No cabía esperar otra cosa de la Sala Segunda del Supremo

Si el Tribunal Supremo estaba dispuesto a hacer lo que ha hecho con la ley de amnistía, si estaba dispuesto a participar en la operación política de hacer descarrilar la legislatura y forzar la convocatoria de elecciones, pocas dudas cabían de que admitiría a trámite la querella contra el fiscal general, aunque tampoco en este caso cuente con la fundamentación jurídica exigible

Después de la parcialidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) en la aplicación de la ley de amnistía, no se podía esperar algo distinto a la admisión a trámite de la querella contra el fiscal general del Estado que se ha conocido este miércoles.

La ley de amnistía ha sido el eje en torno al cual ha girado hasta el momento la presente legislatura. Sin el compromiso de la aprobación de dicha ley, no se hubiera podido investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y se hubieran tenido que convocar nuevas elecciones. De ahí la complejidad del proceso de aprobación parlamentaria de la ley.

Una vez aprobada por las Cortes Generales, la ley tiene que ser aplicada por los jueces y tribunales a los casos cuyo fallo dependa de la validez de dicha ley. De entre todos los órganos judiciales que puedan tener que aplicar la ley, destaca sobremanera el Tribunal Supremo, que, en mi opinión, ha cometido una auténtica aberración constitucional a la hora de aplicar la norma.

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