Los socialistas dan por bueno, incluso por “medido y prudente”, el demoledor informe de la UCO y reconocen que llega en el peor momento para el presidente: con la mayoría parlamentaria resquebrajada y sin que la Audiencia Provincial haya dado carpetazo a la investigación de Peinado a Begoña Gómez
La UCO detecta contraprestaciones a Ábalos por parte del empresario que se llevaba los contratos del Ministerio
No era un ministro cualquiera ni un socialista cualquiera. José Luis Ábalos lo fue todo en el PSOE. Y lo fue todo para Pedro Sánchez. Una pieza imprescindible para que el hoy presidente de Gobierno recuperase el liderato del partido, tras aquél fatídico 1 de octubre de 2016 en el que una operación orgánica orquestada por la dirigencia le obligara a dimitir como secretario general. Después de aquello le puso al frente de la Secretaría de Organización del partido y, más tarde, le nombró también ministro de Fomento.
Fue Ábalos el encargado de defender desde la tribuna del Congreso de los Diputados la moción de censura por la que Sánchez llegó al Gobierno, tras una sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al PP por lucrarse de la trama Gürtel y acreditar una caja B. Y dijo en aquella intervención: “Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal, no podemos normalizar la corrupción” porque “hoy debatimos la decencia de nuestra democracia”.
El de Pedro Sánchez fue un gobierno que llegó con la lucha contra la corrupción como bandera. Por eso y porque el asunto llega en uno de los peores momentos para el Ejecutivo –con el bloque de la investidura resquebrajado, con la Audiencia Provincial de Madrid dando vía libre al juez Peinado para investigar a Begoña Gómez y con los Presupuestos sin aprobar– es por lo que en la Moncloa cayó este jueves como un jarro de agua fría el informe de la UCO que señala al exministro en el epicentro del caso Koldo.
El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en la Cámara Baja, a 17 de septiembre de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso
Las estimaciones de la Fiscalía Anticorrupción y los cálculos de los propios investigados han arrojado hasta la fecha cifras que elevan hasta los 60 millones de euros las adjudicaciones públicas a la trama, a 16,5 millones de euros las comisiones y hasta los 88.199 euros el dinero para asegurar comunicaciones seguras a sus integrantes. El último informe aportado por la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno revela que el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, “pareció estimar que iba a obtener ingresos por valor de 60.000.000” de euros a través de la mercantil Soluciones de Gestión.
Y en el PSOE no se explican, o sí pero no quieren conjeturar, cómo Ábalos cayó en manos de este empresario, hoy en la cárcel por otro caso de corrupción relacionado con el IVA de los hidrocarburos. El caso es que sí, Pedro Sánchez tiene un problema. Otro más. Éste doblemente doloroso, según los socialistas, porque afecta a una persona que perteneció a su círculo más estrecho en el partido y en el gobierno y porque su llegada a la Moncloa fue consecuencia directa de la corrupción del PP.
Las consignas en todo caso son claras: “No habrá impunidad”, “quien la hace la paga” y “con nosotros las instituciones funcionan porque la Fiscalía ha entrado a fondo en esta investigación”. El propio Sánchez lo afirmó así el viernes desde Roma: “Absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir desgraciadamente en mi Gobierno y absoluta colaboración con la Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado”. Y añadió que el suyo es “un Gobierno limpio, que nada tiene que ver con esas faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción”.
Aquél cese fulminante como ministro
Si hay alguien en todo el universo socialista ha podido no sorprenderse de los hechos que relata la Guardia Civil remitidos al juez Ismael Moreno podría ser Pedro Sánchez. Quizá porque ya en su primera remodelación de gobierno, en julio de 2021 y ante la incomprensión de una parte del gabinete y del PSOE, destituyó por sorpresa a Ábalos como ministro de Fomento. Entonces se le tachó de frío e implacable y de tener un sentido utilitarista de las relaciones personales al dejar caer, sin explicación alguna, a uno de sus hombres más leales.
Sánchez no dio explicaciones a nadie y, cuando pasado el tiempo algún socialista le pidió que volviera a contar con Ábalos para el gabinete o el partido, la respuesta fue un no tajante, si bien nunca quiso profundizar en los motivos. La pregunta obligada hoy por tanto es qué sabía entonces el presidente del Gobierno para destituir de un día para otro a alguien con quien incluso había compartido los detalles de la remodelación del gobierno del que horas más tarde dejaría de formar parte. Nunca lo sabremos, pero en el PSOE lo dejan en que “a un presidente le llegan multitud de informaciones, unas buenas y otras no tanto, y con todas ellas toma sus decisiones”.
El caso es que esta vez no hay un sólo ministro del gobierno que ponga en cuestión lo revelado por los investigadores como hicieron algunos con la decisión de Sánchez de sacar a Ábalos del Gobierno y también con la de exigirle el acta de diputado en el Congreso el mismo día en que se produjo la detención de Koldo, el estrecho colaborador del ex ministro.
“Es un asunto feo y pinta muy mal porque todos los hechos que relata la UCO están acreditados y no hay un sólo juicio de valor en el informe”, sostiene un miembro del gabinete, para quien hasta la redacción de los investigadores le parece “razonable” y “en absoluto prejuiciosa” como otros informes policiales. “Es un documento medido y hasta prudente, sin exageraciones ni conjeturas”, añade el mismo interlocutor.
El juez Ismael Moreno y la Fiscalía ya investigaban una presunta trama que se introdujo en el ministerio para conseguir contratos de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia de coronavirus, a cambio del pago de comisiones irregulares, pero esta semana un informe de la Guardia Civil, de más de 200 páginas, incide en que el empresario Aldama hizo “pagos” a Koldo “en metálico”, con el objetivo de poder mantener ese “acceso” directo al entonces asesor del ministro y al propio Ábalos. “Esos pagos de efectivo fueron acompañados de otras contraprestaciones también al ex ministro Ábalos”, según los investigadores, que mencionan el abono durante meses del alquiler de un apartamento para su entonces pareja en el centro de Madrid y la compra de un chalé en Cádiz que disfrutó el exministro.
Feijóo: “Lo sabía, lo tapó y mintió”
En el Gobierno y en la dirección del PSOE asumen que ahora toca “apretar los dientes” ante la ofensiva de la oposición, que ya promete tirar por elevación como han demostrado Ayuso al pedir la dimisión del propio Sánchez y Feijóo al sostener que el presidente no puede permanecer un día más en la Moncloa porque “lo sabía, lo tapó y mintió”. No obstante, los socialistas hablan de un caso perimetrado y tratan de levantar un muro de contención frente a Ábalos porque están convencidos de que el escándalo sólo afecta al exministro y no toca a ningún titular de cartera más. “Hay tranquilidad a este respecto”, asegura otro ministro para quien ahora hay que poner en valor la inmediata reacción del propio Sánchez, cuando le sacó del gobierno y, después, le exigió el acta de diputado. Una decisión que en Ferraz contraponen a la inacción del PP ante sus casos de corrupción.
La declaración que el viernes hizo el ministro de Justicia desde Luxemburgo en la que dijo estar “muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción” es la misma que se escucha entre la dirigencia socialista, que sabe exactamente a lo que se enfrenta en los próximos días respecto al PP, que tratará de extender una mancha de corrupción sobre todo el Gobierno y el PSOE.
De momento, usará su mayoría absoluta en la Cámara alta para estirar todo lo posible la comisión de investigación que se constituyó en marzo por el llamado caso Koldo y no descartan llamar a declarar al propio Pedro Sánchez. Y hasta entonces Feijóo trata de llamar la atención sobre el PNV, que fue quien en su día hizo posible la moción de censura contra Mariano Rajoy por un caso de corrupción, y quien hoy podría hacer lo propio en el caso de que el PP se propusiera utilizar el mismo instrumento contra Sánchez, algo que no descartó hace unos meses.