El PP madrileño elimina el «requisito» de contar con informes médicos para que los menores puedan recibir tratamientos hormonales y se limita a establer el «apoyo» de esos profesionales
El Constitucional suspende parte de las leyes trans y LGTBI de Ayuso a petición del Gobierno
El PP de Isabel Díaz Ayuso ha registrado este viernes en la Asamblea de Madrid las reformas de la leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid que tanto el Gobierno como el Defensor del Pueblo recurrieron ante el Tribunal Constitucional por vulnerar los derechos del colectivo reconocidos en la normativa estatal.
El nuevo texto de la norma sobre las personas trans, que el partido de Ayuso pide tramitar en lectura única y, por tanto, sin habilitar un periodo de enmiendas para que pueda recibir correcciones de los grupos, elimina el “requisito” de contar con informes médicos para que los menores puedan recibir tratamientos hormonales, una de las cuestiones que impulsó los citados recursos y provocó el rechazo de los colectivos LGTBI. Al contar con mayoría absoluta, el PP no necesitará del apoyo de otros grupos para sacar adelante estas modificaciones.
En la norma actual, cuyos artículos más delicados fueron suspendidos por el Constitucional hasta su decisión final, se establecía que “para iniciar el tratamiento farmacológico será requisito necesario que previamente” los menores “reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías”.
En la modificación registrada este viernes, en cambio, ese aspecto se matiza y recoge que “con anterioridad al comienzo del tratamiento farmacológico, y durante todo el proceso, el menor recibirá apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil”. Además, añade, “en el caso de que exista alguna enfermedad será imprescindible un informe del profesional que esté tratando al menor”.
El nuevo texto, además, establece que los espacios o equipamientos separados por sexos se deban adaptar al “pleno respeto a las necesidades, los derechos y la intimidad” de las personas transexuales. En cuanto a la ley LGTBI, el Gobierno de Ayuso modifica el artículo que afecta a la capacidad de las asociaciones para personarse en procedimientos judiciales o administrativos y que también había quedado en suspenso por el Constitucional.
En sintonía con el Consejo de Estado
Con la modificación, el Gobierno de Ayuso trata de sortear la posible inconstitucionalidad de la ley autonómica que se encuentra precisamente en el Constitucional. De hecho, en la exposición de motivos, explica que el nuevo texto “modifica puntualmente algunos de los artículos afectados” tras “los dictámenes del Consejo de Estado de fecha 21 de marzo de 2024 y con el fin de realizar ajustes técnicos y mejoras en la redacción de los textos”.
En julio el Constitucional admitía a trámite los recursos que el Ejecutivo central presentó contra la ley trans madrileña y también contra la ley LGTBI. La decisión del tribunal, tomada por unanimidad del pleno, acarreó la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno, que supuestamente invaden “competencias estatales” y recoge normas “claramente regresivas, que limitan derechos de los ciudadanos”, según dijo en su momento la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En mayo, además, el mismo tribunal ya admitió a trámite un recurso similar pero presentado por el Defensor del Pueblo,
“Ayuso recula por obligación para evitar un varapalo judicial ante lo que siempre dijimos que era una derogación encubierta y un ataque a los derechos de las personas LGTBi y trans”, ha asegurado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. “Gracias a los recursos del Gobierno de España y de Más Madrid a instancias del defensor del Pueblo, hoy el PP ha tenido que rectificar y las personas LGTBI y en particular las y los menores trans estarán un poco más seguros en nuestra región”, ha añadido.
En su opinión, “atacar estas leyes fue desde el inicio un acto cobarde y miserable y consideramos que esta auto-enmienda es un pequeño triunfo del movimiento en defensa de los derechos LGTBI”.