La crisis hipotecaria que nunca terminó: más de una década bajo la amenaza de desahucio

Hubo un día en que Miguel Arteaga no pudo más. Estaba en su sucursal bancaria de Catalunya Caixa, en l’Hospitalet de Llobregat, y estalló. Con una deuda de 285.000 euros y a punto de quedarse en la calle, se puso a empapelar las oficinas con pegatinas contra los desahucios. “Vino la policía y les dije que ya me podían mandar a la cárcel”, recuerda. Era 2012, en plena crisis económica en España, y Miguel luchaba para no engrosar las cifras récord de desalojos que se registraron ese año: más de 70.000.

Nacido en Ecuador en 1961 y afincado en España desde 2002, por entonces desempleado y sin familia, Miguel no acabó ese día en comisaría, sino que fue citado a una reunión con el director del departamento de Riesgo de Negocio del banco, en la sede central de Via Laietana de Barcelona. De ese encuentro salió con un acuerdo para la dación en pago –entrega de la propiedad del piso a cambio de saldar la deuda– y un compromiso de alquiler social. “Ese día pensé que podía respirar tranquilo”, recuerda a sus 63 años. Pero su pesadilla estaba lejos de terminar. 

Doce años después, la amenaza de desahucio sigue siendo una espada de Damocles sobre su piso de 90 m² de la calle Severo Ochoa de l’Hospitalet. Sentado en su comedor, y con dificultades para hablar –le hicieron una traqueotomía cuando enfermó gravemente de covid–, explica que aquel alquiler social caducó, y que el nuevo casero de su piso, un fondo buitre de nombre Divarian Propiedad SA, no quiso renovarle. 

Recibió una orden de desahucio con fecha para enero de 2023, pero logró paralizarlo en la puerta de casa, gracias a la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la que milita desde hace más de una década. Luego vino otro intento, en mayo de ese mismo año, que se frenó en los juzgados. Ahora lleva meses sin noticias de la propiedad, aunque sigue sin contrato y con miedo a que quieran echarle de nuevo.

Miguel Arteaga en el local de la PAH

La de Miguel no es una trayectoria aislada. El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que provocó una oleada sin precedentes en España con decenas de miles de desahucios, sigue proyectando su sombra sobre muchos hogares que no pudieron remontar su situación. “Las ejecuciones hipotecarias hundieron a miles de familias y actualmente no existe una política de alquileres que les dé una alternativa real, con lo que se encuentran en tierra de nadie”, resume el juez José María Fernández Seijo. 

Este magistrado, que recientemente ha sido designado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se dio a conocer en 2013 desde su juzgado mercantil 3 de Barcelona. Suya fue la cuestión que trasladó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que derivó en una sentencia que permitió paralizar los desahucios por cláusulas abusivas. El afectado que puso la denuncia inicialmente, Mohammed Aziz, de Martorell (Barcelona), había sido desalojado de su piso dos años antes por impago de hipoteca. La entidad que le echó era también Catalunya Caixa. 

“El perfil de Miguel o de Mohammed son de lo más habitual en Catalunya durante todos estos años”, expresa Juanjo Ramón, portavoz de la PAH de Barcelona y afectado él mismo por una hipoteca con esa caja de ahorros, símbolo de la crisis inmobiliaria en Catalunya. Fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, esta entidad fue rescatada por el Estado por más de 12.000 millones de euros del erario público y dejó un reguero de activos tóxicos que acabaron en manos de fondos de inversión extranjeros como Blackstone y Cerberus. 

Este último es la matriz de Divarian, la propietaria del piso de Miguel, una inmobiliaria que se creó para que el BBVA, que había adquirido Catalunya Caixa en 2014, se sacara de encima esas hipotecas. Cerberus posee hoy 6.900 viviendas en España, el 41% de ellas en Catalunya. Es el cuarto mayor casero del país en un ránking que encabezan CaixaBank (21.800) y Blackstone (19.600), según los datos recabados por Civio de las comunidades autónomas. 

Más de un millón de firmas 

Miguel aterrizó en Barcelona en plena bonanza económica en 2002. Dejó en Ecuador a sus hijos, ya mayores, y a sus 40 años recién cumplidos y con experiencia como contratista de obras, encontró fácilmente empleo de albañil en la ciudad. En 2007, cuando buscaba un alquiler para cambiarse de domicilio, en el banco le convencieron para firmar una hipoteca. “Trabajaba a destajo, las cosas me iban bien, ganaba entre 3.000 y 4.000 euros al mes. Pensé que podría pagar una mensualidad de más de 1.000 euros… Pero luego vino la crisis”, recuerda. 

Fiel a sus inquietudes sociales, Miguel ya se había acercado a las asambleas de la PAH de l’Hospitalet antes de que pasara a protagonizarlas él mismo. Pero en 2012 le llegó el despido y comenzaron los impagos. “Con 1.050 euros de paro no podía asumir la hipoteca si también quería comer”, señala. Vivía solo y sin ayuda de nadie. “El banco me llamaba para presionarme y me llegaron a amenazar con que me quitarían los papeles. Tenía miedo”, recuerda. 

En 2013 la PAH llevó la ILP al Congreso contra los desahucios y por la dación en pago con más de un millón de firmas

Con la ayuda de la PAH, logró firmar en 2013 uno de los primeros contratos de alquiler social que se formalizaron en Catalunya. Aquellos fueron los años de mayor movilización contra los desahucios, con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso con más de un millón de firmas, defendida en sede parlamentaria por la entonces activista Ada Colau. En 2012 se logró la aprobación del Código de Buenas Prácticas, todavía voluntario para las entidades financieras, que sirvió para que algunas comenzaran a aceptar la dación en pago de las deudas. 

“Los desahucios pasaron de ser un dato estadístico que no interesaba a nadie a una noticia sobre emergencia social que daba mucho que hablar”, percibió desde los juzgados el magistrado Seijo. 

Entre 2013 y 2017, Miguel contribuyó a paralizar cientos de desahucios de compañeros de la PAH, al tiempo que veía cómo se aprobaban leyes como la famosa 24/2015 en Catalunya, que prohibía a los bancos desalojar a nadie sin antes ofrecerle una alternativa habitacional. Encontró pareja –sigue felizmente casado con ella– y encontró empleo –de nuevo en la construcción–, pero en 2017 su suerte se volvió a torcer. Al vencer el contrato de alquiler social y sus prórrogas, tuvo que lidiar de nuevo con la propiedad. Pero entonces ya no era Catalunya Caixa.

En coma, en pandemia y amenazado

Primero fue Haya Real State, luego Anida, y ahora es Divarian. En realidad, distintas fórmulas inmobiliarias del mismo fondo buitre: Cerberus Capital Management, con sede central en Nueva York y propietario, entre otros, de la automovilística Chrysler. “Antes podía bajar a la sucursal bancaria a hablar con alguien, pero ahora este fondo no tiene oficinas, o si las tiene nadie sabe dónde. Tienen un correo electrónico y les mando mails cada día, en internet aparece un número de teléfono y también les llamo… Pero no contesta nadie”, se lamenta Miguel.

En 2020, en plena pandemia, Divarian le comunicó que no renovarían más su contrato. Ese verano, Miguel enfermó de covid, acabó ingresado en la UCI y permaneció en coma durante 16 días, a punto de morir. Tras salir del hospital, y mientras le rondaba la amenaza de desahucio, seguía con problemas para respirar y se llegó a desmayar varias veces por la calle. Fue entonces cuando los médicos decidieron hacerle la traqueotomía. Desde entonces tiene la incapacidad y cobra una pensión de 810 euros. 

Pero la maquinaria del desalojo no se paró. “El nivel de ansiedad y de angustia de no saber si vendrán a desahuciarte es muy duro”, reconoce. “Estos últimos años me han vuelto a ingresar algunas veces y los médicos me han llegado a decir que algunos problemas de salud son del estrés que arrastro por los problemas de vivienda. A veces pienso que si estás en una guerra al menos tienes momentos de descanso. ¡Pero aquí nunca dejas de pensar en si te van a echar!”, cuenta con angustia este hospitalense.  

“En el aspecto personal, los efectos son devastadores, comenzando por la salud mental y también física”, señala Juanjo Ramón. Una parte del entorno social da la espalda y responsabiliza a los afectados de su situación. Además, el paso de los años sin vislumbrar un horizonte de mínima seguridad habitacional mina la autoestima de cualquiera. “Te hace sentir como una mierda”, dice sin rodeos el portavoz de la PAH.

A día de hoy, el mercado del alquiler tampoco es una opción para Miguel. Con su pensión y la media jornada que ingresa su pareja no les alcanza para un piso en el barrio. En l’Hospitalet de Llobregat, ciudad de la periferia barcelonesa y de tradición obrera, el precio medio de los arrendamientos es de 794 euros al mes, casi un 60% más caro que hace una década, cuando apenas pasaba de los 500. “Lo probé hace unos años, cuando la propiedad me empezó a acosar, pero las inmobiliarias ya me dejaron claro que sin un contrato de trabajo no iba a alquilar nada”, señala. En Barcelona, ciudad colindante, la mensualidad media ronda los 1.200 euros, por encima del salario medio. 

Oficinas antidesahucios a destajo

En pleno 2024, las oficinas para la prevención de los desahucios en aquellas administraciones que las han puesto en marcha continúan trabajando a destajo. El Ayuntamiento de Barcelona, pionero en este ámbito con una unidad antidesahucios que cuenta con medio centenar de trabajadores, atiende a entre 50 y 60 casos semanales –más de 2.000 familias al año–. El 80% de los desalojos se consiguen paralizar antes de la fecha señalada y, si se le suman las mediaciones exitosas el mismo día, el porcentaje asciende al 90%. 

Según los últimos datos disponibles del CGPJ, en 2022 se registraron en España 16.851 desahucios de viviendas. Esto son casi 50 al día, aunque pueden incluir segundas residencias. Solo en Catalunya, y en lo que va de 2024, se han suicidado tres personas justo el día que las desahuciaban: una de ellas en Sabadell, tras vivir 30 años en el mismo hogar; y otras dos hermanas en Barcelona en julio. 

Pura Peris, directora general de Emergencia Habitacional de la Generalitat Valenciana entre 2019 y 2023, ha lidiado de cerca con los últimos coletazos de la crisis hipotecaria española. “Las situaciones personales son terribles: gente con cáncer, con menores a cargo… Todos pendientes de que les llegue la carta o que llamen a la puerta para decirles que les dejan en la calle, es un sinvivir”, afirma. 

Durante su etapa en la Administración impulsó la Unidad de Ayuda al Desahucio, que en 2021 llegó a difundir un número de teléfono, WhatsApp Emergencia, al que contactar con cualquier consulta. A través de ese canal gestionaron en dos años más de 1.100 casos (más de 2.000 sumando otras vías), todo ello teniendo en cuenta que este tipo de asistencia social se suele llevar a cabo en los ayuntamientos. 

“Yo no soy optimista, soy activista”

De todas esas actuaciones, Pura Peris elige destacar aquellas en las que eran bloques de pisos enteros los que se enfrentaban a desalojos. Como por ejemplo el caso de 94 personas de una treintena de viviendas en la Pobla de Vallbona, en València, que recibieron en 2020 la carta de la propiedad indicando que no renovaban ningún alquiler. Ese casero era Divarian. “Pudimos paralizar el desahucio y negociar hasta acabar comprando las viviendas para destinarlas a emergencia”, rememora. La Generalitat valenciana pagó 1,7 millones al fondo. 

En Catalunya, donde la ley obliga a los grandes caseros a ofrecer un alquiler social antes de proceder con el desalojo, la Generalitat ha abierto hasta 1.242 expedientes sancionadores a grandes propietarios por incumplir esa medida. El que acumula más procedimientos, 423, es Divarian Propiedad; el segundo, con 221, es Promontoria Coliseum Real Estate. Entre ambas, que pertenecen al mismo fondo, Cerberus, suman el 52% del total. 

Desde su piso en la calle Severo Ochoa de l’Hospitalet, Miguel Arteaga reconoce que a veces le flaquean las fuerzas. De clase obrera y naturaleza luchadora desde que nació, dice, este hombre sigue sacando energía de las asambleas de la PAH –a las que asisten unas 80 personas cada lunes– y de figuras como la de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, por el que siente auténtica devoción y cuyo retrato preside el comedor de su casa. 

– ¿Después de más de una década arrastrando esta amenaza sobre su casa, cree que algún día logrará solucionarlo? ¿Es optimista? 

“Le voy a contestar”, dice, y se lo piensa unos segundos. “Yo no soy optimista, yo soy activista”, tercia. Y después se explica: “Si fuera optimista significaría que me quedaría aquí parado a esperar que se solucione el problema, pero yo me voy a mover con la ayuda de mis compañeros y no pararé hasta lograrlo”.