La cuestión ahora es investigar cómo llegó ese correo electrónico, que sólo tenía la Fiscalía, hasta los periodistas que lo publicaron. Evidentemente el camino está lleno de obstáculos porque topará con el secreto profesional de los periodistas y con el de algunos abogados
Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho”
Hay columnas que no son gratas de escribir y esta es una de ellas.
El Tribunal Supremo ha abierto una inaudita investigación penal contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. No quedaba otra. Así que ni lawfare ni farfollas: hay un asunto turbio que afecta directamente a una comunicación reservada abogado-cliente que perjudica al derecho de defensa de un ciudadano. Que da igual quién coño sea el ciudadano. Que esto no va de la pareja de Ayuso, de Ayuso y del Gobierno socialista. Esto va de lo que va. Para mí no es una batalla política sino una batalla sobre los límites. La democracia está hecha de límites y de la prohibición de la vulneración de derechos, también y sobre todo para la Fiscalía General del Estado y quienes la representan.
Según el auto del Tribunal Supremo suscrito por unanimidad –del que ha sido ponente una magistrada progresista a la que se llegó a proponer por este sector para presidir el propio TS– lo que se investiga no es si la nota de prensa podía haber vulnerado los derechos del denunciado; lo que se discute es si fue el fiscal General del Estado el que filtró a los periodistas la información que luego le permitió elaborar la nota de prensa y si fue así como se vulneraron esos derechos. El delito –si lo hay, solo si queda acreditado en la investigación– es la filtración del reconocimiento de la culpabilidad hecho por el abogado cuando buscaba el acuerdo. Yo ya expliqué en otra columna –Retrato de fiscal en blanco y negro– que hacer pública una frase de reconocimiento de culpabilidad escrita por un abogado, torpe a tope pero abogado, para comunicarse con un fiscal ponía en riesgo el derecho de defensa.
La Fiscalía siempre alegó que la nota de prensa no vulneró secreto alguno porque los medios ya lo habían difundido antes. Eso no explicaba nada puesto que sólo podía haber dos orígenes de la filtración previa: el propio interesado o los fiscales. Desestimando que el propio investigado se hubiera apuntado al pecho, sólo quedan los fiscales y eso es lo que dice el auto del Supremo. Por otra parte, la envolvente de filtrar algo para luego recogerlo en una nota es muy sencilla, sobre todo cuando hasta el jefe de Prensa de la Fiscalía de Madrid te ha dicho ya que no piensa enviar la nota que se le da redactada y que has ordenado enviar esa misma noche.
No es un tema baladí. El derecho de defensa es un pilar del Estado de Derecho; vulnerarlo, a través de la vulneración del secreto de los abogados, es una falta muy grave, tanto que le costó la carrera a Baltasar Garzón por las escuchas en prisión al abogado Choclán mientras comunicaba con su cliente. En esta ocasión han sido también los abogados, a través de su organización colegial, los que presentaron querella ante un juzgado que decidió hacer una exposición razonada al Supremo, dado el aforamiento de Alvaro García. Limitarlo y desprestigiarlo por el resto de querellas de organizaciones más o menos deleznables, que también están acumuladas, es desviar los tiros. Les reto a encontrar un letrado que aplauda la difusión de ese correo entre abogado y fiscal.
La cuestión ahora es investigar cómo llegó ese correo electrónico, que sólo tenía la Fiscalía, hasta los periodistas que lo publicaron. Evidentemente el camino está lleno de obstáculos porque topará con el secreto profesional de los periodistas y con el de algunos abogados. Por eso, si no se puede probar el camino que tomaron los pantallazos del correo, se sobreseerá y no se incoará procedimiento abreviado, pero investigar hay que investigarlo. Las declaraciones han dejado claro el recorrido seguido por el correo reservado desde su primitivo guardián, el fiscal madrileño de Delitos Económicos, hasta el fiscal general de Estado. Lo que el Supremo buscará ahora es el recorrido desde los fiscales a los periodistas, dado que ha establecido en esa autoría la del delito de revelación del que considera que existen los elementos del tipo: la autoridad que podía cometerlos y el perjuicio del derecho de defensa. Ni siquiera el tribunal sabe si el recorrido fue directo o hubo intermediarios y, la verdad, pensar que la información viajó de Fortuny a cierto despacho de Moncloa y de ahí a los periodistas da vértigo pero tampoco se desestima.
Así las cosas, por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado está imputado por un delito penado con más de cuatro años de prisión. ¿Debe acometer su defensa desde su puesto o debe abandonarlo para defenderse sin implicar a la institución? Es un tema delicado, dado que desde la institución puede dar órdenes a los fiscales que tengan que intervenir en su propia causa. En todo caso el legislador nunca pensó que el jefe de los defensores de la legalidad acabara imputado por vulnerarla, de modo que no hay nada previsto, aunque la lógica deja vislumbrar inmediatamente la respuesta.
Siento decirlo, porque conozco a Álvaro García bastante más que la mayoría de mis lectores, pero esta decisión –y ese “perdemos el relato”– fue una cagada de gran calibre por parte de la cabeza visible de una institución que debería haber sabido estar por encima del bien y del mal. ¿Qué coño, y perdonen, le importa a la Fiscalía el relato? ¿Desde cuándo la Fiscalía desmiente bulos con nocturnidad y alevosía? ¿No es más cierto que era el Gobierno el interesado en cargar las tintas sobre la culpabilidad del entorno de Ayuso? ¿Saben cuántas inexactitudes o malevolencias se publican sobre procedimientos de la fiscalía o judiciales que están secretos? Los que hemos trabajado como directores de comunicación de jueces y fiscales sabemos que no es misión ni costumbre ni hay ninguna necesidad de salir al paso de informaciones publicadas por muy inexactas que sean y, en todo caso, se desmiente y nada más. Si algo debe saber hacer el titular de un puesto como el de fiscal general es estar por encima del bien y del mal, no perder los nervios, no seguir instrucciones y poner la dignidad de la institución y la suya propia por encima de cualquier otra consideración. Esa noche se perdieron los nervios, se siguieron indicaciones y presiones y se olvidó que la dignidad de la institución es lo primordial, porque las personas pasan pero la institución queda y es imprescindible.
Tiempos salvajes. Todo esto que les digo ya se lo dije a Álvaro García Ortíz en persona. Nunca he tenido otra opinión. Al Supremo no le queda otra que investigar este asunto que, se diga lo que se diga, es grave. Esto no va de Ayuso, del Gobierno o de la pelea mediática. Esto va de la democracia, de los derechos, de los controles y de que la ley es igual para todos.
Y eso importa más que el relato de nadie.