Díaz Ayuso anuncia que España «ya es un Estado policial» en la semana en que la jueza acepta investigar a su novio por sus negocios con el Grupo Quirón. En su versión más antisistema, afirma que la Policía actúa fuera de los límites del Estado de Derecho
Ayuso asegura que “la montaña de corrupción” del PSOE “es tan grande” que “un hilo dental” como el que intentó desgravarse su pareja “no la va a tapar”
Ya no tiene tanta gracia decir ‘pa’lante’ cuando el que está sudando es tu novio. O cuando los demás hacen contigo lo mismo que tú llevas tiempo haciendo a tus adversarios políticos. Es más complicado presentarse como víctima si la gente piensa en ti viviendo en un piso de un millón de euros o subida a un Maserati junto a un comisionista que luce un Rolex que ha intentado colar como gasto desgravable. Tus compañeros de partido no te ven igual después de que hayas dicho que no vas a la Moncloa porque no quieres “blanquear” a Pedro Sánchez, con lo que les estás acusando de hacer precisamente eso.
Aquel al que le gusta amenazar lo pasa mal cuando él es el amenazado. El doctor Feijóo ya tiene un diagnóstico sobre el estado de la paciente. Isabel Díaz Ayuso no se reunirá con el presidente porque está muy afectada por los ataques que recibe. “Cómo no voy a entender que cualquier persona con estas condiciones simplemente desde el punto de vista anímico no está en condiciones”, dijo el miércoles con su alambicada retórica de costumbre. Al menos, no anunció que ella se va a tomar cinco días de asuntos propios para reflexionar sobre su situación personal.
Llamó la atención que Feijóo se mostrara comprensivo de esa manera. Pareció un poco condescendiente, pero Ayuso siempre ha sabido defenderse por sí misma y no se entiende que ahora el líder del PP afirme que ha llegado a su límite. En el pleno de la Asamblea de Madrid del jueves, no se la vio en plenitud de facultades. En circunstancias similares, habría lanzado una tormenta despiadada de ataques contra las críticas de la oposición a cuenta de los negocios del novio.
“¿Cómo hay que llamar a una persona que ha admitido por escrito que ciertamente se cometieron delitos? Delincuente, no le gusta. ¿Prefiere defraudador? ¿Moroso fiscal? ¿Estafador quizás?”, le preguntó Manuela Bergerot, de Más Madrid. En televisión, Bergerot ya había respondido antes a esas alternativas: “El novio de la presidenta es un delincuente, él mismo lo ha confesado”.
La respuesta de Alberto González Amador ha sido presentar una demanda contra la líder de Más Madrid y exigirle una rectificación, porque de lo contrario exigirá una indemnización de 20.000 euros en concepto de “daños morales”.
Debe de tener la moral hecha polvo. Ya son nueve las demandas que ha presentado, incluida una contra Sánchez, contra todos aquellos que han recordado que su abogado admitió en una comunicación con el fiscal que su cliente había cometido dos delitos fiscales por una deuda con Hacienda de 350.000 euros. No se le puede negar que ganar dinero con demandas por el derecho al honor sí es legal.
Manuela Bergerot en el pleno de la Asamblea de Madrid el jueves.
Amador y su novia se encuentran ante un problema legal con el que no contaban. La jueza había desestimado la petición del PSOE y Más Madrid de ampliar la investigación de los delitos fiscales a sus negocios con la empresa sanitaria Quirón, pero esta semana ha rectificado y ha abierto una pieza separada. El Grupo Quirón ha recibido adjudicaciones por el gobierno madrileño por un valor de cientos de millones.
La nueva vía de investigación puede afectar al presidente de una filial de Quirón que está en el consejo de administración de la compañía con la que Amador obtuvo dos millones de euros de comisión por una venta de mascarillas. El problema no sería solo no haber declarado todos esos ingresos a Hacienda, sino cómo los obtuvo.
Todo empezó a torcerse para Díaz Ayuso cuando decidió aplicar su manual de combate a las primeras informaciones de este diario sobre los presuntos delitos fiscales de su pareja. En vez de circunscribirlo a sus responsabilidades como contribuyente, se convirtió en su principal abogada defensora. Afirmó en una rueda de prensa en Leganés en marzo que se estaba utilizando “todo el poder del Estado” contra Amador y pretendió darle la vuelta a toda la historia. Era Hacienda la que debía dinero a Amador, no al revés, dijo.
Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, se ocupó de amenazar a los medios de comunicación que informaron del caso. También puso en circulación el bulo de que el fiscal había ofrecido a Amador un pacto para cerrar el caso, pero se echó atrás por “órdenes de arriba”. Lo hizo el mismo día en que Ayuso daba la rueda de prensa de Leganés. La información era falsa, lo que no impidió que apareciera en varios medios.
Ayuso no deja de llamar a su pareja “ciudadano particular” –lo hizo también este jueves– y, sin embargo, ella fue la que quiso asumir la defensa política de sus intereses personales desde el primer momento. La oposición le tomó la palabra inmediatamente. Desde entonces, la presidenta madrileña no ha dejado de insistir en que investigan a su novio porque es su novio.
“Todo lo que está pasando obedece a una cacería política”, ha dicho Ayuso. Es lo mismo que afirman Sánchez y sus ministros sobre el caso de Begoña Gómez. Los socialistas acaban de encajar tres derrotas jurídicas con la decisión de la Audiencia de Madrid de permitir al juez Peinado que continúe con sus investigaciones y el rechazo del TSJ de Madrid a aceptar las querellas por prevaricación presentadas por Sánchez como presidente del Gobierno y por su esposa a título particular.
Ayuso no ha dicho su última palabra. De hecho, continúa en su empeño de sostener que España no es realmente una democracia, una idea tan solvente como cuando dice que “ETA está más fuerte que nunca”. Esta semana, ha subido el nivel de alarma hasta afirmar que “España ya es un Estado policial”. Le parece muy mal que se conozca que su novio intentó desgravar gastos personales como la compra de un Rolex y la reparación del Porsche a través de su empresa. La Ayuso más ‘borroka’ y antisistema afirmó en una entrega de premios que la policía actúa con frecuencia “fuera de los límites del Estado de Derecho” y presentó como ejemplos “prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social”.
La verdad es que si España fuera un Estado policial, ella no sería presidenta de Madrid y el Partido Popular no gobernaría en 13 comunidades autónomas. Es indudable que su amor por Amador es mucho más grande que sus conocimientos sobre dictaduras.