El auto del TSJM no hace sino desmontar en términos racionales un relato que no se sostiene en términos jurídicos y que, yendo al fondo, tampoco sé si tenía mucho sentido defender en términos comunicativos
El abogado que, defendiendo una causa, entra en abierta polémica con el juez comete la misma imperdonable imprudencia del alumno que en pleno examen discute con el profesor»
Una de las cosas que produce paz de espíritu en los días actuales es la lectura de resoluciones judiciales en las que, como es de esperar, prima el análisis racional de la realidad. Ante la Justicia no hay “relatos” que valgan ni “batallas culturales” ni “argumentarios” sino un ejercicio del bisturí de la racionalidad que, créanme, es un refugio en tiempos de verdades escurridizas. No hay nada mejor para desarmar los bulos y las interpretaciones sesgadas que una resolución judicial basada en las reglas de la razón y en las normas lógicas del Derecho.
Por ese motivo no es nunca buena idea llevar pseudoargumentos, relatos de conveniencia o argumentaciones puramente políticas a ser contrastadas ante la racionalidad de un tribunal. Es absurdo pretender que un par de ideas que se pueden sostener ante los micrófonos, para dar titulares, como arma que blandir en la diaria brega política, puedan derivar en una acción ante la justicia que prospere. Por ese motivo pude afirmar ya en el mes de julio que la querella presentada por Pedro Sánchez-Castejón contra un juez por prevaricación no tenía ninguna probabilidad de ser admitida. Y les avanzaba también que no sería por ninguna conspiración sino porque carecía de cualquier sentido jurídico y respondía a una estrategia pésima. Si yo, aprendiz perpetua, fui capaz de determinar lo que jurídicamente se caía por su propio peso, piensen en cuantos técnicos y magníficos juristas que rodean al actual presidente del Gobierno pudieron habérselo dicho; lo que incluye a los magníficos profesionales de la Abogacía del Estado. Lo que tiene aventar a todo el que se atreve a decirte la verdad de tu lado, es que te quedas ayuno de ayuda real. En su tiempo esto se llamó el Síndrome de la Moncloa pero puede que sea el síndrome previo de los que llegan a habitarla, a saber.
El auto del TSJM no hace sino desmontar en términos racionales un relato que no se sostiene en términos jurídicos y que, yendo al fondo, tampoco sé si tenía mucho sentido defender en términos comunicativos. Por el camino, la abogada del Estado que ha aceptado el papel de seguir las indicaciones de su cliente, en vez de asesorarle, ha sido revolcada con todas las de la ley. Perdonen el juego de palabras. El relato se derrumba y debería haber sido capaz de anticipar este resultado con profesionalidad y evitarle a su cliente -que tampoco está claro que lo fuera- un varapalo adicional que es peor que haber asumido que se testifica como diga el juez con una sonrisa y se acabó el problema. ¿Qué mal que no fuera egótico se derivaba de haber colaborado simplemente? No sé, eran las mismas fechas en las que Biden acompañaba a su hijo a sentarse frente a un tribunal.
El primer fallo de la estrategia y del relato consistía en demonizar a un juez concreto por tierra, mar y aire, documentación y, finalmente, por escrito de querella. Como bien dice el tribunal esto queda tan claro que, en realidad, la Abogacía del Estado olvidó querellarse contra el juez Carlos Valle que es quién, recibida la extraña misiva remitida por el testigo Sánchez, confirma y ratifica que la declaración se produzca en Moncloa. Los magistrados ven ahí un “prejuicio”: “No es razonable establecer de facto que la primera resolución (la de Peinado) es prevaricadora y la segunda (la de Valle) no”. Es una cosa de cajón y es una decisión que la Abogacía adopta no por lógica jurídica sino “sin objetivación alguna” y “sobre la base de un prejuicio”. El establecido por el relato, habría que añadir.
El segundo revolcón viene a cuento de que se esté defendiendo con la querella “el descrédito gratuito a la institución” de la Presidencia del Gobierno. Un mínimo de objetividad dejaba ver que, como afirman los jueces, no se argumenta, porque no se puede, en qué se desmerece a la institución por tomar declaración en persona. Sólo si confundes al individuo que ocupa en ese momento la representación institucional y la propia institución puedes tener tal confusión y sólo a él y a su entorno le cupo confundir la parte con el todo. “La querella carece del suficiente desarrollo, ya sea indiciario, de cual ha sido perjuicio infligido a la institución”. De ahí la crítica pública a la utilización de la Abogacía que lo es del Estado y no del Gobierno y menos de la persona de su titular.
La tercera pata del relato que no ha podido triunfar es la de la “inescindible condición” de presidente de Gobierno de la de esposo de Begoña Gómez. Cierto es, y lo dicen los jueces, que un presidente lo es las 24 horas del día pero también la razón nos apunta que eso no significa que todos sus actos lo sean en tanto que presidente. Sánchez no duerme como presidente ni corre como presidente ni acaricia a sus retoños ni se ducha como presidente sino como individuo, lo que no empece para que sea presidente cuando corre, cuando se ducha, cuando acaricia a sus hijos o cuando duerme. Es de cajón. “No cabe aceptar la afirmación casi tautológica de la Abogacía de la inescindibilidad de la condición de presidente del Gobierno y que, por tanto, solo pueda ser llamado como testigo en tal condición”.
El cuarto reproche se refiere a las quejas porque la declaración se grabara, como se hace siempre, y se hiciera llegar a las partes como es obligatorio por ley. Algo que cualquiera con un mínimo conocimiento en Derecho, máxime una abogada del Estado, tenía que conocer y así se lo manifiestan en el auto, como si a un niño le explicaran el abecedario.
Así que la querella era “especulativa”, “destilaba prejuicios”, “tergiversaba” el fin lícito y lo “disfrazaba” para la justificación que esgrime. Justo lo que se podría predicar de cualquier relato político al uso, del que usan y abusan sus protagonistas, como si los politólogos con tal descubrimiento hubieran masacrado cualquier atisbo de racionalidad. La Abogacía del Estado, en la persona concreta de su representante, asume la postura del presidente del Gobierno “negando todo espacio al debate jurídico procesal”. Pues con eso ya estaría.
La Justicia no es lugar para “relatos” y, por eso mismo, no tiene sentido que los representantes de la misma se esfuercen por “ganarlos o perderlos” porque es algo que no va con ellos. Toda esta mala estrategia procesal y comunicativa estaba desde el inicio a la vista de cualquiera que no se deje llevar por las emociones, por los deseos o por las simpatías. Si desde un principio se hubiera elegido la calma, la colaboración, el estudio técnico y procesal de la situación, si se hubiera optado por no convertir la cuestión en una batalla, este varapalo, que lo es, no hubiera tenido lugar. Si se hubiera hecho lo mismo la noche de las llamadas y del partido del Atleti, seguramente el otro varapalo tampoco. El relato, de servir para algo, sirve para el ring político, para estorbar a los adversarios y para engatusar un poco a los votantes distraídos; sacarlo de ahí es un suicidio.
Lean a Calamandrei y no lo resuelvan todo diciendo que el maestro les tiene manía.