Fuentes de la dirección del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo afirman que respaldarán los cambios en la jubilación parcial y demorada, entre otros, si el texto «llega limpio» tal y como se cerró en el diálogo social
El PP votó en contra de la reforma pactada que recuperaba las subidas anuales con el IPC
El Partido Popular apoyará la última reforma de la jubilación pactada entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios en el diálogo social si el texto “llega limpio”, sin modificaciones, según han confirmado a elDiario.es fuentes de la dirección del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. Es decir, si el Gobierno no incluye ningún extra al acuerdo entre patronal y trabajadores. El voto favorable de los de Feijóo supondría para el Ejecutivo lograr el respaldo necesario para que este último bloque de la reforma de la jubilación salga adelante. Además, implicaría un giro en el PP, que en el pasado no ha apoyado las reformas de pensiones del Gobierno de coalición aunque tuviera el respaldo de los agentes sociales.
La decisión del PP es uno de los balances de los encuentros de esta semana entre el líder del PP y los máximos representantes de los sindicatos y patronales, para presentar la iniciativa de Feijóo sobre conciliación, y en los que desde Génova se ha destacado la importancia del “diálogo social”.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, desvelaron que habían reclamado a Feijóo el apoyo a la última reforma de pensiones, aún no garantizados y que se enfrenta a la complicada aritmética parlamentaria que enfrenta el Ejecutivo para aprobar cualquier iniciativa. Algunos socios del Gobierno, como ERC, BNG y EH Bildu, han expresado sus diferencias respecto a algunas de las medidas del acuerdo, por lo que exigen “cambios” al Ejecutivo.
En la patronal de empresarios CEOE no se pronuncian sobre si Antonio Garamendi trató con el líder del PP este tema, aunque en la organización empresarial siempre defienden que se hacen responsables de los acuerdos que firman.
Jubilación parcial, contrato relevo y más
El último acuerdo sobre pensiones, firmado hace un mes por Pedro Sánchez y los agentes sociales en la Moncloa, incluye varias medidas que incentivan la compatibilidad de la pensión con el trabajo, como el adelanto del acceso a la jubilación parcial, reconoce más derechos a los contratos de los relevistas y fomenta el retraso voluntario del retiro, a través de un aumento de los incentivos a la jubilación demorada, entre otras medidas.
Los sindicatos CCOO y UGT han reiterado en las últimas semanas la urgencia de que el pacto social salga adelante, con varias llamadas públicas a los partidos que componen el arco parlamentario. No solo por las medidas sobre la jubilación que se plantean a futuro, sino también por las mejoras planteadas para trabajadores como los relevistas y las personas con contratos fijos discontinuos.
En especial, respecto a los relevistas, las centrales sindicales han reiterado que el acuerdo es clave y urgente para la industria manufacturera, ya que amplía las actuales condiciones más ventajosas de jubilación parcial y contrato relevo en este sector, que caducan el próximo 1 de enero. Fuentes del PP se han referido de hecho a este punto como uno de los motivos para respaldar el acuerdo entre empresarios y sindicatos.
Si el texto “llega limpio”
El PP ha insistido en que su apoyo estaría condicionado a que la legislación llegue con el “texto limpio” y sin ningún cambio del pacto social. Los de Feijóo recuerdan que, a menudo, el Gobierno ha reclamado el apoyo a leyes y decretos leyes que contenían algunas medidas que compartían, pero que iban acompañadas de otras materias que rechazaban.
A falta de los apoyos necesarios, el Gobierno aún no ha llevado el texto legal de este último acuerdo de pensiones al Consejo de Ministros. Desde el Ministerio de la Seguridad Social, que dirige Elma Saiz, han explicado en las últimas semanas que están trabajando para garantizar los apoyos políticos a esta última fase de la reforma del sistema de jubilación, que se plasmará en varios instrumentos legales, según la tramitación necesaria en cada caso.
Los cambios en la jubilación parcial, demorada o contratos relevo, por ejemplo, exigen una ley, pero otras medidas del pacto social no. Es el caso de las derivaciones de pacientes a mutuas para tratar procesos traumatológicos, que se basará en convenios de colaboración entre la Seguridad Social, los servicios públicos de salud de cada comunidad autónoma y las mutuas, en los que ya trabaja la Seguridad Social.
Por otro lado, a través de reglamentos se recogerán el nuevo procedimiento para acceder a la jubilación anticipada en profesiones consideradas como penosas o peligrosas y las bonificaciones a empresas que reduzcan la siniestralidad.
Se da la circunstancia de que los cambios que menos gustan a socios del Gobierno (EH Bildu, BNG y ERC) se van a regular vía reglamentos y convenios, no a través de una ley, por lo que fuentes sindicales esperan que estas formaciones también apoyen las “mejoras” en la jubilación y la industria manufacturera, entre otros.
Cambio en el PP
Las fuentes de la dirección consultadas por elDiario.es hacen hincapié en la necesidad de que el texto que llegue al Congreso se ciña a la literalidad del acuerdo del diálogo social, y que el Gobierno no “aproveche” para colar otras reformas, cómo, dicen desde el PP, ha ocurrido en anteriores ocasiones.
Con todo, es un cambio sustancial en la relación del principal partido de la oposición con el Gobierno, más en concreto en los asuntos relacionados con la reforma de la Seguridad Social. En las dos anteriores reformas del sistema de pensiones el PP votó en contra, con o sin acuerdo entre patronal y sindicatos.
La primera fue en 2021, con Pablo Casado como líder del PP. Entonces, el diálogo social y el Gobierno acordaron volver a subir las pensiones conforme al IPC anual. La norma era una enmienda a la reforma impuesta en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy que introdujo el factor de sostenibilidad, e incluyó el conocido como mecanismo de equidad intergeneracional pactado por el actual el Ejecutivo con los sindicatos para llenar la hucha de las pensiones y afrontar la jubilación de los ‘baby boomers’.
La segunda se produjo en marzo de 2023, ya con Feijóo al frente del PP. Entonces, el Gobierno solo logró el respaldo de los sindicatos para una reforma que planteaba medidas como la elección de un periodo de cómputo opcional durante las próximas dos décadas, un gran refuerzo de los ingresos del sistema a través de las cotizaciones sociales, sobre todo de los salarios más altos, y medidas para reducir la brecha de género y el aumento de las pensiones más bajas.
Hubo otro caso muy significativo: la reforma laboral de 2021 que también contó con el apoyo de patronal y sindicatos. De hecho, la firma de los empresarios fue el motivo por el que algunos socios de aquel primer Gobierno de coalición se desmarcaron en el Congreso. La reforma pendía de un hilo, y el Ejecutivo logró el compromiso de Ciudadanos y de UPN. Los dos diputados navarros engañaron a propios y extraños y se alinearon con el PP para tumbar el real decreto-ley. Pero el error del diputado Alberto Casero echó por tierra los planes de Pablo Casado, que comenzó a firmar su defunción como líder del PP ese mismo día.
La tercera reforma de las pensiones que plantea el Gobierno llegará así al Congreso con opciones de ser aprobada. El PP confirmaría así el nuevo viraje a su estrategia. Un año después de la investidura de Pedro Sánchez, en Génova comienzan a tomarse en serio las opciones de que el Ejecutivo aguante toda la legislatura, o buena parte de ella. Este mismo martes, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Elías Bendodo, afirmó en una reunión a puerta cerrada con dirigentes de su partido que “es muy posible que haya Presupuestos” y que Sánchez aguante un par de años más. Mucho tiempo como para sostener una oposición destructiva atrapada en el “no a todo”.