Los encargos, sin publicidad ni concurrencia competitiva, tenían por objeto el registro de marcas asociadas a 24 entidades dependientes del Gobierno gallego y que Joaquín Cuíña, hermano de la secretaria general de presidencia, Beatriz Cuíña, tramitó durante siete años de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda (2018-2024) sin necesidad de presentarse a ningún concurso público
El PP se arroga el control de la comisión que investigará los contratos de la Xunta de Feijóo con la empresa de su hermana
La Xunta de Galicia ha pagado en los últimos siete años 782.666,5 euros en 272 contratos concedidos a dedo al hermano de la mano derecha del presidente. El empresario en cuestión se llama Joaquín Cuíña. Su hermana, Beatriz Cuíña, es la secretaria general de Presidencia de Alfonso Rueda, con quien trabaja en la máxima cercanía desde la llegada de este a la Xunta en 2009, primero como conselleiro de Alberto Núñez Feijóo, después como vicepresidente y desde mayo de 2022 como jefe del ejecutivo gallego.
La empresa de Cuíña ha conseguido convencer a 24 departamentos de la administración autonómica para que entre 2018 y 2024 le hayan encargado la tramitación de registro de marcas relacionadas con las políticas del Gobierno gallego; desde los nombres de los diferentes caminos de Santiago hasta programas de atención a la tercera edad como el “Porta a porta”. Si algo tiene nombre y logotipo, ahí está el empresario para registrar la marca y cobrar por ello.
La mano de Joaquín Cuíña para conseguir encargos y dinero parece no chocar con los tabiques que separan los despachos de San Caetano, sede del Gobierno gallego. Según la investigación realizada por elDiario.es, su influencia se expandió por más de una veintena de entidades de toda la administración autonómica con directivos que pensaron en él cada vez que se planteaba la necesidad de registrar una nueva marca. Empezó cuando Núñez Feijóo era presidente del Gobierno y se ha mantenido desde que Rueda llegó a lo más alto de la Xunta.
El Instituto Galego de Promoción Económica, el de la Vivenda e o Solo, Portos de Galicia y muchos otros organismos coincidieron en ver al hermano de la mano derecha de Alfonso Rueda como la persona idónea a la que encargar estos trámites, siempre con contratos a dedo. Se le encomendaron tareas como renovar los derechos sobre la marca del Pelegrín, la histórica mascota del Xacobeo 93 ya en desuso, o registrar la marca Xacobeo en países como Japón o Corea. La fiebre por el registro parecía no tener fin hasta el punto de llegar a patentar la marca “Galicia”. Cuando esa licencia se acercaba a su caducidad Cuíña renovaba los permisos y libraba la correspondiente factura. La última, por 4.356 euros.
De todos los departamentos que llamaban a su teléfono destaca la Axencia de Turismo de Galicia. Solo con esta entidad Joaquín Cuíña encadenó durante siete años la friolera de 103 contratos por importe de 334.134,02 euros. Este departamento depende directamente de la presidencia de la Xunta que dirige Alfonso Rueda y al frente de su sala de máquinas está la hermana del empresario que percibía esos fondos.
Trabajo fácil
El trabajo del empresario no comporta una aparente dificultad. Se trata de una labor administrativa para la que basta conocer qué impresos debes cubrir y dónde remitir la solicitud. Para registrar una marca en España se requiere el pago de una tasa de 125 euros. Si la solicitud es a nivel europeo ese pago asciende a 850. Por ello las tarifas que Cuiña le facturaba a la administración variaban de los 800 euros de algunas pequeñas gestiones hasta los más de 10.000 euros por otras. De las 272 facturas estudiadas (2018-2024) las más frecuentes oscilan entre los 2.500 y los 3.000 euros.
Los contratos empezaron a encadenarse en 2018 y se han venido sucediendo hasta la actualidad. Afectan a cuatro años y medio de las presidencias de Núñez Feijóo y a dos y medio de mandato de Rueda. Beatriz Cuíña, hermana del empresario, estuvo todo ese tiempo en puestos de responsabilidad, primero como secretaria general de la vicepresidencia que ostentaba el propio Rueda y ahora con el mismo cargo pero un poco más arriba, mano derecha del presidente.
Acostumbrada a las moquetas de San Caetano desde hace años, Beatriz Cuíña empezó su carrera en el servicio jurídico de la consellería de Obras Públicas (COTOPV) que durante tanto tiempo dirigió un histórico dirigente del PP ya fallecido con el que compartía apellido, Xosé Cuíña. Fue secretaria general del Instituto Galego da Vivenda e o Solo durante siete años. Otros dos los pasó en la vicesecretaría general de la consellería de Medio Ambiente. La llegada del Gobierno bipartito PSOE-BNG la apartó temporalmente de San Caetano. Durante dos de esos años de legislatura (2007-2009) se trasladó a Ourense como vicegerente en el campus que la Universidad de Vigo tiene en esta ciudad.
Pero llegó 2009, el PP recuperó el poder y Alfonso Rueda la llamó tras entrar a formar parte del primer Gobierno de Feijóo. Desde ese momento se convertiría en la fontanera de confianza del actual presidente de la Xunta y en su mano derecha. Han sido 15 años con mando en plaza pero alejada de los focos y la exposición pública. Quienes habitan con frecuencia los pasillos entre los más altos despachos de la Xunta de Galicia saben que ella está entre los que más mandan en la nave principal del Gobierno gallego. Una de esas personas lo resume así en conversación con esta redacción: “Beatriz es quien corta el bacalao, los conselleiros se limitan a llevar el tabaco”.
Cuando Feijóo aún estaba al mando de la Xunta, cinco contratos del hermano de Beatriz Cuíña se firmaron en vicepresidencia, el departamento en el que ella misma ostentaba la secretaría general. Por un total de 13.637 euros, dos de ellos corresponden al año 2019: uno, para registrar patentes y marcas OGVX y CGM. El otro está descrito con un genérico “tramitación de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas”. En 2020 aparece el registro de la marca EMEGA, línea de ayudas a mujeres emprendedoras y empresarias; la marca Sementes para a Igualdade y la Medalla Emilia Pardo Bazán.
El negocio de Cuíña tiene diez años de vida y se llama Gallaecia Patentes y Marcas S.L. Su sede se encuentra en el primer piso de un edificio de viviendas del centro de Santiago de Compostela sin ningún tipo de placa que identifique a su empresa. En el momento de su creación el empresario aportó el mínimo legal exigido para crear una mercantil: 3.000 euros. En siete años de tratos con la administración en donde trabaja su hermana su facturación solo con la Xunta gallega multiplicó por 260 la cantidad que aportó en el momento de fundar su compañía.
Las cifras que figuran en las cuentas de Gallaecia Patentes y Marcas son propias de una micropyme, con una actividad muy reducida, un beneficio declarado que, como mucho, ha ascendido a apenas 23.951,55 euros (en 2021) y una elevadísima dependencia de lo que le factura a la Xunta por sus trabajos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Desde 2018 hasta 2023, la empresa nunca ha tenido en plantilla más de dos empleados, según sus cuentas disponibles en el Registro Mercantil, y ha facturado en total en esos años poco más de un millón de euros. En concreto, 1.005.073,14 euros.
En ese periodo, los contratos menores que ha adjudicado la Xunta a Gallaecia Patentes y Marcas han ascendido (IVA incluido) a 696.761 euros. Esto supone el 69,3% de toda la facturación de la empresa en esos años.
El mejor ejercicio de la micropyme que administra el hermano de la secretaria general de la Xunta fue 2021, cuando Gallaecia Patentes y Marcas facturó 223.474,08 euros. Ese año, con la Xunta todavía presidida por Feijóo, el gobierno gallego le encargó contratos menores por un importe también récord de 191.487 euros, IVA incluido. Esta cifra supuso el 85,7% de la facturación de la empresa en ese año.
“Me está sorprendiendo esto”
elDiario.es se ha puesto en comunicación telefónica con el empresario, que conducía su vehículo en en el momento de recibir la llamada. Como primera reacción, Joaquín Cuíña ha asegurado lo siguiente: “¿De qué me estás hablando, 700.000 euros? Esa información no es correcta, ¿me dices que estoy jubilado ya?”. Tras explicarle que los datos proceden de una fuente pública, Cuíña argumentó lo siguiente: “Yo por teléfono no suelo hablar nada de esto y, además, me está sorprendiendo esto que me estás contando”. Lo siguiente fue una oferta para aplazar la conversación: “Déjame llegar y te llamo yo, que me voy a ver a un cliente. Déjame llegar a una gasolinera, paro el coche y hablamos en media hora”. Esa comunicación nunca se produjo. Una hora después, el empresario había cerrado su Facebook y modificado su estado de WhatsApp para eliminar su foto y sustituirla por un paisaje.
Un portavoz del Gobierno gallego ha puntualizado a esta redacción que el despacho del hermano de la secretaria del presidente “es uno de los 10 con los que la Xunta de Galicia trabajó en los últimos años”: “Al igual que con las restantes empresas especializadas en el ámbito de las patentes y marcas, el encargo de estos trabajos se hizo utilizando la fórmula del contrato menor, recogida en la legislación vigente”. El equipo de Alfonso Rueda defiende la legalidad de unos encargos que, aseguran, pretendían “vigilar las marcas que usa la administración para evitar que se pueda hacer un uso fraudulento de las mismas y confundir a la ciudadanía”.
Precedentes
No es la primera vez que alguien relacionado con el poder del PP en la Xunta saca dinero de las patentes que encarga la administración gallega. En 2007 el diario El País contó que un abogado vinculado con Xesús Pérez Varela, el conselleiro que revolucionó para Manuel Fraga el fenómeno Xacobeo, estaba haciendo el agosto inscribiendo en el registro patentes vinculadas al Camino de Santiago. La metodología de aquel escándalo y la de este es la misma: pequeños contratos menores de 12.000 euros, que se adjudican directamente sin concurso pero que sumados unos a otros acaban por configurar cifras de facturación exorbitadas alejadas del control y la transparencia.
Para la elaboración de esta información elDiario.es ha estudiado los datos sobre contratos menores que están alojados en el Portal de Transparencia de la Xunta. Se trata de una búsqueda de enorme dificultad ya que ese portal está diseñado para lo contrario que proclama: no permite hacer consultas por NIF, obliga a ir revisando uno a uno los centros directivos que gobiernan esas pequeñas partidas de hasta 15.000 euros, solo ofrece los datos de los últimos trimestres e impide exportar la información obtenida para procesarla.
De los contratos menores a la Xunta no hay rastro en la plataforma de contratación del Estado, pero sí en la opaca web de la Xunta, de las pocas de todo el país en las que no se pueden buscar las adjudicaciones a una empresa concreta. El último contrato a Gallaecia Patentes y Marcas se publicó en esa web hace menos de un mes, el pasado 16 de septiembre.
Comisión de investigación
La información desvelada por elDiario.es llega en un momento en el que los contratos de la Xunta con familiares de sus dirigentes están en el centro del debate. El pasado 23 de septiembre se constituía en el Parlamento gallego la comisión de investigación sobre la contratación pública de la administración autonómica, que este martes aprobará sus normas de funcionamiento.
El BNG utilizó sus 25 diputados -el tercio de la cámara que exige el reglamento- para impulsar, pese al veto inicial del PP, un órgano que, bajo ese nombre genérico, indagará, entre otras cuestiones, sobre los contratos entre la administración autonómica y la empresa Eulen, de la que es delegada para el Noroeste Micaela Núñez Feijóo, la hermana del líder del PP y expresidente de la Xunta. En 15 años se elevaron a 54 millones de euros.
Ni Feijóo ni su sucesor al frente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, han aclarado aún si comparecerán ante la cámara, si bien Rueda ya adelantó que “no tendría inconveniente” en hacerlo. Tras la reunión de este martes de la comisión -en la que el PP, tras no poder frenarla, se ha asegurado la presidencia– se abrirá el plazo de propuestas del plan de trabajo. En él será donde conste tanto la documentación como las comparecencias que solicitarán los grupos. Los nacionalistas confían en que el plan quede aprobado este mismo mes de octubre.