El Congreso debate por tercera vez en siete años una ley para reducir los copagos en dependencia

Nueve años después de recabar 740.000 firmas de ciudadanos en la calle, la iniciativa para rebajar los copagos en dependencia regresa por tercera vez al Congreso de los Diputados este martes. Es una ley, tramitada como ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que ya pasó el primer trámite parlamentario en 2017 y en 2020. En ambas ocasiones se tomó en consideración, es decir, los diputados aceptaron tramitarla, con un apoyo casi unánime del hemiciclo, pero el proceso se estancó en el periodo de enmiendas pese a que solo el PNV votó en contra en el primer filtro. Y así hasta hoy.

La propuesta está impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y busca la modificación de dos artículos de la ley de dependencia de 2006 para eximir de pagar parte del coste de las prestaciones a las personas con ingresos no superiores a 2,5 veces el IPREM (1.500 euros al mes) y garantizar, que en los casos en los que el copago se mantenga, la persona pueda preservar una “cantidad mínima” para sus gastos personales, que será del 40% del IPREM (240 euros).

“En ningún caso” –dice la ILP– la participación del beneficiario en el coste de Ios servicios superará el 60 por ciento respecto al precio de referencia que se haya establecido para los mismos“, añade el texto que se vuelve a debatir este martes en la Cámara Baja. En la fijación del precio también se tendrán en cuenta ”la edad, el momento de la aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida“.

“La cuestión es que siempre han apoyado casi todos en la toma en consideración, pero después ese apoyo flaquea y la tramitación se relega eternamente cuando empieza su camino como proposición de ley. Ha pasado con gobiernos del PP, del PSOE en solitario y en coalición. El que tiene el poder en la Mesa del Congreso fuerza una prolongación indefinida de los plazos de enmiendas, se agota la legislatura, y como no decae por ser una ILP, aparece en la siguiente”, explica Luis Cayo, presidente de Cermi, en conversación con elDiario.es. Lo llama “eterno retorno”.

En esta ocasión, el texto legal cuenta con un informe favorable del Ministerio de Derechos Sociales, con competencias en Dependencia, confirma un portavoz a elDiario.es. “Creemos que la necesidad de desarrollar el sistema de dependencia es impostergable y, por tanto, debe aumentarse la financiación del sistema de la dependencia y también se deben eliminar barreras como el copago”, apuntan fuentes ministeriales, que subrayan que “el copago contribuye a la exclusión del sistema de aquellas personas que menos tienen y, por tanto, su eliminación sienta unas bases mínimas de equidad”.

El Cermi considera que, pese al informe, para el Gobierno es un “tema antipático” que le “puede generar tensiones con las comunidades autónomas”. “Lo que se ahorrarían los usuarios lo tiene que pagar alguien y tenemos la sensación de que prefieren dejarlo eternamente”, sostiene Cayo. El Ministerio de Derechos Sociales tiene pendiente una reforma de la ley de dependencia en la que podrían introducirse algunos de estos cambios.

Documentos propios del Ministerio recogen la recomendación de “redefinir el modelo de copago actual con el fin de aumentar la equidad horizontal y la vertical”. Esta frase está incluida en el último informe de evaluación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que abunda en que “el concepto de capacidad económica, elemento básico para determinar el importe del copago de la persona beneficiaria, debe ser el mismo en todas las comunidades autónomas”. No hay una aplicación homogénea de los copagos. Cada comunidad, al tener las competencias, establece los suyos.

La opacidad del copago

El copago en dependencia ha existido desde siempre. Estas prestaciones nunca estuvieron sujetas a la gratuidad de la sanidad y la educación públicas. Las personas beneficiarias de una prestación deben hacer una aportación proporcional a sus ingresos. Inicialmente, se repartía así la financiación: un 33% el Estado, otro 33% las comunidades y el 33% restante el usuario. Sin embargo, la crisis económica y los recortes empujados por el Gobierno central desequilibró las aportaciones. La del Estado cayó y cayó, mientras que los usuarios asumieron una mayor parte.

Lo que aportan los usuarios es un asunto opaco, asegura Cayo. “El sistema no es transparente y nadie lleva la cuenta de qué peso tiene el copago en el sistema de la dependencia. El Estado no recopila esa información, así que tampoco hemos podido calcular nosotros cuánto supondría, en términos de financiación pública, eximir a algunas personas”, desgrana el presidente de Cermi. Y añade: “Pero no somos maximalistas, no necesariamente la ley tiene que salir como entró, puede haber negociaciones”.

Diversos estudios han intentando aproximarse a los copagos. Un estudio realizado por la Fundación Caser, calculó los copagos para diferentes servicios tras la reforma de la financiación en 2012. Para los tramos más bajos, el coste que corre a cargo del usuario de una residencia, por ejemplo, era de 259 euros al mes, frente a los 1.440 para las pensiones más elevadas. La media se quedaba en 960 euros que salen del bolsillo de los beneficiarios.

Otro estudio publicado en Gaceta Sanitaria en 2017 situó el copago medio en el 50%, aunque en el caso del residencial llegaba al 70%. “La necesidad de reducir el gasto público y de incrementar la recaudación se ha traducido en un incremento considerable del copago. Si bien es cierto que inicialmente había una baja recaudación mediante el copago, nuestro estudio muestra que la reforma de 2012 incrementa la aportación de los usuarios por encima del 33% establecido en 2006. Por otro lado, las diferencias por comunidades autónomas suponen una desigual aplicación”, apuntaban los investigadores.

El plan de choque impulsado por el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, hizo crecer la parte de financiación estatal y el actual Ministerio de Derechos Sociales (Sumar) tiene el compromiso de que el Estado llegue al 50% de la aportación. Que se iguale a la de las comunidades autónomas, aunque los primeros aumentos han tenido un efecto indeseado. Algunas comunidades han aprovechado la subida de la financiación estatal para reducir la suya propia. Derechos Sociales las penalizó en 2023.

Cuando se impulsó la ILP, respaldada por cientos de miles de firmas, hubo división de opiniones. La Coordinadora de Plataformas de la Dependencia del País Valencià la rechazó con el argumento de que aceptar por ley que las personas con una determinada renta copagaran por los servicios era “abrir la puerta a la destrucción de un sistema que debiera ser universal y garante de un derecho subjetivo”. La ley, eso sí, blinda las prestaciones a las personas que no pueden hacer aportaciones por tener nula capacidad económica.

“Lo ideal sería que no hubiera copago, que fuera como la sanidad y la educación, donde la mayoría de prestaciones no están condicionadas a tu capacidad económico, pero como este sistema siempre ha estado subdesarrollado, vamos a empezar por algo y, cuando se consolide, aspiramos a que no haya copago. Al menos para que no haya agravios”, se justifica Cayo.

Desde el Cermi esperan que esta vez no vuelva a ocurrir lo mismo, que no se “deje una ley, surgida por la única vía de democracia directa que tenemos, en el limbo”.