El diplomático se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel y una multa de 378.700 euros por delitos contra la Hacienda Pública
Caso Morodo: la ciénaga de petrodólares, chavismo y cuentas en Suiza que atrapa al antiguo embajador socialista
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al exembajador de España en Caracas Raúl Morodo por la supuesta defraudación fiscal de las ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.
El diplomático se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel y una multa de 378.700 euros por delitos contra la Hacienda Pública. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción pide tanto para Alejo Morodo como para su esposa 8 años y 6 meses, y multas que rozan los 4 millones de euros para cada uno.
En cuanto a las responsabilidades civiles, la fiscal Ana Cuenca señala que Alejo Morodo y su esposa debían ser condenados a indemnizar a la Hacienda Pública de manera conjunta con la cantidad de 617.442euro por la defraudación del ejercicio 2013; Alejo Morodo con 315.273euro por 2014; Raúl Morodo con 126.222euro por 2014; y Ana Catarina Varandas con 435.970euro por la defraudación de 2017.
En esta línea, la Fiscalía destaca que habría sido entre los años 2007 y 2015 cuando Alejo Morodo habría centrado su “actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional”, que le habrían generado “cuantiosas rentas”.
Anticorrupción explica que Alejo Morodo se valió de “relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España” para así iniciar “una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014”.
“Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades”, sostiene el Ministerio Público.
En la “ejecución de esta ilícita actuación”, indica Anticorrupción, “participaron Ana Varandas y Raúl Morodo”. En el caso del exembajador, añade la Fiscalía, “también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades”.
La Abogacía solicita siete años de cárcel
La Abogacía del Estado, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita que Alejo Morodo sea condenado a 4 años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2013 y a 3 años y 6 meses de prisión por un delito del mismo tipo por el IRPF del ejercicio 2014.
En este sentido, solicita que se imponga a Varandas una pena de 4 años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2013 y 3 años de prisión por un delito del mismo tipo en relación al IRPF del año 2017. Por último, insta a que Raúl Morodo sea condenado a 2 años y 8 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por IRPF del ejercicio 2014.
El sindicato de extrema derecha Manos Limpias, que interpuso la denuncia, es la acusación que contempla penas más elevadas. Así, ha pedido que Alejo Morodo sea condenado a 18 años y 6 meses de cárcel por un delito de organización criminal, uno blanqueo de capitales y dos contra la Hacienda Pública.
Además, en el escrito elaborado por la representación legal de Manos Limpias, se insta a que Varandas afronte una pena de 12 años y 6 meses por los mismos delitos. En cuanto a Raúl Morodo, interesa una condena de 9 años y 6 meses por un delito de organización criminal, otro de blanqueo de capitales y uno contra la Hacienda Pública.
Manos Limpias también pide que sean condenados a indemnizar a la Hacienda Pública en la misma cantidad solicitada por la Abogacía del Estado.
Por su parte, la Agencia Tributaria, personada también como acusación, interesa para el exembajador la pena de 2 años y 8 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2014.
Para Alejo Morodo solicita 4 años de prisión por el ejercicio de 2013, y 3 años y 6 meses por el de 2014; mientras que para su esposa interesa 4 años por el IRPF de 2013, y 3 años de cárcel por el delito contra la Hacienda Pública por IRPF del ejercicio 2017.