El Ejecutivo de Moreno cambió en 2022 la ley que regula las funciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía para eliminar la obligación de emitir un informe de actuación que diera la voz de alarma «en los supuestos que se aprecien menoscabo de fondos públicos». «Estaban pendientes de salvar vida, no del fraccionamiento», dice la titular de Hacienda
El Gobierno andaluz desoyó en 2022 una orden de la Intervención para frenar los contratos menores “en fraude de ley”
El 31 de mayo de 2022, tres días antes de la campaña para las elecciones andaluzas, el Gobierno de Juan Manuel Moreno modificó la ley que regula las funciones de la Intervención General de la Junta, eliminando uno de los supuestos para emitir un informe de actuación, una figura recogida en la Ley General de Hacienda para dar la voz de alarma cuando “se detectan deficiencias” en la gestión de los fondos públicos o “no se adoptan” las medidas propuestas para corregirlas.
El informe de actuación es, también, una advertencia severa que el máximo órgano de fiscalización interno de la Junta le hace llegar directamente a la cúpula de la Consejería de Hacienda cuando aprecia indicios delictivos en la contabilidad pública, o cuando el departamento que ha sido objeto de una auditoría durante meses se resiste a corregir las irregularidades denunciadas por sus propios interventores.