El regulador advierte de que «la magnitud del problema» de la vivienda «hace difícil vislumbrar que actuaciones aisladas de corto plazo» puedan «reducir de forma significativa» las dificultades de acceso y señala que un 40% de los hogares hacen un «sobresfuerzo» para pagar la renta y los suministros
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El Banco de España ha reclamado a las administraciones públicas que pongan “un foco especial en el estímulo de la oferta de vivienda”. En un informe, publicado este miércoles, el regulador bancario ha señalado que “la actual rigidez” del mercado del alquiler “indicaría la necesidad de continuar avanzando en el incremento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles” y en el “diseño de un marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial por parte de los particulares y de agentes profesionalizados”.
El informe apunta que la economía española destaca en la Unión Europea “por la elevada proporción de hogares arrendatarios que se encuentran en una situación de sobresfuerzo para hacer frente al gasto del alquiler de vivienda”. Este “sobresfuerzo” se realiza cuando los hogares deben dedicar más del 40% de su renta al pago del alquiler y de los suministros básicos, como el agua, el gas o la electricidad. En España, casi el 40% de los inquilinos están en esta situación, frente al 27% de la media europea y muy alejada de economías como Francia y Alemania, con en torno al 17,5% de familias en esta situación. Desde 2022, los precios han subido entre un 10 y un 15%.
Estas situaciones de sobresfuerzo, indica el informe, “se concentran en los colectivos con menores ingresos”. Además, señala que la persistencia de estos elevados esfuerzos asociados al acceso a la vivienda de alquiler podría contribuir al “progresivo retraso en la edad de emancipación” de los jóvenes. Según los datos del Banco de España, los hogares con una persona de 30 años como referencia han pasado el 32,2% en 2007 al 56,6% en 2023, mientras se desploma aquellos que pueden afrontar una vivienda en propiedad, del 59 al 29%, y los jóvenes de entre 18 y 34 años que no pueden emanciparse aumenta en 13 puntos desde 2008, hasta el 66%.
En sus conclusiones, la entidad señala que “un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública”. Pero advierte: “Los problemas de accesibilidad y el actual tensionamiento en el mercado del alquiler residencial podrían mantenerse ante las dinámicas demográficas recientes y los datos más actualizados sobre construcción y rehabilitación de vivienda”. En este sentido, la autoridad bancaria considera que “la magnitud del problema” de la vivienda “hace difícil vislumbrar” que actuaciones “aisladas a corto plazo” vayan a resolver el problema.
Entre el abanico de medidas a medio o largo plazo, el Banco de España apunta a “la necesidad de continuar avanzando en el incremento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles” y en unas “asignación de los recursos que pudiera priorizar actuaciones sobre los colectivos más vulnerables”. Señala también otros ámbitos que “afectan al mercado de la vivienda”, como “los relativos al funcionamiento del mercado de trabajo, al dinamismo de la productividad de la economía y a las políticas tributarias y de transporte”.
Por último, el informe indica que “el diseño de las políticas públicas debiera evitar que algunas iniciativas, cuya efectividad pudiera ser relativamente limitada para la protección de la demanda en el corto plazo, acaben generando efectos indeseados significativos que dificulten el funcionamiento del mercado de alquiler a medio y largo plazo”. No cita ninguna, pero el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, había puesto en duda los incentivos fiscales a la vivienda. Y la advertencia llega en un contexto de discrepancias en el seno del Gobierno de coalición a cuenta del bono de alquiler joven, que algunos expertos consideran inflacionista.