El partido de Puigdemont aboga por «garantizar que la diversidad se gestione en el marco de la catalanidad» en la ponencia política de su congreso de octubre
Puigdemont no ejercerá de líder de la oposición y pide a Junts «mantener en tensión» a Illa
“El debate sobre la inmigración es el debate más importante sobre el futuro de nuestro país”. Con esta frase inaugura Junts el primero de los apartados de la ponencia política que debatirá en su congreso de finales de octubre. Las 155 páginas del documento sirven para rearmar a la formación de Carles Puigdemont como un partido de derechas, con especial énfasis en el debate migratorio (pese a reconocer que no es un problema generalizado para los catalanes). La propuesta estrella de la ponencia es la definición de un “modelo catalán de ciudadanía” para los migrantes.
Junts afronta su congreso como primer partido de la oposición en Catalunya y con una llamada de su líder, Carles Puigdemont, a ser “la alternativa” a Salvador Illa. La formación no es ajena a las corrientes europeas que han llevado a varios partidos liberales y de derecha tradicional, e incluso a algunos socialdemócratas, a enredarse en el debate identitario y a un endurecimiento de posiciones en inmigración para intentar contener la fuga de votantes hacia la extrema derecha. Los resultados de esta táctica en el continente han sido más bien desiguales.
En el caso de Junts, la preocupación tiene por nombre Aliança Catalana, la formación de ultraderecha independentista. Los de Puigdemont critican en su ponencia el “nacionalpopulismo”, en referencia implícita a los de Sílvia Orriols, al tiempo que reivindican “fomentar el debate de ideas para combatir el pensamiento woke y el nacionalpopulismo”, a los que ven como “dos caras de la misma moneda”.
La comparación entre la ponencia aprobada en el congreso de Junts de 2022 y la propuesta para el cónclave de este mes constata el giro en materia migratoria. Tras la irrupción en el Parlament de Aliança Catalana, Junts reclama establecer un “modelo catalán de ciudadanía”, del que no hablaba hace dos años, para las personas migrantes, a las que exige “deberes claros” y ofrece “derechos inclusivos” vinculados, en primer lugar, al conocimiento de la lengua catalana.
El lenguaje y la delimitación del terreno para hablar de inmigración son distintos en solo dos años. En 2022 Junts ensalzó entre sus objetivos “la diversidad” y abordar los flujos migratorios de forma “inclusiva y en procesos comunitarios y dialogantes”. La nueva ponencia, en cambio, apuesta por “garantizar que la diversidad se gestione en el marco de la catalanidad”.
Ese “modelo catalán de ciudadanía”, ahonda el documento, debe pivotar sobre “una cultura y una lengua de obligado conocimiento”, pero también sobre “una serie de valores cívicos vinculados a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo o la igualdad de género”. El documento se centra en cuestiones de identidad y evita vincular migración y delincuencia como han hecho en el pasado algunos alcaldes de Junts.
La formación reclama “establecer un criterio homogéneo sobre los derechos y deberes que se desprenden de estar empadronado” así como “fijar directrices”, que no se concretan, para “reordenar mejor las políticas de acogida e integración”, incluidas las ayudas sociales. En materia lingüística, Junts destaca que los inmigrantes deben poder acceder a clases de catalán gratuitas todos los días de la semana, al tiempo que les señala su “deber de aprenderlo y acreditarlo en un periodo de tiempo razonable”.
Además de reclamar de nuevo el traspaso completo de competencias en inmigración pactado con el PSOE, Junts esboza el uso que haría de las mismas en caso de gobernar. Para el partido de Puigdemont, la nueva Agencia Catalana de Inmigración tendría que “fijar cuotas” así como establecer “las condiciones de llegada, acogida e integración” de las personas que lleguen a Catalunya, unos extremos que no aparecían en la ponencia de 2022.
“Un modelo que combine condiciones razonables, claras y conocidas para acceder primero a la residencia y después a la plena ciudadanía, con derechos y deberes asimilables funciona mejor que otras alternativas”, asevera la ponencia. El motivo, continúa el documento, estriba en que el modelo que propone Junts “facilita la integración social y rebaja las tensiones en la sociedad de acogida, que percibe orden y predictibilidad, sin generar un efecto llamada”.
Todo ello pese a que, en la propia ponencia, el partido reconoce que según las encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) la inmigración “no ha sido uno de los principales problemas de los catalanes”. A renglón seguido, el partido agrega que “en los últimos años hay un aumento de encuestados que señalan como problema la inmigración”. En el último barómetro, eran el 8%. El partido no aborda si la extrema derecha independentista y la priorización reciente de Junts de la cuestión migratoria pueden ser las causas de este crecimiento.
Menos impuestos
El giro en materia migratoria es el más relevante de la ponencia política de Junts. En vivienda, el partido también confirma en el documento la vuelta a posiciones clásicas. De votar a favor de la regulación de precios del alquiler, Junts pasa a reclamar “eliminar el actual caos regulatorio” y priorizar los incentivos fiscales para ampliar la oferta, además de construir más viviendas de alquiler social.
En materia económica el partido profundiza su tradicional política liberal en materia fiscal y apuesta por una rebaja generalizada de impuestos. Si en 2022 tan solo concretaba la rebaja en los tipos máximos de IRPF (del 50 al 45%) y se dejaba a debate la “conveniencia” de suprimir otras figuras, ahora la apuesta por los impuestos bajos es total.
Así, el partido pide rebajar los tipos máximos de IRPF “al nivel de las comunidades autónomas donde son más bajos”, así como reducir los tipos a los tramos inferiores a 33.000 euros. Junts también quiere rebajar el impuesto de sociedades de las pymes del 20 al 15% para aquellas empresas que “potencien la innovación y reinviertan beneficios”.
En la línea con las políticas fiscales más agresivas del PP, Junts apuesta por suprimir el impuesto de sucesiones, que considera “injusto para las clases bajas y medias”, pese a que la evidencia científica demuestra que es uno de los impuestos más progresivos. El objetivo de “redistribuir la riqueza” sí aparecía de forma explícita en la ponencia de 2022, pero ya no lo hace en la actual.