La Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Comillas constata que en 2023 la pobreza energética “no desaparece, sino más bien se consolida”; sus expertos piden un “mejor diseño” de los descuentos
Casi el 80% de los posibles beneficiarios del bono social eléctrico no lo reciben
La pobreza energética apunta a un descenso este año tras un 2023 en el que algunos indicadores marcaron máximos, y con los bonos sociales como “salvavidas” para los hogares vulnerables que pudieron disfrutar de estos descuentos, que requieren de un mejor diseño. Son algunas de las ideas lanzadas este martes por los responsables de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, durante la presentación en Madrid de su informe anual de indicadores.
José Carlos Romero, coordinador de la cátedra, ha señalado que, con los datos de 2023, último ejercicio con datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), el problema de la pobreza energética, los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades básicas en el suministro de energía (para calefacción, refrigeración, suministro de electrodomésticos) por tener un nivel de ingresos bajos y/o disponer de una vivienda ineficiente “no desaparece, sino más bien se consolida”.
Sin embargo, para este año 2024 el escenario es “más favorable”, ha explicado Romero. “Ha sido un año de precios mucho más benignos y debería reflejarse porque ninguna medida del escudo social ha entrado en cuestión”.
El refuerzo de los descuentos en la tarifa de la luz y el gas que se lanzó con la pandemia y se ha ido prorrogando sucesivamente ha empezado a aflojar solo ahora, este mes de octubre. Este mes el descuento para los consumidores vulnerables ha pasado del 65% al 57,5% y para los vulnerables severos ha pasado del 80% al 72,5%, A partir de enero está previsto que estos porcentajes pasen a ser del 50% y el 65%, respectivamente.
Con la estrategia contra la pobreza energética del Ministerio para la Transición Ecológica pendiente de renovación para 2025, Romero ha señalado que “un mejor diseño del bono en su conjunto” ayudaría a paliar este problema. Porque los bonos funcionan: en palabras de Roberto Barrella, investigador de la cátedra, “al menos a corto plazo” son “una medida que funciona como escudo social”.
Así, para los hogares en los deciles más bajos de renta, la pobreza energética se redujo un 10% el año pasado gracias a estos descuentos. El problema es que estamos “muy lejos” de que las ayudas las reciban todos los posibles beneficiarios: un 80% se queda fuera, como refleja un reciente informe de EsadeEcPol. Mientras, muchas familias numerosas de renta alta disfrutan del bono.
El último informe de Comillas, que ya va por su cuarta edición, se refiere a 2023, ejercicio que supuso el comienzo del fin de la crisis inflacionista y de precios de la energía. El estudio bebe de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y la de Presupuestos Familiares (EPF) que elabora el INE.
Refleja que el año pasado se produjo un máximo histórico del porcentaje de hogares que destinan un gasto desproporcionado a energía, con un 17%, dos décimas más que en 2022, pese al abaratamiento de los precios y la subida de los ingresos de los hogares. El indicador de gasto insuficiente (hogares que gastan muy poco con respecto a lo que deberían), se situó en el 12,53%, el nivel más alto desde que se empezó a medir. El gasto energético de los hogares bajó de forma generalizada. La mediana fue de 662 euros, frente a 763 euros en 2022.
La pobreza energética oculta, aquellas personas que reducen su consumo energético por debajo del requerido por no disponer de recursos para cubrirlo, “sigue en niveles elevados”, pero baja del 30,9% al 28,6%. La “severa” también descendió del 10,6% al 9,3%. En este apartado Extremadura está a la cabeza, por la combinación entre baja renta y alta necesidad de calentar y refrigerar los hogares en esta comunidad autónoma.
El número de hogares que no pudieron mantener una temperatura adecuada durante el invierno creció hasta el 20,7% en 2023. Pero, según Barrella, hay que “tener cuidado” con este dato, muy alto. Probablemente estuvo influenciado por un cambio metodológico de la ECV en la fecha de recogida de la información: se preguntó en invierno, y en concreto en febrero de 2023, con los precios todavía muy altos, cuando en otros años se hacía en primavera o verano.
Y también hay que tener cautela con los “posibles efectos” del indicador de retraso en el pago de facturas. Se situó en el 9,6% en 2023. Y, como ha subrayado Barrella, la moratoria que puso en marcha el Gobierno con el denominado escudo social va a dejar de estar vigente, en principio, a final de año.
El investigador de esta cátedra, que patrocinan la Fundación Naturgy, Endesa y EdP, ha instado también a “prestar especial atención”, en un contexto de cambio climático y calentamiento, al dato de un 33,7% de hogares que dicen que su vivienda no tiene una temperatura suficientemente fresca durante el verano.