La presidenta de la Comisión Europea defiende acelerar «algunos elementos» del pacto migratorio y usar la política de visados y comercial para que los terceros países cooperen en los procesos de retornos de migrantes en situación irregular
La UE debate la expulsión de migrantes a terceros países
La política migratoria es una de las que más tensión genera en el club comunitario y, en vísperas de la reunión de los líderes de los 27, el debate se ha ido caldeando con propuestas que cada vez más endurecen las condiciones para las personas migrantes: desde la imposición de controles fronterizos dentro del espacio Schengen hasta la suspensión temporal del derecho al asilo anunciada por Polonia siguiendo los pasos de Finlandia. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coge el guante. 72 horas antes de sentarse con los jefes de Gobierno les plantea formalmente lo que ya defendió en plena campaña electoral: el establecimiento de centros de refugiados fuera de las fronteras de la UE.
En una carta remitida a las capitales, la alemana apuesta por una revisión de los terceros países seguros y apuesta por seguir explorando “vías de avance en lo que respecta a la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE”. Von der Leyen camufla la medida en una pretendida aproximación humanitaria a la migración para que las personas que huyen de la miseria no se lancen al mar. No obstante, no menciona la necesidad de establecer vías legales y seguras, que es lo que defiende España, por ejemplo. Lo que subyace en la propuesta es que las personas migrantes no lleguen a suelo europeo. “Una vez que entra alguien en la frontera no lo vamos a poder echar después”, dijo el ultraderechista húngaro Viktor Orbán la semana pasada en el Parlamento Europeo, donde defendió la creación de esos centros.
Von der Leyen enmarca el planteamiento de los centros de detención fuera del territorio europeo en la revisión de la directiva de retornos que le han reclamado una mayoría de estados miembros, que han llegado incluso a defender que las expulsiones de las personas sin papeles se realice a terceros países distintos a los de origen o tránsito. Ese es un punto al que la presidenta de la Comisión Europea no llega. Lo que sí guía la nueva perspectiva respecto a los centros de detención es la política migratoria de la ultraderechista Giorgia Meloni. “Con el comienzo de las operaciones del protocolo Italia-Albania, podremos extraer lecciones de esta experiencia en práctica”, señala la misiva.
La jefa del gobierno comunitario defiende los acuerdos con terceros países, como Túnez o Marruecos, que controlan los flujos migratorios a cambio de contrapartidas millonarias. Y deja negro sobre blanco la posibilidad de usar la política de visados o el comercio como herramientas de presión para que esos países colaboren, especialmente con los retornos.
“La UE debe estar dispuesta a utilizar su influencia no sólo en la política de visados, sino también en otros ámbitos, como el comercio. Prorrogar el actual Reglamento sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas hasta diciembre de 2027 sin condiciones de readmisión, a pesar de la propuesta de la Comisión, es una oportunidad perdida que debe corregirse a la primera ocasión posible”, apremia Von der Leyen en referencia al instrumento través del cual la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios.
La presidenta de la Comisión Europea apuesta, además, por acelerar la implementación del Pacto de Migración y Asilo que la UE acordó hace unos meses y cuya entrada en vigor está prevista para verano de 2026. España, Francia y Alemania han defendido la necesidad de acelerar la aplicación. No obstante, había divergencias respecto a qué partes llevar adelante. Mientras que gobiernos como el alemán apuestan por dar prioridad a lo relativo a la seguridad y el control fronterizo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez es partidario de que todo el acuerdo esté vigente al mismo tiempo, para que no se queden aparcados los elementos relativos a la “solidaridad”, es decir, al reparto de cuotas de refugiados.
“Avanzar rápidamente en la aplicación del Pacto podría ayudar a los Estados miembros a gestionar sus sistemas de registro y sistemas de acogida más eficientes, gestionar mejor los procedimientos de asilo de casos de seguridad o las reclamaciones abusivas o infundadas (…), reducir los movimientos secundarios, introduciendo al mismo tiempo elementos del mecanismo de solidaridad”, escribe Von der Leyen, que señala la posibilidad de “acelerar la aplicación de algunos elementos del pacto” manteniendo “el equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad”.