Casi siete millones de euros de la herencia acabaron en la Fundación Gozalbo Marqués, creada por la fallecida, y la mayoria de patronos de la entidad se embolsó 650.000 euros por cabeza
María Teresa M. J., viuda del prestigioso abogado valenciano Luis G. J., estampó su huella dactilar en un testamento el 24 de agosto de 2012, mientras reposaba en la habitación de un hospital privado de Alzira. Más de la mitad de su patrimonio, valorado en un total de 12,1 millones de euros, fue a parar directamente a una fundación católica presidida por un general retirado del Ejército español y en cuyo patronato figura también un sacerdote. La mujer, de 80 años y oriunda de Gandia, había sufrido un mes antes de firmar el testamento dos accidentes cerebrovasculares que le causaron una grave alteración multifactorial. “No tenía capacidad de respuesta en absoluto, no hablaba, no respondía a estímulos, el estado era catatónico”, relató Manuel M. P., familiar en quinto grado que se crió con la mujer prácticamente como si fueran primos. La anciana sufría un “deterioro gravísimo a nivel cognitivo” y no tenía “capacidad para otorgar” testamento “ni para resolver problemas matemáticos sencillísimos que resolvería un niño de seis años”, según Pedro D. S. J., entonces director clínico del servicio de daño cerebral del Hospital de Aigües Vives de Alzira (València), un conocido centro especializado en este tipo de pacientes. María José F. V., la notaria que acudió al hospital para dar fe, hizo constar que la firma del testamento se había producido en su despacho profesional. El documento también indicaba: “Tiene a mi juicio la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de su testamento (…)”. Ante el “trajín” de personas que circulaban por el hospital, el director clínico del centro puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía por recomendación de un amigo juez. Más tarde, el primo lejano de la mujer denunció el testamento.
“Es la única vez que me ha pasado en mi vida, en 30 años de trabajo”, afirmó el antiguo director clínico del servicio de daño cerebral de Aigües Vives durante la sesión dedicada a las declaraciones de testigos del juicio oral por estos hechos, celebrada este jueves ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València. “Pensé, Dios mío, cómo va a firmar una señora así, sin capacidad alguna, en notaría”, exclamó el neuropsicólogo.
La Fiscalía pide una pena de cinco años de prisión para la notaria por un supuesto delito continuado de falsedad de documento público en concepto de autora, además de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de fedataria durante un lustro. Los beneficiarios del testamento figuran como partícipes a título lucrativo y la Fiscalía pide que restauren la “masa hereditaria” conjunta y solidariamente.