colapso

El colapso del personal de las residencias queda patente en las actas. El 9 de mayo, una visita de la Consejería a la residencia de un pueblo madrileño avisa: “El personal auxiliar lleva dos meses durmiendo en la residencia. Ahora comienzan a salir a sus hogares”. En el documento recomiendan un “operativo de evacuación” de los casos positivos –18 en un solo día– por la dificultad que tiene el centro para separar por zonas a quien tiene la enfermedad de quien no.

En un centro geriátrico de la ciudad de Leganés, la visita de la Consejería encuentra tres cuerpos sin retirar, uno de ellos desde el día anterior. “Organización de aislamiento en las habitaciones realizado hasta ahora no es la adecuada, estando repartidas las habitaciones de las personas con síntomas en distintas zonas de la residencia y con las puertas abiertas”, escribe. A comienzos de abril, el centro solo tiene operativos a siete de sus 16 auxiliares, a cuatro enfermeros (de seis) y un médico para 42 residentes. El material es escaso y está a punto de terminarse y, según consta en el acta, el personal no cumple con medidas y protecciones distintas para atender a quienes tienen síntomas de quienes no.

La Consejería fecha la visita a una residencia de un pueblo de Madrid el 10 de abril. Para entonces ha registrado 23 fallecidos y quedan 71 usuarios. “El personal no manipula los cuerpos de los fallecidos y cuando fallecen lo dejan en la habitación con la puerta cerrada hasta que llega la funeraria. Hay tardes y noches que no tienen enfermeras. Directora refiere que lo han pasado muy mal y emocionalmente se encuentran muy tocados”, se lee en el acta. El aislamiento de residentes se hace en las habitaciones “con puertas cerradas” pero los mismos profesionales atienden indistintamente a quienes no tienen síntomas y a quienes sí. El documento deja también constancia de la escasez de batas, mascarillas, calzas o gel hidroalcohólico: “Urge se les proporcione material necesario”.

El 15 de abril es el turno de un centro en Chinchón con 54 usuarios. “Salen del centro dos compañeras del centro de salud de Colmenar de Oreja. Cuentan que enviaron informe sobre este centro a la Consejería. Desde que comenzó la pandemia han intentado entrar en el centro en varias ocasiones y les han negado la entrada. Comunicación complicada. Ayer forzaron la situación y entraron. Se encontraron con que las auxiliares solo les habían hecho 10 test a los residentes y el resto estaban sin pasar porque no les había dado tiempo. 30 positivos salen. Demandan material urgente”, registran.

Médicos sin Fronteras visita una residencia en otra localidad del oeste, Pozuelo, el 18 de abril: aunque su capacidad es para 27 personas, en ese momento solo hay 12 residentes. “En caso de fallecimiento se deja en la habitación hasta que vaya la funeraria. En caso de compartir habitación lo bajan al garaje a un sótano que tienen en los almacenes (espacio no adecuado para guardar el cuerpo)”, escribe la organización. El uso de equipos de protección individual (EPIS) es muy malo, aseguran, ya que se utilizan por todas las zonas, también para atender a la paciente que es negativo en Covid y para entrar en la cocina. “Todo el personal hace de todo”, agregan, y mencionan también “la escasa e inadecuada higiene de manos”, que el personal no hace entre paciente y paciente.

“Dan los datos a mucha gente pero no reciben ayuda”

Algunas actas tan solo dejan constancia del personal que está operativo o de baja en el momento de la visita, del número de residentes o de fallecidos. Por ejemplo, el documento sobre uno de los centros que un grupo privado tiene en varias localizaciones de Madrid fechado el 13 de abril registra 48 fallecidos hasta ese día: de la capacidad total de 170 personas hay ahora 105 residentes, de los que 58 se encuentran, dicen, en “zona roja”. “Un cuerpo pendiente de recoger”, escriben en el acta, que también refleja la necesidad de material del centro.

El 28 de abril, una residencia de Brunete con capacidad para 248 personas registra ya 73 fallecimientos: 64 en la residencia y 9 en el hospital. “Médica dice que se han sentido muy solos y desbordados. La Comunidad no les ha facilitado los test, los han conseguido por la empresa. Han estado mes y medio con personal bajo mínimos”, reza el acta, que refleja la baja en ese momento de 18 de las 80 auxiliares con las que cuentan.

“Baños compartidos que no permiten el aislamiento. Falta de personal manifiesta y poco cualificado. Falta material y oxígeno”, dice el acta del 9 de abril de la Consejería sobre un centro madrileño que en ese momento está ocupado por 40 personas, de las que 25 tienen síntomas. De sus 25 auxiliares, solo 15 están operativos esas fechas. El 5 de abril, en una residencia que acumula 42 fallecimientos y en la que dos cuerpos esperan a ser recogidos mientras la mitad de la prácticamente la mitad de la plantilla está de baja, una trabajadora atiende nerviosa la visita de la Consejería. El acta deja constancia de sus palabras: “La persona que nos atiende está muy estresada y repite constantemente que han dado los datos a mucha gente pero que no reciben ayuda”.