Cuando jóvenes y jubilados gallegos se unen para compartir escalera y hacer tribu frente a la depredación urbanística

La vivienda colaborativa -bien con proyectos intergeneracionales o como alternativa a las residencias de mayores- ofrece una respuesta conjunta a problemas como el precio de los pisos, la crisis de los cuidados o la amenaza de la soledad no deseada

Menos de 300 pisos para 16.000 estudiantes: la lucha por encontrar alojamiento en el Santiago universitario

Son dos de los principales problemas de la sociedad: los precios incontrolables de la vivienda, que afectan sobre todo a los jóvenes y la dificultad para obtener plaza en una residencia, una gran preocupación de los mayores y de sus familias, que en muchas ocasiones se ven imposibilitadas -por tiempo, dinero o ambas- para darles la atención que necesitan. La misma que precisan las familias con hijos pequeños ante una conciliación que es un circo de tres pistas cuando no se convierte en algo imposible. A esto sumamos otro factor: la soledad no deseada, que sufren sobre todo jóvenes de 18 a 24 años (un 34,6%, según el barómetro elaborado por las fundaciones ONCE y AXA) y mayores de 75 (20%). Ante la falta de respuesta institucional, las alternativas llegan de abajo a arriba. Y la vivienda colaborativa, que permite huir de un mercado inmobiliario enloquecido, al tiempo que facilita crear comunidad y compartir los cuidados tanto de mayores como de pequeños, es una de ellas.

“La vivienda colaborativa no es algo novedoso a nivel global, pero en Galicia llegamos más tarde”. Carmela Cons es una de las socias de la cooperativa Alvariza, un proyecto que busca levantar una comunidad intergeneracional en un radio de 20 kilómetros desde el centro de Santiago de Compostela. El propio nombre de la iniciativa es un reflejo de su filosofía. En gallego, alvariza designa a un conjunto de colmenas, que pueden estar o no dentro de un recinto cerrado.

Cons defiende que este modelo permite un acceso a la vivienda “más fácil” que el del mercado libre. “No hay animo de lucro, lo que se paga es el coste real de la construcción y de los servicios con los que se cuente”. Una facilidad que aumenta si las administraciones se implican con una “cesión de superficie”, lo que evitaría tener que comprar un terreno o un edificio para rehabilitar.

“Este modelo evita la especulación porque la cooperativa nunca desaparece”. Carmela es propietaria de una vivienda que compró como parte de una cooperativa tradicional. “En esos casos, una vez finalizada la construcción, cada cooperativista se convierte en propietario. Aquí, no: nunca hay división horizontal, el socio posee un derecho indefinido de uso pero la propietaria de todo lo construido es la cooperativa”. Con pequeñas variantes, éste es el modelo extendido.

“Aparte del acceso a la vivienda, el eje del proyecto es establecer un tipo de convivencia donde la vecindad esté implicada, tanto para sostener los servicios comunes como las relaciones. Queremos ser una comunidad intergeneracional, que haya familias, niños, crianza… y colaborar en ese tipo de cosas: facilitar la conciliación, los cuidados… La riqueza de la vecindad que yo recuerdo de cuando era niña”.

Se une a la conversación otro de los socios de Alvariza, Xosé Manuel Louzao. “Carmela vivió esto en su infancia y yo también lo viví en la mía. Por eso nos juntamos aquí para crear un tipo de vivienda y de vecindad que no hay. Hablemos de familia o hablemos de tribu, que es una tradición que viene de mucho más atrás”.

El Club de la Calceta

No es casual que Xosé Manuel hable de tribu. Durante su infancia y juventud fue un destacado dirigente de la Cidade dos Muchachos de Benposta, en Ourense, aquella comunidad gobernada por niños bajo el ala del cura Jesús Silva. Carmela -como él, también jubilada-, fue una docente vinculada al movimiento de renovación pedagógica Nova Escola Galega. “En Alvariza hay mucha presencia de la enseñanza y una mayoría de mujeres. Unas cuantas viven en pareja con un hombre, pero él no se hace presente en el trabajo de sacar esto adelante…”.

De hecho, ésta -y no será el único caso- es una idea de mujeres. “Cuando empezamos éramos cuatro amigas desde hace mil años que hablábamos de lo que nos gustaría acabar formando parte un sitio al que nos referíamos como O albergue do Club da Calceta”, inspirado en el libro de María Reimóndez, un pequeño fenómeno de ámbito gallego que contó con adaptación al cine y al teatro.

“Vamos a construir algo en lo que, además de vivir juntas, podamos organizar actividades y ofrecer servicios que también nos sirvan a nosotras”. En 2019, “en Siracusa, delante de una copa”, decidieron que había llegado el momento de convertirlo en realidad. Hoy ya son una veintena de personas las que se han unido a su club.

“Empezamos por la filosofía”, tercia Xosé Manuel. “Antes de fijar las normas, hablamos de que es lo que entendemos por vivir juntos. A partir de ahí, se elaboró nuestro contrato social”.

Pero los problemas llegaron a la hora de dotar de materia esas ideas. “La búsqueda de suelo puede parecer algo fácil, pero es supercomplicadísimo” por la dificultad de que en ese terreno encaje la vivienda colaborativa. “Si el suelo es rural, sólo se puede construir vivienda unifamiliar sin espacios para usos comunes. Si es urbano, aparte del precio, está el índice de edificabilidad”.

“Lo que estamos encontrando es que se necesita modificar puntualmente los planeamientos urbanísticos, pero ante la falta de experiencias previas hay mucho miedo a meter la pata y los ayuntamientos andan con pies de plomo”.

Olvidarse del coche

Esa ubicación deseada en un radio de 20 kilómetros desde la Praza do Obradoiro debe incluir que sea “fácil acceder a servicios como hospitales o colegios, sin que sea imprescindible tener coche”, algo especialmente exigente en una comunidad con grandes problemas de transporte público fuera de las ciudades.

Alvariza ha encontrado un suelo en el rural de Santiago de Compostela, sin salir del término municipal, y ahora están estudiando las posibilidades de un cambio de uso puntual. “No hemos tenido una mala acogida, pero ya nos dijeron que hay que consultar y completar para ver ese interés social”.

Si finalmente compran este solar sin ayuda institucional, el cálculo para cada cooperativista partiría de los 150.000 para una vivienda de una única habitación y a partir de ahí iría creciendo. “Necesitamos por lo menos 3.000 o 4.000 metros cuadrados para levantar una treintena de viviendas con sus espacios comunes: comedor, cocina para quien quiera usarla, sala de reuniones, biblioteca, fisioterapia…” sin olvidar los espacios abiertos -“huerto, jardín, patio”- para que los mayores practiquen ejercicio y los pequeños puedan jugar, además de servir como punto de encuentro con otros vecinos del entorno.

Este sábado 28 celebraron un evento de presentación en el que buscaban, sobre todo “interesar a menores de 55 anos” ya que “los pequeños ganamos por goleada”, ironiza Louzao. “Los necesitamos para nivelar esto y que tenga continuidad”, añade antes de admitir que “son quienes más necesidad tienen, pero no tienen dinero”.

“Una de las ventajas de la intergeneracionalidad es que los que tenemos más edad, también tenemos más recursos”, interviene Carmela. “Sin regalar nada, podemos ayudar a paliar ese impacto que supone meterse en un compromiso económico; podemos adelantar el dinero, buscar medidas solidarias…”. “Es un pilar de nuestra filosofía que nadie quede atrás por esa razón”, completa Louzao. “Es lo que llevo buscando desde que era un chaval, desde que tengo uso de razón”.

Un tercio de vivienda privada, un tercio de pública y un tercio en cesión de uso

“La vivienda colaborativa es un modelo desconocido para la administración”. Mariola Pazos, de la consultora especializada Agrelar, asesora a proyectos como el de Alvariza, “grupos semilla” de un modelo en expansión. El primer escollo es que “no existe” la figura de cooperativa de viviendas en cesión de uso. “Las cooperativas tradicionales no se corresponden con éstas porque, en realidad, se crean para la promoción de viviendas”. Así que mientras se trata de conseguir un cambio en la ley de cooperativas, toca improvisar. “Sin salir de Galicia, en una provincia te dicen una forma y en otros te permiten otra”.

“Están intentando registrarse como cooperativas de consumo, porque consumen, suelen contar con servicios energéticos y a nivel fiscal ayuda”. Tampoco es sencillo conseguir un crédito, porque “no son propietarios de la vivienda” -lo es la cooperativa- y “el socio no es el responsable”. Ante la falta de seguridad jurídica, la respuesta se limita a la banca ética y poco más. “Por eso el marco legal es fundamental, para dar esa seguridad jurídica y financiera”.

Agrelar forma parte de La Germinadora, una incubadora de proyectos de covivienda impulsado desde Catalunya por Perviure, las pioneras en el sector, y que desde este octubre comienza a funcionar en el ámbito estatal. “Catalunya es un referente, pero la Comunitat Valénciana también tiene una ley específica de viveinda en cesión de uso; en Navarra están haciendo cambios; en Asturies en el campo de los servicios sociales, en Canarias… se están dando esos pasos, por eso el Ministerio también está interesado”. Pero Pazos ya advierte: “Todo lleva su tiempo, hay que cambiar mucha normativa”.

Los expertos dicen que el parque debería estar formado por “un tercio de vivienda privada, un tercio de vivienda pública y un tercio en cesión de uso” y ahí es clave el papel de la administración. Una de las posibilidades es la cesión de suelo o inmuebles. “Se hace un derecho de superficie. El superficiario tiene derecho a usarlo durante el plazo que se convenie -que por ley es un máximo de 99 años- y después lo devuelve al ayuntamiento, que cedió un solar y ahora recupera un centro”.

Pero ésta es sólo una de las propuestas que Pazos presentó a la Mesa Galega da Vivenda. Hay múltiples fórmulas para que los gobiernos locales pueden colaborar con estas iniciativas: desde la divulgación de los proyectos y la creación de una mesa municipal de participación hasta dar apoyo técnico especializado. También, fomentar la creación de cooperativas, reservar suelo o viviendas en los nuevos desarrollos urbanos o bonificaciones fiscales y ayudas específicas.

Como fondo, el envejecimiento activo se muestra como una constante y la necesidad de “buscar un modelo que no sea una residencia”. “La pandemia nos lo dejó claro y, si no, es de sentidiño: alguien de 70 años no es como eran nuestros abuelos; sin embargo, la administración se quedó muy atrás. La Xunta está haciendo campañas diciendo que somos como Japón, por el número de centenarios. El objetivo tiene que ser que esa gente tenga calidad de vida y, hoy, meterse en una residencia no la da”.


Primer encuentro de LarLilás en Abegondo (A Coruña), en 2022

LarLilás: la “aldea de viejos” frente a la macroresidencia

Un caso particular es el de LarLilás, una asociación sin ánimo de lucro nacida para construir su propio xubilar: el lugar donde los asociados pueden pasar los últimos años de su vida de la forma en que elijan. Frente a propuestas intergeneracionales como la de Alvariza, la suya es “una aldea de viejos”, alternativa a las residencias tradicionales. Por eso, no se ven afectados por la Ley de Vivienda ni la de Cooperativas, lo que les permite, por ejemplo, que un ayuntamiento recalifique un suelo rústico para convertirlo en dotacional, ya que eso es lo que quieren crear: una dotación de carácter sociosanitario, con instalaciones apropiadas y personal contratado. La inversión se eleva a los 20 millones de euros.

El primer intento de encontrar un lugar, una parcela “magnífica” en Abegondo, a 30 kilómetros de A Coruña, salió mal. El ayuntamiento les cedía el terreno a condición de que revirtiese para el municipio 70 años después. Dijeron que no, porque su objetivo es que las casas sean siempre propiedad de la asociación. Meses después de aquel revés, LarLilás ha encontrado su lugar en un sitio cerca, a unos quince kilómetros, y con nombre parecido: Bergondo, en la costa coruñesa. Allí, en una ladera sobre el cauce del río Maior, el que desemboca en la localidad vecina de Sada, se proyecta una construcción que esperan tener finalizada en 2029. El objetivo es levantar 140 viviendas de dos plantas y todos los equipamientos que puedan necesitar para su envejecimiento activo. Ahora mismo, hay 120 asociados, pero el objetivo es alcanzar los 200.

“Esto es una respuesta ciudadana ante la inercia y la desatención de la administración y los políticos”. La sentencia cobra más cuerpo si la pronuncia la que fue directora xeral de Igualdade en la Xunta del bipartito, entre 2005 y 2009. Ana Luísa Bouza es una de las socias de LarLilás y a ella le toca, en esta ocasión, ejercer como portavoz. “¿Qué necesidad tenemos nosotras de meternos en este fregado, gastar nuestro tiempo y nuestra energía, cuando quien debería hacerlo es la administración? ¿No iban a reorientar las residencias después de la pandemia…?”. Con humor, Bouza destaca que el proceso “desesperante” de pelea con las administraciones sirve, en sí mismo, como un “mecanismo de envejecimiento activo”.

La idea perseguía desde tiempo atrás a un grupo de “mujeres de la cultura”, entre las que Bouza señala a dos premios nacionales: la poeta y periodista Ana Romaní (Premio Nacional de Periodismo Cultural) y la actual presidenta de la asociación, Nieves Rodríguez Brisaboa, Premio Nacional de Informática. Pero fue, precisamente, el covid quien les dio el empujón definitivo: “En la pandemia vimos cómo podíamos acabar, y no lo queremos: queremos garantizar que nos van a cuidar dignamente”. Hay otro argumento de peso, la constatación de que hay grupos de personas que “no son bien tratadas en las residencias normales”: personas pertenecientes al colectivo LGBTI o personas solas que no tienen parientes que se preocupen por sus cuidados.

“Por eso, detrás de LarLilás hay un ideario: somos feministas, de izquierdas, amigables con el colectivo LGBTI… Ya dijimos que no a bastante gente que no comparte nuestro ideario”. Bouza todavía apunta una tercera razón: “no queremos depender de nuestros hijos, no queremos cargarlos con un peso que muchas de nosotras ya tuvimos que vivir con nuestros padres”.

Además de por los cuidados, la “aldea de viejos” de la que habla apuesta por “vivir en colectivo” y por eso se diseñarán muchos espacios comunes: biblioteca, comedor, “en las propias casas, los lugares de paso son lugares de convivencia…”. “Una de las cosas que tiene que tener toda residencia es un mortuorio. Pues bien, nosotros le hemos llamado así, Mortuorio, al pub de la futura comunidad. Será un espacio multiusos”, afirma entre risas.

Bouza habla con total normalidad del diseño de un lugar pensado para envejecer y morir. “Aquí vamos a palmar”, dice, sin medias tintas. La mentalidad científica del grupo ha permitido crear un sistema para gestionar la edad de los futuros habitantes. Cuando la comunidad exista, se puede leer en su web, habrá que tener menos de 70 años para asociarse. “Con esa restricción, la esperanza de vida actual y la distribución de edades, tendríamos nueve fallecimientos al año, que se cubrirían con 9 personas nuevas de menos de 70 años. De este modo, la distribución se mantendría estable, minimizando el número de personas que tengan, al mismo tiempo, problemas de dependencia”.

“¡Ésta es la comuna hippie a la que quería ir a vivir cuando era joven!”. Si nos ceñimos al ideario, esa frase de una compañera de Bouza parece ajustarse como un guante a LarLilás; sin embargo, la realidad será más estricta. A ella le toca el reglamento de régimen interno y, otra vez con humor acerado, asegura que se parecerá mas “al de un internado o una cárcel” que al de una comuna. Cada detalle exige máxima atención. “Un ejemplo: ¿vamos a poder llevar mascotas? Esto no es lo mismo que decidirlo cuando eres joven y tienes hijos pequeños. Esto es un cementerio de elefantes”. Por eso, como tantos otros asuntos, es una materia delicada, ya que “aquí pretendemos afrontar una vida comunitaria, no meterte en tu habitación y esperar que llegue el final”.

Publicaciones relacionadas