El Gobierno de Ayuso acusa a la oposición de “retorcer el dolor de las familias” por recordar las actas sobre muertes en residencias

La diputada socialista, Lorena Morales, ha leído en la Asamblea de Madrid el contenido de las decenas de actas y llamadas al 112 desveladas por elDiario.es en las que se constata el abandono en el que se encontraban los centros

Las actas de la Comunidad Madrid sobre muertes en residencias: “No fueron admitidos en el hospital ni tuvieron paliativos”

Los protocolos que impidieron derivar a los ancianos durante lo peor de la pandemia han vuelto a protagonizar un cara entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición. La diputada socialista, Lorena Morales, ha leído en la Asamblea de Madrid el contenido de las decenas de actas y llamadas al 112 desveladas por elDiario.es en las que se constata el abandono en el que se encontraban los centros.

“He llamado esta mañana varias veces porque se están muriendo como chinches. No hay personal, no dan abasto. Por favor, vayan ya porque se van a encontrar a los 180 ancianos muertos. Nos está diciendo la residencia que ni les llama nadie ni les están dando material”. Estas fueron las palabras de la hija de un usuario de la residencia en Sanchinarro el 24 de marzo del 2020 cuando contactó con el teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid. 

“Me rompió el alma escuchar las llamadas y el dolor de las familias”, ha replicado este jueves Morales, que ha lamentado que “Ayuso le robó el derecho a la asistencia sanitaria a miles de mayores en las residencia, dejándoles morir de forma cruel”. “Me dirá que retorcemos el dolor de las familias. Eso lo hacen ustedes, que impiden que se investigue y encima se burlan de los profesionales de la comisión ciudadana”, ha añadido.

Como aventuraba la diputada socialista, la consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, ha insistido en que el único fin de la representante de la oposición es “retorcer el dolor de las familias y de los profesionales”. “Es repugnante”, ha insistido la política del PP, que para replicar en su turno de intervención ha leído una serie de cartas de agradecimiento que han recibido trabajadores de residencias. Dávila no ha especificado cuándo se produjeron esos gestos de gratitud, si durante o ya después de la pandemia. 

“7291 mayores nos faltan, 7291 razones para que dimita Ayuso”

Según Dávila, familiares de residentes han enviado cartas a empleados de centros de mayores reconociendo que son “profesionales de diez” y que fueron el “salvavidas” de alguna familia “cuando surgieron problemas de salud”. La consejera asegura que se “reúne” con seres queridos de mayores residentes “cuando” se lo solicitan“. 

Sin embargo, Morales insiste en que el Gobierno de Ayuso “no quiere mirar a la cara” a los familiares de aquellos mayores que fallecieron durante la pandemia en residencias ubicadas en la Comunidad de Madrid. Y ha sentenciado: “Quedan más de 200 causas judiciales abiertas: ”7291 mayores nos faltan, 7291 razones para que dimita Ayuso ahora mismo“.

elDiario.es desveló esta semana decenas de transcripciones de las comunicaciones desesperadas de familiares y personal de residencias de la Comunidad de Madrid al teléfono de emergencias en las primeras semanas de pandemia, y que constatan tanto la existencia de un protocolo de exclusión como el abandono en el que se encontraban los centros.

Esta redacción también avanzó el contenido de las actas estaban firmadas por la propia Consejería del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso y por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja o SAMU sobre visitas hechas a lo largo del mes de abril de 2020. “No ingresos hospitalarios”, “el personal auxiliar lleva dos meses durmiendo en la residencia”, “al llegar la ambulancia se niegan a hacer traslado por no cumplir criterios y fallece”, “no han sido admitidos en el hospital y no han tenido cuidados paliativos”, son algunas de las frases que quedaron registradas tras las visitas. 

Estos documentos desmienten lo que desde ese momento ha asegurado el Gobierno de Madrid: que no hubo protocolos para no trasladar a los residentes a centros hospitalarios. El responsable de la Consejería de Políticas Sociales en la primera ola de la pandemia dimitió el 2 de octubre de 2020 tras denunciar esos –supuestamente inexistentes– protocolos y calificarlos de “poco morales y posiblemente ilegales”.

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