El escándalo de la FP incluye contratos fantasma, facturas troceadas y órdenes de guardar silencio, un caso que el PSOE ya denunció en julio ante el Ministerio Público
Las claves del escándalo de FP que acecha al Gobierno de Ayuso: contratos fantasma, facturas troceadas y orden de guardar silencio
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha llevado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una serie de documentos relacionados con el escándalo de la FP del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Más Madrid ha aportado a la instrucción, abierta por la Fiscalía hace meses y a la que también se sumó el PSOE, 342 contratos sospechosos de haber sido troceados o adjudicados a dedo y de evadir la Ley de Contratación Pública.
Los nuevos indicios aportados por la líder de la oposición y su equipo suponen alrededor de 6 millones de euros repartidos entre 342 contratos adjudicados a 11 proveedores distintos. La documentación entregada por Más Madrid comprende el período entre 2019, cuando el exconsejero Enrique Ossorio y Ayuso llegaron al Gobierno, y 2023, cuando terminó su segunda legislatura y Ossorio quedó fuera del ejecutivo para ocupar el actual cargo como Presidente de la Asamblea de Madrid.
Bergerot, acompañada de los diputados Hugo Martínez y Beatriz Borrás, ha denunciado que los contratos no son casos aislados y que se trata de un “modus operandi del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para llevarse el dinero público de los madrileños”. La portavoz ha aprovechado para recordar que el dinero público que presuntamente se ha llevado la Consejería de Educación habría servido para evitar que 50.000 jóvenes madrileños se quedaran sin plaza en la Formación Profesional.
Un escándalo que va creciendo
El escándalo de la FP del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso salió a la luz a raíz de una investigación realizada por elDiario.es que apunta a la construcción de al menos ocho centros de Formación Profesional y Formación de Profesorado sin contratos oficiales, fuera del presupuesto y sin los controles económicos requeridos.
Para evitar auditorías, se fraccionaron los pagos en facturas menores de 40.000 euros, simulando contratos independientes y usando fondos de los propios institutos. Este procedimiento llevó a la Fiscalía a investigar posibles delitos de corrupción, incluyendo el de prevaricación. Dos de estos centros, el de Ciudad Escolar y la Escuela de Arte Alcalá, utilizaron este sistema para obras millonarias, y los pagos fueron repartidos entre varias cuentas de instituciones públicas.
El caso comenzó cuando el constructor del centro de Ciudad Escolar denunció que no se le había pagado, lo cual destapó el mecanismo utilizado por la Consejería de Educación. A raíz de esto, la Fiscalía ha abierto investigaciones y varios responsables de menor rango han sido cesados, mientras que figuras claves del gobierno regional durante la adjudicación de los contratos han evadido la responsabilidad. En este sentido, Bergerot ha exigido que Enrique Ossorio, Consejero de Educación en ese momento, y Rocío Albert, Viceconsejera de Política Educativa, den todas las facilidades para esclarecer los hechos y que se haga justicia.