¿Qué hacemos con la educación concertada? Un modelo peor financiado, pero que segrega con dinero público

En algún momento hay que abrir el melón. El Gobierno ha generado una buena polémica estos días con la idea de estudiar el coste de la plaza escolar en la educación para, si fuera luego necesario, “actualizar” lo que le paga a este modelo educativo atascado en una eterna polémica por su menor financiación respecto de la pública, que deriva en que acaba incumpliendo su obligación de ofrecer un servicio gratuito y equitativo.

Porque casi 40 años después de que Felipe González instaurara la escuela concertada, España no ha acabado de resolver el encaje y funcionamiento de los centros privados subvencionados como parte del servicio público. “Resolver” en el sentido de eliminarla una vez desaparecida la necesidad de plazas que en los años 80 del siglo pasado la hizo existir, defienden muchos; o resolver en el sentido de financiarla en igualdad de condiciones que la pública para –teóricamente– acabar con la segregación. Lo primero no parece que vaya a suceder en el corto plazo. Lo segundo ahonda en algo que ya viene sucediendo de manera soterrada: el módulo que se le paga a la concertada sube algo casi cada año.

Varios elementos distorsionan la prestación de este servicio, que se supone (por ley) debería ofrecerse en las mismas condiciones que el público. No pasa, y básicamente toda la problemática gira en torno a la financiación y los efectos que tiene sobre el sistema. La escuela concertada recibe menos dinero, proporcionalmente, que la pública. Son datos objetivos a partir de la estadística oficial de contabilidad.

Pero la escuela concertada también segrega con dinero público. Esto no son datos oficiales porque el INE no mide la segregación, pero diversos estudios científicos coinciden en señalarlo. Como no tienen fondos suficientes se ven obligados a cobrar cuotas mensuales a las familias, impidiendo de facto el acceso a las más humildes, que no se pueden permitir los pagos. Save the Children dice que el español es el sistema que más segrega de Europa: los ricos con los ricos, los pobres con los pobres.

La patronal de la escuela concertada se mueve entre negar que cobren cuotas ilegales y admitir que hay pagos mensuales (voluntarios, defienden) que se explican a partir de la infrafinanciación. “Todos los centros concertados cumplen estrictamente con dicha normativa [sobre igualdad de acceso] a través de las plataformas digitales creadas por las Administraciones educativas competentes, y rechazamos cualquier práctica que implique segregación o discriminación de los estudiantes”, aseguran desde Escuelas Católicas, la patronal de la Iglesia que agrupa a la mayoría de las escuelas concertadas del país. “Además, consideramos que las conclusiones que se resaltan en ciertos informes sobre el cobro generalizado de cuotas ilegales en la educación concertada son sesgadas y no reflejan la realidad de nuestro modelo educativo”, añaden.

“El resto, lo tienen que pagar las familias”

Carlos Camí, presidente de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña, admite que “como el concierto solo cubre una parte del coste real, que históricamente ha estado entre el 60-65%, el resto lo tienen que pagar las familias”, y admite que esa cuota “no deja de ser una barrera para las familias que no pueden afrontarla”. Si no existiera, si se financia adecuadamente, no habrá segregación, asegura.

No todos comparten esta visión. Adrián Zancajo es investigador del departamento de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los autores del estudio La educación concertada en España. Reformas clave de equidad desde una perspectiva internacional, de la Fundació Bofill.: “La financiación por sí misma no garantiza el fin de la segregación”. “Es parte de la segregación, pero hay un hecho contrafactual que es el ejemplo de países como Bélgica o los Países Bajos, donde la escuela concertada tiene una buena financiación, pero también hay una gran segregación”, añade. Su colega Xavier Bonal, catedrático de Sociología también en la UAB, se muestra igual de categórico: “En absoluto. La segregación no concluye con la financiación, se acaba con políticas”, sostiene. Como está intentando Catalunya desde hace unos años.

Los dos investigadores también destacan que el asunto de la concertada realmente no atañe a todo el país ni es igual en las diferentes comunidades. “Hablamos de un problema que se concentra en la Comunidad de Madrid, País Vasco, Catalunya y un poco de Andalucía. Cada una tiene su lógica: En Catalunya existen los dos extremos: bastantes centros infrafinanciados y cercanos al servicio público y un sector notable de muy sobrefinanciados. En el País Vasco hay en general una muy buena financiación y las cuotas responden a oferta de actividades no obligatorias. En Madrid el modelo está más orientado al negocio”, explica Bonal.

“Actualizar los módulos”

El Gobierno ha levantado un polvorín estos días al deslizar que quiere estudiar el coste real del servicio (no hay datos oficiales sobre cuánto cuesta una plaza escolar) y, llegado el caso, actualizar el módulo –una especie de unidad a la que se le asigna una cantidad de dinero– que paga a los centros privados por cada aula concertada. Si “actualiza” los módulos, dada la situación objetiva respecto a la financiación, el único camino posible es hacia arriba. Pero el Ministerio de Educación no admite abiertamente que pretenda subir la cuantía del módulo y se limita a explicar que va a actualizar los salarios del profesorado de estos centros un 2% (esos sueldos los abona el Estado), igual que hará con los funcionarios de la pública.

Pese a la agitación que ha levantado este supuesto movimiento del Gobierno y más allá del análisis político que se quiera hacer, Educación no estaría haciendo nada que no hubiera anunciado. La primera parte (estudiar el coste real de las plazas) la exige la Lomloe, una ley aprobada por una versión anterior de este mismo Gobierno con el voto positivo de Podemos, Más País o ERC, entre otros partidos. Ahora Sumar también se echa las manos a la cabeza porque el Gobierno parezca pretender subir los módulos, pese a que es una medida que el partido de Yolanda Díaz validó en el acuerdo de Gobierno que firmó con el PSOE.

“Combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”, dice el texto.

La foto fija

La patronal de la concertada suele afirmar que el módulo que recibe por aula concertada está “obsoleto”. Entre 1990 y 2024 la cuantía mínima de Infantil/Primaria ha pasado de 3,5 millones de pesetas (21.000 euros) por aula a 43.069 euros. En Secundaria, la evolución ha ido de los 4,7 millones de pesetas (28.300 euros) de hace 34 años a los 70.530 que figura en las cuentas de 2024. Es una subida aproximada del 100% en estos 34 años, mientras el IPC lo ha hecho en un 150%, según el INE. También es cierto que esas cantidades son las mínimas que establece el Gobierno central: muchas comunidades complementan las partidas.

En términos individuales (un dato que muchos expertos consideran engañoso en la educación) un estudiante de una escuela concertada le cuesta al estado 3.655 euros al año (otra cosa es lo que pague su familia en cuotas). Un alumno matriculado en un centro público asciende a 6.742. Son cifras oficiales, objetivas, extraídas de la simple cuenta de dividir la inversión pública en cada red entre el número de alumnos; pero también son datos fríos, sin los matices necesarios para entender el fenómeno. Por ejemplo, la concertada no suele tener presencia en zonas rurales, donde la prestación del servicio es más cara al ser las escuelas más pequeñas, y además sus profesores imparten más horas lectivas, por lo que hacen falta menos profesionales para lo mismo que en la pública.

Pero no hay datos oficiales de cuánto cuesta prestar el servicio. Cuál es el coste de enseñar a un alumno por año. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) abordó el asunto en el que es el estudio más completo sobre la cuestión que se ha realizado en España. La Comisión de estudio del coste de la plaza escolar sitúa en ese informe el coste teórico en 4.973,63 euros por alumno en educación Infantil de segundo ciclo y Primaria (5.117,3 euros por alumno en el sector público y 4.659,6 euros por alumno en el sector concertado) y 6.100,1 euros por alumno en secundaria (6.579,99 euros por alumno en el sector público y 5.211,08 euros por alumno en el sector concertado). En ambos casos, explica Bonal, “había un déficit teórico en los dos sectores; en el concertado era mayor”.

Más estadística: aunque de manera lineal el módulo ha subido menos que la inflación, como se paga por unidad concertada y la educación privada subvencionada solo sube, el gasto total en esta partida también lo ha hecho. El Estado ha duplicado en 20 años los recursos dedicados a estos centros, para llegar en 2022 hasta los 7.495 millones de euros. La inversión en la pública también sube (aunque fue víctima de los recortes de la crisis de la década anterior) y alcanza los 37.500 millones de euros en ese mismo curso. Sube en términos absolutos, pero no tanto en relativos: era un 4,71% respecto al PIB en 2022, frente al 4,51% de diez años antes. El gasto público en educación supone un 9,9% del total que hace el Estado y era el 9,1% en 2012, siempre según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación del Ministerio.

“Es un buen momento”

Las informaciones aparecidas han puesto sobre la mesa el sempiterno debate sobre la concertada, un modelo en sí mismo no tan particular de España, aunque sí lo es su funcionamiento. Y lo hace en un momento especialmente relevante, tercia Bonal, porque la caída de la natalidad está reconfigurando la red de colegios y obligará a cerrar centros: habrá que elegir cuáles. Este fenómeno, del que nadie está a salvo, ya está sucediendo, pero afecta de manera diferente a las públicas y a las privadas subvencionadas: entre las primeras hay cierres; entre las segundas hay menos unidades, que significan aún menos financiación y, en último término, también algún cierre o el paso del centro a la red pública.

Hay quienes sostienen que la privada subvencionada es una anomalía. “La educación de titularidad y gestión pública es la única que garantiza el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia, la que más y mejor asegura la igualdad y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socioculturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y la cohesión social (…). Lo que se necesita es valentía y voluntad política para dejar de ser una anomalía en Europa donde la educación es fundamentalmente pública y avanzar de una vez por todas hacia el siglo XXI”, escribe Enrique Díez, profesor de la Universidad de León, una tribuna que muchos firmarían. Esta corriente defiende que no importa que la concertada le ahorre dinero al Estado –suponiendo que sea real, porque no ofrece el servicio allá donde es más caro– y que debe desaparecer.

La patronal concertada argumenta que sus centros garantizan la diversidad de la oferta formativa respecto al uniforme modelo público. “La educación concertada es un pilar esencial dentro del sistema educativo, y su correcta financiación y funcionamiento son imprescindibles para garantizar el acceso a una enseñanza equitativa y plural para todas las familias”, defiende Escuelas Católicas. “La concertada tiene una diversidad que la pública no ofrece. Hay centros religiosos, laicos…”, añade Camí. Es la consabida “libertad de elección” que, aseguran, consagra la Constitución en su artículo 27. Lo que no específica la Carta Magna es que esa libertad deba pagarse con fondos públicos: habla de “ayudar” a los centros que cumplan unos determinados requisitos.

Entre medias de ambas posturas se ubican perfiles como Bonal o Zancajo, que sitúan el debate en otro sitio: la regulación. “El modelo puede tener cabida porque la mayoría de los países lo tienen. Creo que la diferencia es cómo se regula ese sector, y eso marca el tamaño de la concertada”, sostiene el segundo. Coincide Bonal: “El debate es qué entendemos por interés público y cómo construimos un modelo de educación pública en el que puedan entrar proveedores privados, pero para prestar un servicio público”.

Porque, argumentan los investigadores, la anomalía es la escasa rendición de cuentas en lo referente a la matriculación de alumnado. “El problema es cómo regulamos. Y el peligro de mejorar la financiación sin abrir el otro debate es que se mejorará la financiación y se olvidará el otro porque no le interesa a nadie. Pero lo que no puede ser es que siga sin regularse lo que quiere decir tener un concierto público, como sucede en sanidad, donde si no cumplen se les quita el concierto”, reflexiona Zancajo. “Si tiene que haber un modelo de concertada, tiene que ir vinculado a unas obligaciones. También de transparencia financiera, pero un elemento básico es el porcentaje de alumnado vulnerable que matricula”.

“Plantear que te voy a cubrir el déficit [en alusión al Gobierno] y luego esperar que te comportes no me parece de recibo”, sostiene Bonal, que también diferencia entre escuelas concertadas. “Es un error tratar a la concertada como si fuera unitaria y toda vaya a reaccionar de igual manera ante esa disposición. Hay una escuela concertada cercana al sistema público, otra más próxima al negocio. Es necesaria una política de bisturí más que de brocha gorda”, opina.

Un informe de Esade en el que participó el catedrático sostiene que entre los colegios que cobran cuota, hay casos en los que es por mera supervivencia (un 25%, según el estudio), otros para pagar servicios que los conciertos no contemplan (30%) y un tercer grupo que sí responde a la idea más socialmente asentada respecto a estos pagos, los que cobran por diferenciarse del resto, cribar y/o aumentar sus beneficios económicos (15%). Esta investigación huía de la idea de una infrafinanciación extendida a todo el sector, ligaba la situación económica de los centros a su tamaño (más grande, mejor financiado) y sostenía que no en todos los casos está justificado el cobro de cuotas (desde la perspectiva patronal de su necesidad).

“Es evidente”, analiza el informe, “que los centros con peor financiación cobran cuotas y lo hacen en mayor magnitud con una finalidad de supervivencia económica. También puede desprenderse que aquellos centros con mejor financiación, y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios, o directamente, con el beneficio económico”.

El modelo catalán

Catalunya es, probablemente, la comunidad autónoma que más se preocupa por la situación e intenta corregir los desvíos que se producen. Hace unos años se firmó un pacto contra la segregación por el que la Generalitat se comprometía a mejorar la financiación de las escuelas concertadas si estas a cambio acogían a más alumnado vulnerable. El Govern paga unos 900 euros extra por estudiante con necesidades educativas especiales (NESE, en su acrónimo en catalán) matriculado a estos centros para equilibrar el reparto de alumnado. Está funcionando, valoran los expertos, aunque el grado de éxito depende de a quién se le pregunte.

“Hemos cumplido con la distribución del alumnado por igual”, asegura Camí, de una patronal catalana. “La escuela pública tiene un 14,2% de familias con necesidades educativas o vulnerables y la concertada el 14,1%. ”Es cierto también que en Catalunya se consiguió una partida importante en los gastos de funcionamiento en los presupuestos de 2022, pero falta todavía bastante para llegar a esta total gratuidad“, sostiene.

Zancajo matiza que ese análisis tiene letra pequeña que Camí omite. Explica el investigador que la catalogación de un alumno como con necesidades educativas especiales acoge dos grupos diferentes: los que tienen problemas psicológicos y/o físicos (NESE A) y los socioeconómicamente vulnerables (NESE B). Y que como entran todos en el mismo saco hay una apariencia de igualdad, pero realmente la concertada está matriculando una proporción significativamente menor de familias humildes, que son las que tienen un problema de segregación. Lo mismo sucede con los inmigrantes, matriculados mayoritariamente en la pública.

Pero el acuerdo también incluía una reserva de plazas en cada colegio para el alumnado NESE B equivalente a su presencia en el barrio de referencia de cada colegio, y se obliga a mantener esa reserva de plazas hasta septiembre. Esto ha provocado que en algunos colegios concertados elitistas la presencia de estos estudiantes NESE B alcanza el 40%, por ejemplo en el Carmel.