Los seis representantes de la conservadora Asociación de Fiscales y el vocal de la APIF consideran “no justificada” la nueva unidad de delitos contra la Administración Pública y alertan de un posible solapamiento de funciones con Anticorrupción
Las 31 medidas del plan de regeneración del Gobierno: de la reforma de los secretos oficiales al plan de medios
La mayoría del Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, se ha opuesto este miércoles a la creación de una de las dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado centradas en la lucha contra la corrupción que pretende poner en marcha el Gobierno, han informado fuentes fiscales a elDiario.es. La creación de estas unidades —una sobre Delitos Económicos y otra sobre Delitos contra la Administración Pública— es uno de los compromisos del llamado Plan de Regeneración.
Los seis representantes de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han posicionado en contra de la creación de la unidad especializada en delitos contra la Administración Pública. A su juicio, su constitución no está “justificada” y puede producir un “solapamiento de funciones” con la Fiscalía Anticorrupción, un órgano especial centrado en los principales casos de corrupción y que, a diferencia de las unidades especializadas, sí tiene función jurisdiccional.
En consecuencia, se ha aprobado por mayoría un texto que corrige, en parte, el proyecto del Gobierno, de acuerdo a las fuentes consultadas. Los tres miembros natos —el fiscal general; la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite— y los dos representantes de la de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han anunciado que formularán votos particulares. Además, el representante de la APIF, Salvador Viada, formulará otro voto particular al estar también en desacuerdo con la creación de la unidad sobre Delitos Económicos.
El Gobierno, según un recoge un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 31 de julio, considera “imprescindible” la creación de estas unidades especializadas para “continuar con la necesaria especialización de la carrera fiscal” con el objetivo de “mejorar la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente, frente al fraude a la Hacienda Pública y a la corrupción pública”.
En ese mismo documento, el Ejecutivo defiende que “es preciso ampliar a toda la estructura territorial de la carrera fiscal la especialización en estas materias” para “lograr una verdadera y efectiva lucha contra la corrupción y los delitos en los que existe menoscabo del erario”. La propuesta de real decreto prevé crear una plaza de Fiscal de Sala de Delitos Económicos y una plaza de Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, así como dos plazas de fiscales adscritos de la segunda categoría en cada caso.
Fuentes fiscales afirman que el objetivo es que el trabajo de estas unidades especializadas discurra en paralelo al de la Fiscalía Anticorrupción, que sí tiene función jurisdiccional. Explican que estas unidades especializadas no llevan casos concretos y se encargan de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional en relación a algunos delitos concretos y unificar el criterio a seguir.
Por ejemplo, ya existen en materias como violencia sobre la mujer, seguridad vial, medio ambiente o criminalidad informática. Fuentes fiscales detallan que las nuevas Fiscalías de Sala se enfocarán principalmente en los casos de corrupción que se puedan dar en el ámbito local, mientras que las grandes causas seguirán siendo responsabilidad de Anticorrupción.