PP y Vox tildan de «error» su apoyo a la enmienda que convalida penas pese a contar con 125 asesores en el Congreso

Las derechas avalaron el cambio legislativo en la Comisión de Justicia y en el Pleno sin que ninguno de sus ayudantes que, en suma, cobran casi seis millones de euros anuales, vieran ningún «engaño» del Gobierno

Las claves de la reforma de las condenas: en qué consiste, a quién beneficiará y el porqué de la polémica política

A lo largo de la semana tanto PP como Vox han considerado un “error” e incluso un “engaño” del Gobierno el hecho de que ambos grupos apoyaran la enmienda que convalida las penas cumplidas en el extranjero a quienes tengan condenas pendientes en España. Pero ambos grupos cuentan con un gran número de asesores parlamentarios encargados de respaldar la labor de sus diputados tanto en las labores técnicas como en las intervenciones y decisiones en la Cámara Baja.

Según desveló Demócrata, el PP cuenta con 101 asesores para sus 137 diputados, cuyo gasto asciende, en total, a 4.917.709 euros anuales. Y Vox dispone de 24 asesores para sus 33 parlamentarios, con un coste anual de 1.024.854 euros.

Pero pese a contar con toda esa ayuda las dos fuerzas políticas apoyaron durante todo el trámite parlamentario la iniciativa registrada por Sumar, que está incluida en la Ley Orgánica por la que se modificó la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

Los dos partidos avalaron el cambio legislativo en la Comisión de Justicia del Congreso en su sesión del pasado 12 de septiembre, y votaron también a favor del mismo en el Pleno de la Cámara Baja del 18 de septiembre. Solo cuando El Confidencial publicó este lunes una información vinculando esa decisión del Congreso a una supuesta concesión a EH Bildu por la situación de muchos presos de ETA, las derechas trataron de corregirse lanzando gruesas acusaciones contra el Gobierno, al que vuelven a vincular con la ya desaparecida banda terrorista.

Ninguno de los asesores de PP y Vox vieron problema hasta ese momento e incluso defendieron la reforma tanto en la citada comisión como en el Pleno. El diputado del PP encargado de reivindicar la postura de su grupo en el debate del cambio legislativo quiso dejar claro que conocía todas y cada una de las enmiendas y correcciones introducidas en el texto durante la tramitación parlamentaria, a pesar de que ahora desde la dirección del partido se ha acusado al Gobierno de “engaños”.

“Es una simple trasposición de una directiva que en el proceso previo al llegar a la Cámara ha tenido más observaciones técnicas que enmiendas, lo que da una pista del tipo de texto del que estamos hablando”, comenzaba aquel 17 de septiembre José Manuel Velasco Retamosa, diputado del PP.

“Es una directiva que ―como ya se ha dicho― debería haber sido traspuesta hace dos años, es decir, llega con dos años de retraso cuando era una cosa relativamente sencilla, y lo único que hace, a pesar de lo que acaba de decir el portavoz del PSOE, es demostrarnos una vez más que el Gobierno del señor Sánchez está más ocupado en ir contra jueces y medios de comunicación que en activar normas y tener una normalidad legislativa en esta Cámara, eso sí, salvo que esté en juego el sillón de cualquiera de los miembros del Gobierno, como sucedió con la ley de amnistía”, añadió.

Este martes, en cambio, su máximo jefe, Alberto Núñez Feijóo, tildó la reforma que había apoyado su propio partido de “pacto encapuchado entre Bildu y el Gobierno” y llegó a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “agachar la cabeza para no mirar a los ojos a las familias de los asesinados por ETA”. Ahora, para Feijóo, existe una “voluntad deliberada de sacar de la cárcel a los presos condenados por asesinatos pertenecientes a ETA”.

Este miércoles, durante el Pleno del Congreso, Feijóo ha mantenido un discurso similar, obviando cualquier responsabilidad de su grupo en la aprobación de la enmienda, que salió adelante por unanimidad. De hecho, Feijóo daba “cinco días” para que el Gobierno retire la ley: “Estos días muchos españoles se sienten decepcionados con mi grupo, pero no es lo mismo un error que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Usted le dijo a las víctimas que no rebajaría las penas, que no habría atajos. Si no retiran la ley pueden disfrutar de esta victoria, pero no den lecciones. Ahí se quedan con el aplauso de Txapote, Otegi y los demás. Quédenselos”, ha concluido. 

“¿Saben ustedes lo que votan?”, le ha respondido Sánchez. “Ha tenido siete meses de tramitación parlamentaria. El plazo de enmiendas se ha prorrogado 11 veces, y ustedes han votado a favor en todas las ocasiones. Y su portavoz dijo que llevábamos dos años de retraso. La medida que se aprueba emana de Europa. Y ha contado siempre con el apoyo del grupo parlamentario Popular. ¿Por qué se escandalizan ahora? ¿Le han apretado? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece? Con ustedes nunca se sabe dónde termina la mentira y empieza la incompetencia”, se ha preguntado el presidente del Gobierno.

En su escenificación, el PP interrumpía la intervención de Sánchez en el Pleno cuando ha entrado en el hemiciclo la senadora Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1995, para dedicare una gran ovación en pie.

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